miércoles, 25 de marzo de 2015

FCE. UBA. Curso Actuación profesional en sociedades. Entidades sin fines de lucro.INTRODUCCION. FUNDACIONES. ASOCIACIONES CIVILES.


ACTUACION PROFESIONAL DEL CONTADOR EN SOCIEDADES

Dr. Horacio Miguel Calabró


Compilado de clases y bibliografía básica de apoyo para estudiantes de Ciencias Económicas UBA. Actualización 2015

Prohibida su copia o utilización con fines económicos no autorizados fuera del ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

El presente material se encuentra disponible con acceso gratuito en:

www.horaciocalabro.blogspot.com.ar



ADMINISTRACION DE ENTIDADES SOCIALES

PROGRAMA SINTETICO


……………………………………………………………………………


  • Primer Parcial:  4/mayo/2015


Qué significa “actuación profesional”

Introducción a las Entidades sin Fines de Lucro

Fundaciones

Asociaciones Civiles

Mutuales

Cooperativas

Simples Asociaciones.

Cámaras y Federaciones

Entidades de bien común del extranjero

Entidades Religiosas

Cooperadoras

Bibliotecas Populares

Otras entidades


…………………………………………………………………………..


  • Segundo Parcial:  22/junio/2015


Aspectos Jurídicos de las entidades sociales

Aspectos tributarios de las entidades sociales

Aspectos contables de las entidades sociales

Unidad de Información Financiera

Trabajos del Contador Público en las entidades sociales

   



…………………………………………………………………………..












QUE SIGNIFICA “ACTUACION PROFESIONAL”


A efectos de comenzar por precisar el título de esta materia y establecer qué es “actuación profesional” tenemos que analizar por lo menos los siguientes conceptos clave::  los roles posibles,  los atributos personales y herramientas a manejar, los sectores de la economía que demandan su trabajo y las responsabilidades principales desde el punto de vista legal y técnico.


1.- CARGO

El Contador Público puede asumir distintos roles dentro de una organización:

Empleado en relación de dependencia (Contador, Administrador, Gerente).

Síndico o Revisor de Cuentas

Auditor Externo,

Consultor , Asesor,

Efector de Servicios Externos

Trabajo individual o  asociado con otros profesionales integrando un Estudio.

Docente,   Capacitador, Investigador o Académico

Actuación Judicial:  perito de oficio, perito de parte, veedor, interventor, síndico en quiebras.

Funcionario de carrera o Cargo político en el Estado

Empresario, Accionista, Socio, Gerente o Director de Empresa Lucrativa

Autoridad Electiva de una Entidad sin fines de lucro



2.-  ATRIBUTOS


Título Profesional (graduación universitaria y registración en organismos).

Matriculación en uno o más Consejos Profesionales Provinciales.

Membresía en Entidades Profesionales y Académicas nacionales e internacionales.

Capacitación y actualización de postgrado permanente.

Informática: capacitación,  programas,  equipos y conectividad.

Asociatividad con otros profesionales en Ciencias Económicas.

Asociatividad con profesionales de otras disciplinas.

Contactos académicos, empresarios, políticos, económicos y sociales.

Atributos personales:  capacidad técnica,  planificación y organización del trabajo, 

Etica y Responsabilidad. 

Don de mando, Personalidad Proactiva.  Puntualidad y Concurrencia.. 

Eficacia (actuar y  resolver problemas) y Eficiencia (Optimizar los recursos disponibles).

Remuneración:  establecer el acuerdo contractual, la remuneración y los ajustes futuros.




3.-  RESPONSABILIDAD


Los principales aspectos a tener en cuenta relativos a la responsabilidad por la actuación profesional son:


Consejo Profesional:  ética y normas de actuación profesional.

Legislación penal general:  partícipe necesario,   balances falsos,  fraude.

Legislación penal tributaria.

Ley de prevención de lavado de activos.

Reglas del mandato del Código Civil. ■



4.- SECTORES


Podemos identificar tres grandes sectores de la producción de bienes y servicios donde los profesionales actúan con sus conocimientos administrativos, contables, tributarios, económicos, financieros, matemáticos y legales.


  • Primer Sector:  el Estado.


El Estado:  es el primer sector de la economía y se integra con el Estado Nacional,  los Estados Provinciales y los Municipios.  En cada una de estas grandes áreas operan organismos ejecutivos,  legislativos y judiciales.  Y las unidades de producción pueden ser Ministerios, Organismos Descentralizados,  Empresas Públicas,  Embajadas,  Entidades Educativas,  Servicios de Defensa y Seguridad (fuerzas armadas y policías), Agencias de recaudación y control,  y otro sinnúmero de organizaciones oficiales con presupuesto,  manejo de fondos y activos físicos,  personal,  pagos a proveedores,  contabilidad,  estados contables, análisis económico, oficinas de estadísticas y demás reportes profesionales.




  • Segundo Sector:  las Empresas Privadas.


El campo de actuación de empresas privadas lucrativas se integra con:  Empresas Multinacionales Extranjeras,  Grandes Empresas Nacionales,  Pequeñas y Medianas Empresas y Empresas Unipersonales. Industria, Comercio, Finanzas, Servicios y Explotaciones Agropecuarias son las actividades principales Además podemos agregar a Profesionales, Artesanos y Empleados que preferentemente necesitan asesoramiento y servicios tributarios.


  • Tercer Sector:  Entidades sin fines de lucro.


Este sector de la economía denominado “el sector social” en las últimas décadas ha crecido notoriamente con una paulatina profesionalización de sus elencos directivos, administrativos y de control.   Asociaciones,  Fundaciones, Cooperativas, Mutuales y otras entidades de bien común y sin propósito de lucro complementan al Estado en la tareas de beneficio público, educación, salud pública, defensa de derechos civiles y otros objetivos comunitarios y conforman un sector con características distintivas en las áreas legales,  administrativas y tributarias,  con lo cual merecen un tratamiento especial de la profesión.



ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. Conceptualización general.




Las organizaciones privadas no lucrativas de bien común integran lo que actualmente se denomina Tercer Sector de la Economía o Economía Social.


También son denominadas: ONG,  Entidades de Bien Común,  Organizaciones Sociales, Organizaciones de la Sociedad Civil,  Entidades Civiles.


Las dos características fundamentales y de fondo que deben participar de toda organización comunitaria son:


  • La entidad deberá tener como finalidad principal EL BIEN COMUN.
  • Sus operaciones económicas deberán ser SIN FINES DE LUCRO.



BIEN COMUN


El “Bien Común” es el bien de todos.


Es el conjunto de derechos civiles,  libertades,  recursos económicos y  formas de vida que la Sociedad en su conjunto determina que debe estar accesible a todos los habitantes para un época histórica determinada.


Esta forma de vida optimizada o bienestar general no es un concepto estático sino que va evolucionando a través del tiempo de acuerdo a los cambios ideológicos, culturales, políticos y económicos que se van operando en las comunidades.  Como ejemplo de este concepto podemos mencionar que actualmente se considera un derecho integrante del bien común el derecho a vivir en un ambiente sano y a defender los recursos naturales, lo cual ni siquiera era contemplado tangencialmente hace unas pocas décadas.  Otro ejemplo similar son los derechos del consumidor de muy reciente inclusión en las normativas legales.


El bien común es el mejoramiento de las formas de vida al que aspiran acceder todos los habitantes de una comunidad.    Para ello sus habitantes consagran al Estado como el principal protagonista del bienestar general.  Todas las acciones del gobierno, las leyes y los organismos oficiales deberán tener como objetivo el Bien Común,  el Bienestar General.


Los derechos que integran el Bien Común están consagrados en la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales suscriptos por el país,  las leyes y los reglamentos respectivos. 


Las organizaciones privadas de bien común complementan al Estado en las actividades tendientes a lograr el Bienestar General.  Es decir que todas las ONG deberán tener como objeto social y actividades principales,  finalidades de bien común.   Son autorizadas por el Estado para actuar como persona jurídica a fin de mejorar algún aspecto de la comunidad.


Seguramente como compensación de las enormes catástrofes sociales  que se han producido en la civilización humana, a lo largo de su historia el hombre también despliega sus atributos positivos relacionados con la solidaridad,  el bien de los demás,  el mejoramiento de la comunidad, etc.


Según Erich Fromm: “Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad.   Para el carácter productivo, dar posee un significado totalmente distinto: constituye la más alta expresión de potencia. En el acto mismo de dar, experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder.”


Esta característica solidaria del ser humano es una de las bases estructurales de las entidades de bien común que constituyen entidades sociales cuyo objetivo es organizar el trabajo asociado de los individuos para aportar al  bien común.


Remarcamos este concepto principal:  las entidades sin fines de lucro son instituciones privadas constituidas para organizar el trabajo asociado de los individuos para aportar al bien común.


SIN FINES DE LUCRO


Este concepto es inseparable del Bien Común.  


Lucro significa ganancia económica a ser distribuida directa o indirectamente entre los socios, propietarios o integrantes de una organización. 


Las ONG no deben tener como finalidad principal actividades lucrativas. 

Es decir: su actividad económica no puede tener como objetivo lograr utilidades para distribuirlas directa o indirectamente entre sus miembros.

Esto no significa que no puedan tener superavit en sus balances.  Muy por el contrario es necesario que las entidades sean exitosas económicamente por cuanto ello les asegura la supervivencia y la posibilidad de cumplir sus fines sociales.   Pero los excedentes o ganancias obtenidas deberán ser destinados en su totalidad a  la obtención de los fines comunitarios para los cuales fue creada la entidad. 

Nunca deben ser utilizados para distribuirlos entre sus asociados, integrantes o autoridades electivas. 

En las ONG no hay utilidad para distribuir entre los propietarios o asociados.  Hay superavit para ser reinvertido en las actividades de bien común para las cuales fue creada la entidad.


Asimismo los bienes recibidos de los asociados o terceros y los que la propia entidad adquiera con sus ingresos constituyen un Activo Comunitario.  Es decir que los activos son legalmente propiedad privada de las entidades  pero con el mandato de utilizarlos en los fines para los cuales fue creada y no pueden ser distribuidos a los asociados o integrantes con lo cual  estratégicamente pertenecen a la comunidad.  Esto se confirma cuando observamos que en caso de disolución para cualquier tipo de entidades sociales,  el remanente final de capital deberá ser entregado a una entidad de bien común prevista en los estatutos o directamente al Estado en caso de no haberse estipulado dicha previsión estatutaria.


Esto implica que los aportes de capital realizados nunca deberán ser devueltos a los asociados y los activos de la entidad sólo pueden ser utilizados para la consecución de los fines de la entidad y nunca asignados o distribuidos a sus integrantes.



REQUISITOS FORMALES


Las entidades para funcionar como tal deben constituirse en alguno de los tipos jurídicos existentes (Asociacion Civil, Fundación, Cooperativa, Mutual, etc) y obtener la autorización del Estado para funcionar (Personería Jurídica). 


Asimismo y durante toda su existencia también deben cumplir requisitos legales (asambleas, reuniones de autoridades, actas, presentar documentaciones en el organismo de control),  tributarias (inscripciones,  certificados de exención, presentación de declaraciones juradas, etc) y contables (libros rubricados,  contabilidad organizada y estados contables).


Constitucion como entidad social. Personería Jurídica.  Contabilidad organizada. Presentar información y balances a los organismos de control.  Cumplimiento tributario.




RESUMEN DE CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO.


Condiciones de fondo:


  • BIEN COMUN
  • SIN FINES DE LUCRO


Requisitos formales:


  • CONSTITUCION Y PERSONERIA JURIDICA
  • INSCRIPCION, EXENCION Y DDJJ  EN ORGANISMOS TRIBUTARIOS
  • PRESENTACIONES EN ORGANISMOS DE CONTROL
  • CONTABILIDAD ORGANIZADA Y BALANCES
  • CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO




ESTADO, EMPRESAS Y ONG


Actualmente en los países occidentales, el sistema de producción de bienes y servicios se organiza en tres sectores: 


el primer sector es el ESTADO, 

el segundo las EMPRESAS PRIVADAS 

y el  tercer sector es el conjunto de ONG,  el SECTOR SOCIAL.


                         

  • ESTADO      


El Estado está integrado por el Gobierno Nacional y la suma de los Gobiernos Provinciales y Municipales y Organismos autárquicos y descentralizados a lo largo y a lo ancho de todo el país,  el Poder Judicial y el Poder Legislativo.


El objetivo básico del Estado es gobernar el país y gestionar el bienestar general.


Sus actividades centrales son:


  • La conducción política del país, 


  • La prestación de servicios básicos y estratégicos como la Justicia, Educación, Salud Pública, Defensa, Seguridad y los Servicios Públicos esenciales,


  • Dirigir todas sus acciones a garantizar el acceso para todos los habitantes a los derechos y libertades consagrados en la constitución y las leyes,


  • Protagonizar el rol de equilibrador de las clases en que se desagrega la comunidad.


En las dos  últimas  actividades tendrá una conexión clave con las entidades sin fines de lucro. 

             

Es decir que las Entidades de Bien Común complementan al Estado desarrollando desde el ámbito privado emprendimientos para acercar a todos los habitantes la posibilidad de acceder a las libertados y derechos consagrados y además actividades que presten servicios de beneficio público que el Estado no alcanza a cubrir o cubre parcialmente.





Entonces:


Entidades Sociales Privadas:  Complementar al Estado en,


  • Facilitar el ejercicio de derechos y libertades.


  • Prestar Servicios de Beneficio Público.


  • Actividades solidarias, caritativas y de ayuda a los más débiles.


                                                             


  • EMPRESAS


La Actividad privada lucrativa tiene como objetivo la producción, comercialización y financiación de bienes y servicios utilizando capitales privados y obteniendo utilidades a distribuir entre los propietarios del capital.


Es el conjunto de corporaciones nacionales y extranjeras, empresas pyme y unipersonales dedicadas a la industria y el comercio.                                     


Los conceptos diferenciales de este sector son:  la propiedad privada del capital y de las utilidades. Las empresas y las personas físicas que intervienen en este sector actúan en forma "competitiva" y esto se considera una clave de progreso para la comunidad y el motor de la actividad misma.





  • ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

                                                                         

El tercer sector social, las entidades no lucrativas,  tiene como fines la mejora de la comunidad y el restablecimiento del equilibrio social protegiendo  y ayudando a los sectores más débiles y faciflitando el ejercicio de derechos y libertades civiles. 


Lo integran Fundaciones,  Asociaciones Civiles, Mutuales, Cooperativas, Colegios Profesionales, Cámaras, Federaciones, Confederaciones Cooperadoras,  Bibliotecas Públicas,  Entidades Religiosas,  Sindicatos, Obras Sociales, Partidos Políticos, Simples Asociaciones y otras Organizaciones Civiles.


El capital y los activos utilizados no son de propiedad de las entidades civiles ni de las personas que las  integran.  El concepto es la "propiedad social" del capital.  Una vez que los particulares aportaron bienes a las asociaciones, fundaciones u otras entidades sociales,  no pueden reclamar ninguna participación económica o devolución alguna.  En caso de disolución o liquidación los bienes pasan a otra entidad social o al Estado.


En el sector social el motor de la actividad no es el lucro, entendido éste como la obtención de utilidades por los particulares que integran a estas instituciones.  Esto no implica que las entidades no puedan obtener superavits para proteger  e incrementar su patrimonio y así sostener sus actividades comunitarias.


El superavit no solo es permitido sino necesario porque de lo contrario sabemos que cualquier emprendimiento, sea lucrativo o no,  necesita obtener excedentes económicos para cumplir sus fines,  mantenerse vigente y mejorar su desempeño.  La diferencia a resaltar es que en las Organizaciones Sociales,  los excedentes  deben ser destinados en su totalidad a cumplir los fines para los cuales fue creada la entidad y no ser distribuido entre sus integrantes.


En las entidades sin fines  de lucro la organización del trabajo de las personas y las relaciones con las otras entidades es del tipo "asociativo".  La actitud debe ser solidaria.  La asociatividad y la solidaridad deben ser los combustibles que alimenten este motor  que es el tercer sector social.        


Estos conceptos no se contraponen sino que se complementan con los del sector privado lucrativo y el Estado


Cada uno en lo suyo.  El sector privado lucrativo cuando trabaja bien, le entrega a la comunidad todos los bienes materiales necesarios y además aporta progreso tecnológico y científico. 


El sector social se ocupa de todos los servicios que el Estado no puede completar y que la actividad privada lucrativa no asume por no existir posibilidad de una mínima tasa de ganancia o porque se trata de actividades que por su propia especificidad no están dentro de la filosofía empresaria.



HISTORIA



Ya en la Magna Grecia existieron “comedores comunitarios”.  El Estado proveía los alimentos y la organización para que todas las personas que lo necesitaran concurrieran a comedores donde se reunía gran parte de la población.  El objetivo no solo era el alimento sino y por sobre todo la reunion social, estrechar lazos sociales.


En el Imperio Romano funcionaron hospicios para los legionarios veteranos de guerra y la asistencia a sus familiares.  También existieron los registros civiles parroquiales que ademas de sus funciones registrales atendían los reacomodamientos migratorios y orientaban a los habitantes desarraigados o con problemas de familia.


La denominación “mecenas” o “mecenazgo” surge precisamente en la Antigua Roma, siglo I AC,  por el accionar público de Cayo Cilnio Mecenas que patrocinaba artistas y de su apellido deviene el término.


Con el correr de los siglos la Iglesia Católica se constituyó en el gran mecenas de las actividades artísticas, culturales y científicas. 


En la Edad Media,  los aristócratas fueron quienes detentaban además del gobierno político y económico,  las facultades benéficas y de apoyo a los artistas, científicos y sectores de la cultura que contribuyeran a sustentar el poder de la nobleza.


Con la irrupción de la revolución industrial, aparecen en el mecenazgo las grandes empresas capitalistas y sus ricos propietarios. 


En el siglo XX emerge la figura del “Estado de Bienestar”  que toma a su cargo muchas de las actividades benéficas y de seguridad social.  Sin embargo segunda mitad de siglo,  el neoliberalismo reduce las funciones asistencialistas del Estado y allí aparecen las Entidades sin fines de lucro como alternativa para cubrir esas funciones sociales que son fundamentales para mantener el equilibrio social y complementar lo que pueda o decida hacer el Estado para solucionar los problemas de salud, educación, asistencialismo a los más débiles, investigación científica y tecnológica,  defensa de los derechos ciudadanos y todas las demás necesidades actuales de la comunidad.





MARCO NORMATIVO


El conjunto de leyes, decretos, resoluciones, normas técnicas profesionales y los propios estatutos y reglamentos de las organizaciones sociales que en conjunto regulan el funcionamiento de las entidades sociales,  constituyen su “marco normativo”. Podemos clasificar ese conjunto en General y Específico.




Marco Normativo General


(normas comunes a todas las entidades sin fines de lucro):


  •             Constitución Nacional de la Nación Argentina.




  •             Pactos Internacionales: Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos,  Pacto internacional de derechos civiles y políticos,  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).




  •             Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. (Vigencia: 1/8/2015)







Marco Normativo Específico


(normas que regulan a determinadas entidades):




  • Ley 20321 de Mutuales y Resoluciones pertinentes del INAES.


  • Ley 20337 de Cooperativas y Resoluciones pertinentes del INAES.


  • Ley 18610 y 23660 de Obras Sociales.


  • Ley 23551 y 22105  de Asociaciones gremiales y Sindicatos.


  • Ley 23298 y 26215 de Partidos Políticos.


  • Ley 24195 de Cooperadoras Escolares.


  • Ley 24240 y Dec. 1798/94 de Defensa del Consumidor.


  • Ley 23351 de Biibliotecas Populares.


  • Ley 24071 de Comunidades Indígenas.


  • Decreto 1945/58 de Bomberos Voluntarios.


  • Resolución IGJ 7/05. Inspección General de Justicia..


  • Disposición 18/2012.  Dirección Personas Jurídicas de Prvcia Bs As.


  • Otras Disposiciones de Direcciones Provinciales de P.Jurídicas.


  • Los Estatutos y Reglamentos propios de la Entidad: (El Estatuto es la “ley interna” de toda persona jurídica).  


Para las entidades sociales el Nuevo Código Civil, expresa:


“ARTÍCULO 150.- Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen

en la República, se rigen:

a) por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;

b) por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos,

prevaleciendo las primeras en caso de divergencia;

c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este.”




Exenciones Impositivas:


  • Ley 16656 (exenciones generales)
  • Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 20 (exenciones)
  • Ley de Impuesto al Valor Agregado, artículo 7.
  • Códigos Fiscales Provinciales (impuesto ingresos brutos y otros)
  • AFIP:  resoluciones reglamentarias
  • DIRECCION DE RENTAS: resoluciones reglamentarias



Contabilidad y Balances


  • FACPCE.   RT 11 (Normas de exposición para entidades no lucrativas)
  • FACPCE    RT 24 (Normas de exposición para Cooperativas)
  • FACPCE    RT 420/2011


Normas legales antilavado


  • UIF  R. 30/2011
  • UIF  R. 11/2012




CLASIFICACION DE ENTIDADES POR TIPO JURIDICO



En la normativa legal argentina los principales tipos de entidades sociales son:


          Fundaciones

          Asociaciones Civiles

          Cámaras, Federaciones y Confederaciones

          Simples Asociaciones Civiles

          Mutuales

          Cooperativas

          Entidades religiosas e Institutos de vida consagrada

          Asociaciones cooperadoras

          Bibliotecas populares

          Bomberos voluntarios

          Asociaciones vecinales, socorros mutuos y asociaciones de base.

          Colegios Profesionales

          Asociaciones gremiales y Sindicatos

          Obras Sociales

          Partidos Políticos

          Otras entidades civiles sin organización jurídica









CLASIFICACION DE ENTIDADES  POR TIPO DE ACTIVIDAD


1.- FILANTROPIA Y AYUDA SOCIAL EXTREMA


  • Ayuda a personas en situación de calle o mendicidad permanente
  • Comedores populares y ayuda social general a pobres, indigentes o grupos sociales carenciados.
  • Infancia en riesgo
  • Vejez desprotegida.
  • Asociaciones vecinales de socorros mutuos
  • Atención hecatombes sociales (inundaciones, terremotos, epidemias, etc)
  • Atención de discapacitados.
  • Atención de adicciones.
  • Atención de presidiarios, ex presidiarios y personas en riesgo de delincuencia.



2.-  SERVICIOS ESENCIALES PARA LA COMUNICAD


  • Educación
  • Salud
  • Arte y Cultura
  • Investigación científica y tecnológica
  • Bomberos voluntarios
  • Bibliotecas públicas
  • Entidades de Jubilados
  • Deporte amateur y recreación social
  • Obras sociales
  • Cooperadoras escolares
  • Cooperadoras hospitalarias



3.-  DEFENSA DE DERECHOS CIVILES


  • Derechos del trabajo: sindicatos, colegios profesionales, cámaras empresarias.
  • Defensa del consumidor
  • Defensa del medio ambiente y recursos naturales
  • Derechos sexuales y de género
  • Servicios religiosos
  • Etnias, razas, inmigrantes
  • Refugiados, desaparecidos, personas sin hogar
  • Partidos políticos, organizaciones de apoyo y grupos ideológicos
  • Violencia familiar
  • Acoso laboral
  • Organizaciones de defensa del abuso de poder
  • Organizaciones de distintas corrientes de opinión





4.-  EMPRESAS SOCIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS


  • Mutualismo
  • Cooperativismo.



CLASIFICACION POR TIPO DE “FUNDADOR O GRUPO CONTROLANTE


Independientemente del tipo jurídico de entidad,  podemos distinguir claramente los siguientes grupos de entidades según quienes sean sus fundadores o controladores.





  • Persona Física individual:  Fundaciones u otras entidades fundadas y controladas por una persona física.  En el pasado casi todas las fundaciones eran de este tipo.  Actualmente su participación es minoritaria.  En general son fundaciones filantrópicas o de asistencia social y salud pública o educativas. 




  • Grupos de Personas Físicas con determinada afinidad:  grupos barriales o vecinales que constituyen entidades de base, clubes, etc.  Grupos de profesionales,trabajadores, artesanos o productores,  que constituyen y controlan Colegios y Consejos Profesionales, Sindicatos, Mutuales y Cooperativas.   Grupos de consumidores que constituyen asociaciones de defensa al consumidor. Grupos de etnias, inmigrantes, refugiados, etc que constituyen asociaciones que los nuclean.  Grupos de personas que se asocian para defender determinados derechos y libertades civiles, políticas, derechos humanos, etc.




  • Empresas:  En este caso reconocemos dos grupos importantes de entidades de bien común fundadas y controladas por empresarios:  las fundaciones de empresas privadas que prestan determinados servicios de beneficio público,  arte, cultura o filantropía en general y las asociaciones de empresarias para defender su actividad:  las cámaras, federaciones y confederaciones empresarias




  • Entidades Nacionales:  En este caso son entidades de bien común que constituyen y controlan a otras entidades de bien común.  Ejemplos:  Fundaciones que constituyen Institutos Universitarios o Asociaciones Civiles que constituyen Fundaciones.




  • Entidades Extranjeras: Entidades del exterior que actúan en la Argentina a través de Representantes,  filiales o entidades nacionales controladas por la entidad extranjera.




  • Mixtas con participación estatal:  son entidades sociales de beneficio público donde se asocia el Estado con Empresas o Entidades Sociales.  En general se trata de emprendimientos importantes que conciernen a intereses donde muchos sectores necesitan nucleares para lograr un objetivo general.





ORGANISMOS OFICIALES DE CONTROL



La legislación indica que el Estado será quien le otorgue la autorización para funcionar (personería jurídica)  y luego controle durante toda su existencia  a las entidades sin fines de lucro. 



Estas funciones registrales y de control son delegadas por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial según el siguiente detalle:




          Inspección General de Justicia (IGJ):  otorga la autorización para funcionar y controla a las Fundaciones, Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Cámaras, Federaciones y Confederaciones de Asociaciones Civiles.

(Si la entidad tiene domicilio legal en una provincia: el organismo será la   Dirección Provincial de Personas Jurídicas provincial correspondiente).



          Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES): registra y controla a Mutuales y Cooperativas y a sus respectivas Federaciones y Confederaciones.



          Ministerio de Relaciones Exteriores: la Secretaría de Culto registra y controla a las Entidades Religiosas.




          Ministerio de Salud:  otorga la personería y controla a las Obras Sociales.



          Ministerio de Trabajo:  otorga la autorización y controla a los Sindicatos.



          Justicia Federal:  autoriza y controla a los Partidos Políticos.






OTROS ORGANISMOS OFICIALES DE CONTROL




AFIP

Agencia Federal de Ingresos Públicos

  • Fiscaliza los tributos “nacionales”



RENTAS PROVINCIAL

Agencia provincial de ingresos públicos (AGIP-ARBA-etc)

  • Fiscaliza los tributos “provinciales”



ANSES

Agencia Nacional de Seguridad Social

  • Fiscaliza los aportes y contribuciones por empleados



UIF

Unidad de Información Financiera

  • Fiscaliza los ingresos de fondos por prevención lavado




RESUMEN


El Contador Público al actuar en ONG deberá tener en cuenta por lo menos a los siguientes organismos de control:


  • Legal: IGJ o Dirección Provincial de Personas Jurídicas
  • Tributario: AFIP y DIRECCION DE RENTAS
  • Previsional: ANSES
  • Prevención lavado: UIF







EXENCIONES IMPOSITIVAS


Un aspecto distintivo y fundamental para las ONG es la posibilidad de acceder a exenciones tributarias que implican una base económica importante para su funcionamiento.  No pagar impuestos es una fuente de financiamiento de proyectos que refuerza a los ingresos por donaciones,  cuotas de asociados, patrocinios y servicios comunitarios arancelados.

Las entidades de bien común se consideran una extensión, complemento y superación de las actividades del Estado (nacional, provincial y municipal) para mejorar el bienestar de la comunidad,  asistir a los sectores más débiles y proteger los derechos sociales de todos los individuos.  Por lo tanto el mismo Estado otorga a las Entidades sin fines de lucro amplias exenciones tributarias para estimular y favorecer su desempeño.




  • Autorizaciones e Inscripciones:


No pagar impuestos se constituye en una de las principales fortalezas de las entidades sociales pero para acceder a este beneficio deberán inscribirse en el organismo oficial de control que les corresponda y obtener la personería jurídica (autorización del Estado para funcionar) y además realizar trámites complementarios de obtención del certificado de exención en la Agencia Federal de Ingresos Públicos y las Direcciones de Rentas Provinciales que le corresponda.


  • Contabilidad,  Balances y Comprobantes y Presentaciones:


Una vez autorizadas, las entidades deberán también llevar una contabilidad organizada, confeccionar y presentar los balances anuales y archivar los comprobantes respaldatorios de todas sus operaciones,  celebrar las reuniones previstas en la normativa legal para el funcionamiento de sus autoridades y hacer las presentaciones anuales de información ante los organismos de control pertinentes.  En resúmen:  para acceder al beneficio de “no pagar impuestos”  la ley les exige cumplir con todas las formalidades contables, jurídicas y tributarias previstas para este tipo de entidades y de no cumplirlas puede perder la exención tributaria e inclusive la autorización para funcionar como entidad.                    

                                                                         

             

  • Realidad operativa y económica:


Las entidades de bien común a fin de conservar las exenciones tributarias,  deberán desarrollar efectivamente actividades de beneficio público acorde a las finalidades de sus estatutos,  no distribuir resultados entre sus integrantes ni pagar remuneraciones a las autoridades electivas cuando ello no esté permitido ni otorgarles ventajas económicas incompatibles con su finalidad social.

No cumplir alguno de estos condicionamientos legales pueden significarle la pérdida parcial o total de las amplias exenciones tributarias que consagra la ley.




ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO


RESUMEN GENERAL DE CARACTERISTICAS LEGALES



  • Entidad Civil (no comercial)


La constitución, funcionamiento y disolución está reglada jurídicamente por el Código Civil y leyes específicas del sector (Recordemos que por el contrario las empresas comerciales se constituyen como Sociedades Anónimas,  SRL, Sociedades de Hecho o cualequier otro tipo jurídico que están regidos por las normas específicas de  la Ley de Sociedades Comerciales y la primer parte la Resolución IGJ 7/05).


  • Persona Jurídica de carácter privado

Nuevo Código Civil:

ARTÍCULO 145.- Clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas.

ARTÍCULO 146.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:

a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los

municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la

República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional

público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el

extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;

c) la Iglesia Católica.

ARTÍCULO 147.- Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a

su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su

existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.

ARTÍCULO 148.- Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:

a) las sociedades;

b) las asociaciones civiles;

c) las simples asociaciones;

d) las fundaciones;

e) las mutuales;

f) las cooperativas;

g) el consorcio de propiedad horizontal;

h) las comunidades indígenas;

i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo

carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.



El objeto estatutario  de las ONG debe ser una finalidad social.

Sus actividades son parte del concepto de “beneficio público”, es decir mejorar algún aspecto de la comunidad complementando al Estado que es el principal protagonista en la búsqueda del bienestar general.


El Bien Común es el conjunto de derechos, libertades y recursos materiales y culturales  al que todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de acceder en un momento histórico y cultural determinado.

Una entidad social será considerada de bien común si desarrolla actividades en alguno de los siguientes sectores:  servicios de bienestar general y/o  ejercicio de derechos y libertades consagrados en la constitución nacional


  1. Sin fines de lucro.


Las corporaciones, asociaciones, etc., serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella.


Resolución 7/05 Inspección General de Justicia. Art. 364.– Bien común. En la ponderación de las finalidades de bien común de las entidades se considerarán aquellas que contribuyan al bien de la comunidad en general o a las mejores condiciones de la vida social, en contraposición al bien individual o al bien egoísta de un grupo determinado de personas, sin colisionar o contrariar las valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración deba ser efectuada. El bien común debe exteriorizarse y proyectarse hacia la comunidad en su conjunto y expresarse, a través del objeto de las entidades, en finalidades coincidentes con las que el Estado jerarquiza como propias. Las actividades a realizar deberán incidir en forma directa sobre el bien común.

Los resultados económicos y los bienes de la entidad deben destinarse en su totalidad a la consecución de las finalidades comunitarias para las cuales fue creada la entidad.


El patrimonio de la entidad no pertenece a sus integrantes.  En caso de disolución debe sesr entregado a la entidad social señalada para ese fin en el estatuto o en su defecto al Estado.


La entidad no puede otorgar ventajas económicas a sus autoridades electivas, asociados o integrantes.


La entidad no puede abonar remuneraciones directas o indirectas a sus autoridades electivas si las leyes específicas que regulan su actividad o sus propios estatutos no lo permiten.




Las entidades sociales no pueden tener como actividad principal el comercio o la industria.


  • Las entidades sociales tienen amplias exenciones tributarias.


Al complementar al Estado en las actividades de bienestar general reciben importantes beneficios fiscales en general bajo la forma de exenciones tributarias en impuestos nacionales y provinciales.


Para obtener en la práctica esos beneficios,  las entidades deben registrarse en los organismos de recaudación fiscal (AFIP y RENTAS PROVINCIALES),  solicitar los correspondientes certificados de exención y cumplimentar durante toda su existencia las obligaciones formales que fundamentalmente son de tres tipos:  dessarrollar actividades económicas efectivamente de bien común y sin fines de lucro,  no otorgar ventajas económicas a sus integrantes,  no realizar actividades comerciales o industriales,  presentar a los organismos fiscales declaraciones juradas informativas (sin pago de impuesto) en forma regular y llevar una contabilidad organizada en acuerdo a las normas técnicas profesionales y tributarias vigentes.  Si cumple todas esas condiciones estará exenta de prácticamente todos los impuestos nacionales y provinciales.



CONDICIONES Y REQUISITOS A CUMPLIR



  • Actividad de Bien Común


  • Operaciones económicas sin fines de lucro.


  • Constitución, Personería Jurídica, Inscripciones y Documentaciones en Organismos.





CARACTERISTICAS ECONOMICAS BASICAS


El marco normativo general y las normas específicas de las Asociaciones y Fundaciones de bien común determinan las siguientes características respecto al patrimonio y los ingresos de las entidades sociales:



·         PATRIMONIO


Deben poseer patrimonio propio,

Deben ser capaces por sus estatutos de adquirir bienes y contraer obligaciones.

Los activos de la entidad deben emplearse en sus actividades de bien común

Los activos de la entidad no deben beneficiar individualmente a alguna persona en particular.

Los activos de la entidad no pueden ser distribuidos entre sus asociados o terceros,  pertenecen estratégicamente a la comunidad.

*Activos Exentos de Impuestos: Si la entidad cumple con las condiciones  de fondo en su funcionamiento y los requisitos formales que establece la ley: Los activos de la entidad pueden acceder a una total exención impositiva.




·         INGRESOS


Los ingresos deben originarse principalmente en actividades previstas en el estatuto

En general los ingresos provienen del aporte de fundadores, cuota de asociados,  donaciones de terceros y subsidios públicos y privados.

También pueden percibir aranceles por servicios estatutarios a asociados y terceros.

La entidad no puede subsistir exclusivamente de asignaciones del Estado

No pueden tener ingresos  relevantes por actividades industriales o comerciales.

La totalidad del ingreso debe ser destinado a las actividades estatutarias de bien común .

*Ingresos Exentos de Impuestos: Si la entidad cumple con las condiciones  de fondo en su funcionamiento y los requisitos formales que establece la ley: Los ingresos y superavits de la entidad pueden acceder a una total exención impositiva.



(Apéndice normativo a la Introducción General)


CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA


Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.



Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.


Artículo 16- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.


Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.


Artículo 42- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.


Artículo 75- Corresponde al Congreso:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………


DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE


(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana

Bogotá, Colombia, 1948)

Artículo XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.



Artículo XVII. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.


Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.


PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA  SOBRE DERECHOS HUMANOS  San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969


Artículo 16.  Libertad de Asociación


 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.


 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.




INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.   Resoluciòn 7 / 2005

LIBRO VIII:

ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Art. 364.– Bien común. En la ponderación de las finalidades de bien común de las entidades se considerarán aquellas que contribuyan al bien de la comunidad en general o a las mejores condiciones de la vida social, en contraposición al bien individual o al bien egoísta de un grupo determinado de personas, sin colisionar o contrariar las valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración deba ser efectuada. El bien común debe exteriorizarse y proyectarse hacia la comunidad en su conjunto y expresarse, a través del objeto de las entidades, en finalidades coincidentes con las que el Estado jerarquiza como propias. Las actividades a realizar deberán incidir en forma directa sobre el bien común.

Art. 365.– Denegatoria de la autorización para funcionar. Causales. Serán causales para denegar la autorización para funcionar, las siguientes:

1. La existencia, en la vida interna de la entidad, de irreconciliables núcleos antagónicos que imposibiliten el cumplimiento de las finalidades de la entidad.

2. La existencia en los órganos de administración y de fiscalización, de miembros titulares o suplentes, afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir dichas calidades, o que se hallen sometidos a procesos judiciales que por su índole y estado impidan física o moralmente la permanencia de los afectados en los cargos en que fueron designados o arrojen objetivamente dudas fundadas sobre su idoneidad para desempeñarlos.

3. Que el objeto social enunciado no satisfaga el bien común o que la entidad persiga directa o indirectamente finalidades lucrativas o tienda a reportar ventajas económicas para el fundado, los asociados o los integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización.

4. Que la entidad se proponga subsistir exclusivamente de recursos económicos constituidos por aranceles que ingresen a ella por prestaciones de servicios que efectúe o por subsidios o donaciones del Estado.

Art. 366.– Situaciones especiales preexistentes.

I. Órdenes religiosas. Existencia preconstitucional. Obligaciones; libros. Las órdenes religiosas de existencia preconstitucional que han sido reconocidas en el carácter de personas jurídicas por expresa autorización estatal, están obligadas a cumplir, en lo pertinente, con las disposiciones legales y/o reglamentarias que rigen en el caso de las demás entidades civiles y, por ende, con las disposiciones pertinentes sobre rúbrica de libros.

II. Institutos de vida consagrada. Registro. Secretaría de Culto. Las asociaciones civiles, que conforman los institutos de vida consagrada, podrán solicitar la cesación del control y cancelación de la autorización para funcionar, mediante asamblea que resuelva su disolución sin liquidación por haber sido registradas en el Registro de Vida Consagrada dependiente de la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los efectos previstos en la ley 24483 y decreto reglamentario 491/1995.

Art. 367.– Otras formas de participación civil organizadas.

I. Asociaciones vecinales. Las asociaciones vecinales, si bien no tienen reconocimiento de la autoridad provincial como personas jurídicas, su existencia es reconocida por ordenanzas municipales, siendo esa autoridad quien fiscaliza su funcionamiento. Con los recaudos del art. 46 del Código Civil, son sujetos de derecho y legitimadas para la afiliación a entidades de segundo y tercer grado.

II. Agrupaciones políticas de los clubes. Las agrupaciones políticas de los clubes constituyen una asociación de personas con actividades regladas estatutariamente y que influyen directamente con su actividad en la vida de la institución a la que pertenecen. Son sujetos de derecho, conforme el art. 46 del Código Civil.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Funcionamiento

Art. 370.– Fiscalización. Control de legalidad. La Inspección General de Justicia fiscalizará en forma permanente el funcionamiento de las entidades y ejercerá el control de legalidad de sus actos sometidos a aprobación o autorización previa, con los criterios resultantes de los arts. 363 y 364. Podrá exigir modificaciones a los estatutos, cuando ello resulte necesario por disposiciones legales y reglamentarias en vigencia o para hacer posible su mejor funcionamiento, el mayor respeto de los derechos de los integrantes de la entidad y la mejor consecución de los objetivos de ésta.

Podrá también solicitar periódicamente, con carácter general o cuando la profusión y características de las modificaciones introducidas lo hagan aconsejable, la presentación de textos ordenados de los estatutos de las entidades.

Art. 371.– Simples asociaciones. La fiscalización y control referidos en el artículo anterior se harán extensivas a las simples asociaciones contempladas por el art. 46 del Código Civil cuya existencia se acredite, las cuales deberán inscribirse en un registro especial y acompañar los documentos de constitución y designación de autoridades que prevé la citada norma legal o, si no los tuvieren, declaración escrita de sus asociados y autoridades mencionando el objeto de la entidad, con sus firmas certificadas notarialmente.□

Actuación del Profesional en Ciencias Económicas

EL NUEVO “CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION”

ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS  ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Horacio Miguel Calabró – Marzo 2015



--Vigencia: 


El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación tiene vigencia desde el 1/8/2015.


--Consideraciones preliminares:


El marco legal de las entidades sin fines de lucro está conformado por los siguientes niveles de análisis según su orden de importancia normativa:


          La Constitución Nacional y los Pactos Internacionales.   Es la norma legal mas importante de la República y en ella encontramos claramente definido el concepto de “bien común “ que aquí deja de ser un principio abstracto para convertirse en un conjunto de derechos consagrados:  asociación con fines útiles,  trabajo con justicia social,  protección de recursos naturales y cuidado del medioambiente,  defensa del consumidor,  libertad de culto,  agremiación y defensa de derechos laborales y profesionales, salud, educación y vivienda dignas y todos los demas derechos civiles claves consagrados en la ley de fondo.  El conjunto de estas normas  establece una clara jerarquía constitucional para las actividades de las entidades sin fines de lucro.


          El Código Civi y Comerciall.  En esta norma, también de fondo,  encontramos a las entidades civiles y los temas legales claves ligados a ellas integrando el capítulo de “Personas Jurídicas” (art. 141 a 224),  “Contabilidad de Sociedades” (art. 320 a 331),  “Mandato” relacionado con la actuación de los directivos (art. 1319 a 1334) y “Donaciones” (art. 1542 a 1573).  En estas normas se formula la base jurídica del funcionamiento de las entidades sin fines de lucro.  


          Leyes específicas de entidades .y Leyes tributarias exentivas.  Leyes de Cooperativas, Mutuales,  Asociaciones Sindicales, Obras Sociales,  Partidos Políticos, etc. …Exentivas:  Ley 16656,  Artículo 20 Ley Impuesto a las Ganancias y sus correlativos, Ley de IVA, art. 7.   Leyes de Códigos Fiscales Provinciales.


          Reglamentaciones de los Organismos Oficiales de Control:  Resoluciones de la Inspección General de Justicia,  las Direcciones de Personas Jurídicas Provinciales,  el INAES,  el Ministerio de Trabajo (organismo de control de Asociaciones Sindicales), el Ministerio de Salud (Organismo de control de Obras Sociales),  AFIP,  Direcciones de Rentas Provinciales y los demás organismos Nacionales, Provinciales y Municipales. Normas técnico-contables de FACPCE. Estos organismos dictan normas relacionadas con la actividad y administración de las entidades civiles.


          Estatutos y Reglamentos de la entidad: El profesional de Ciencias Económicas al actuar en las entidades civiles deberá tener en cuenta este amplio conjunto normativo como así también los Estatutos y Reglamentos internos de las entidades. 


Ahora,  recién promulgado el nuevo Código Civil y a la luz de la importancia de las bases jurídicas que establece,  es pertinente hacer un repaso de las principales normas que contiene relacionadas con las entidades no lucrativas.    A continuación un breve resumen de las normas del Código Civil que interesan para administrar las entidades civiles.





--El nuevo Código Civi y Comercial de la Nación.  Normas relacionadas con las entidades civiles. Ley 26994.  Vigencia: 1/1/2016.



          Interpretación de las normas (Art. 1 y 2). 


***Las normas deben interpretarse teniendo en cuenta la coherencia de todo el código y a la luz de las normas constitucionales y los pactos internacionales firmados por el país.




          Personas Jurídicas (Art. 141 a 167).


*** Son personas jurídicas privadas: a) las sociedades; b) las asociaciones civiles; c) las simples asociaciones; d) las fundaciones; e) las mutuales; f) las cooperativas; g) el consorcio de propiedad horizontal; h) las comunidades indígenas;  i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes…  Se rigen por el CC, leyes especiales, leyes supletorias y sus estatutos.


***Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión.



          Asociaciones Civiles  (Art. 167 a 186).


***La Asociación Civil nunca tuvo su ley específica.  Ahora en estos artículos del CC tiene su base jurídica de fondo. En general toma las disposiciones de la RG IGJ 7/05.


***Debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales. No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros.


***Organo de Administración: deben ser asociados.  Organo de Fiscalización: debe ser profesional habilitado para esa función de control.  Puede ser asociado o tercero contratado.  El contador certificante no puede ser revisor de cuentas.




          Simples Asociaciones (187 a 192)


***Es una Asociación Civil sin “inscripción”, es decir sin autorización para funcionar otorgada por el Poder Ejecutivo (IGJ). Ver art. 169.


***Se pueden constituir por escritura pública o instrumento privado con firmas certificadas por escribano.


***Debe tener Estatutos y Organo de Administración. Si tiene menos de 20 asociados puede prescindir del Organo de Fiscalización.


***Si se produce insolvencia, los integrantes administradores son responsables por las deudas de la simple asociación.



Fundaciones  (193 a 224).


*** Este articulado incluido en el nuevo CC reeemplaza a la Ley 19836 que hasta ahora regía a las Fundaciones.


***La definición del CC es que “Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro..”  Esto implica una importante diferencia con las AC por cuanto para éstas se requiere un objeto “que no sea contrario al bien común”  (pero esto no significa que las AC deban tener un objeto decididamente de bien común). En cambio las F deben tener un objeto preciso de “bien común”.


***Plan de Acción y Bases Presupuestarias:  El art. 199 incluye como novedad que el plan trienal que se solicita al momento de la constitución,  deberá ser presentado nuevamente al finalizar el primer trienio.  Aparentemente por la redacción del artículo,  este requisito es de cumplimiento para toda la existencia de las fundaciones.


***Comité Ejecutivo:  este órgano sigue siendo optativo para la ley.  De existir, puede estar integrado con consejeros titulares y/o personal externo. Todos los miembros de este órgano puede ser remunerado en la medida que esta circunstancia esté contemplada en los Estatutos de la entidad.  (Queda pendiente ver que pasa cuando uno de los fundadores integra el CE porque el mismo CC prescribe que todo contrato entre la entidad y un fundador tiene que ser sometido a la aprobación de la IGJ.  Además: los consejeros como tales siguen siendo ad honorem y sólo pueden recibir “reembolso de gastos”.  Entonces: los consejeros sólo pueden cobrar remuneración si integran  el CE y por tareas efectivamente realizadas en esa función.


***Inversiones, Manejo de Fondos y Gastos Excesivos: “ARTÍCULO 213.- Destino de los ingresos. Las fundaciones deben destinar la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines. La acumulación de fondos debe llevarse a cabo únicamente con objetos precisos, tales como la formación de un capital suficiente para el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura, siempre relacionados al objeto estatutariamente previsto. En estos casos debe informarse a la autoridad de contralor, en forma clara y concreta, sobre esos objetivos buscados y la factibilidad material de su cumplimiento. De igual manera, las fundaciones deben

informar de inmediato a la autoridad de contralor la realización de gastos que importen una disminución apreciable de su patrimonio.”



          Contabilidad y Estados Contables (320 a 331).


***Al unificarse los anteriores Código Civil y Código de Comercio,  todas las normas básicas de contabilidad del nuevo Código Civil son aplicables a entidades civiles y sociedades comerciales. (Antes se aplicaban a las entidades supletoriamente las normas del Código de Comercio).


***Todas las entidades están obligadas a llevar una contabilidad organizada, llevar libros rubricados y confeccionar estados contables anuales.


*** Son registros indispensables, los  siguientes: a) diario;b) inventario y balances;c) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar;  d) los que en forma especial impone este Código u otras leyes.



***Los libros rubricados y los comprobantes respaldatorios deben ser conservados 10 años.




          Mandato. Responsabilidad de los directivos. (1319 a 1334).


***En este articulado del CC están las normas que supletoriamente se aplican a la actuación de las autoridades  y administradores de las entidades.  Define las obligaciones principales de los directivos actuando como tal,  el deber de rendición de cuentas, las responsabilidades relacionadas con su función de administrador o fiscalizador y todas las demás circunstancias que deberán ser tenidas en cuenta desde el punto de vista civil.



          Donaciones (1542 a 1573).


***Tal como estaba en el anterior Código Civil,  en este articulado se definen que es y que no es donación,  quien tiene capacidad jurídica para donar y quien para recibir.  Como se formalizan las donaciones según el tipo de bien donado y las demás circunstancias que el profesional en ciencias económicas deberá tomar en cuenta cuando actúe en entidades sin fines de lucro donde las donaciones constituyen una fuerte proporción en la composición de los ingresos.



          Otros temas de interés.


***Asimismo puede ser interesante explorar los siguientes temas de uso frecuente en la actividad y administración de las entidades:  Conjuntos Inmobiliarios (barrios cerrados y clubs de campo) (2073 a 2086).  Concesiones y Franquicias (1502 a 1524).  Contratos de Unión transitoria y Consorcios de cooperación (1463 a 1478).  Fideicomisos (1566 a 1707).■









CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

Ley 26994.  Boletín Oficial 10/10/2014.   Vigencia:  1/8/2015.


(Resúmen de normas generales y particulares relacionadas con entidades sin fines de lucro)


INTERPRETACION DE LA LEY



ARTÍCULO 1º.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser

resueltos según las leyes que resulten aplicables. La interpretación debe ser conforme

con la Constitución Nacional y los tratados en los que la República sea parte. A tal fin,

se tendrá en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso.

Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se

refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean

contrarios a derecho.

ARTÍCULO 2º.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus

palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los

tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo

coherente con todo el ordenamiento.

ARTÍCULO 3º.- Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean

sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.



PERSONAS JURIDICAS


TÍTULO II

Persona jurídica

CAPÍTULO 1

Parte general

SECCIÓN 1ª

Personalidad. Composición

ARTÍCULO 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el

ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones  para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

ARTÍCULO 142.- Comienzo y fin de la existencia. La existencia de la persona jurídica

privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar,

excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización

estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.

ARTÍCULO 143.- Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una

personalidad distinta de la de sus miembros.

Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto

en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley

especial.

ARTÍCULO 144.- Inoponibilidad de personalidad jurídica. La actuación que esté

destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso

para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier

persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes

directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente

por los perjuicios causados.

Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin

perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los

participantes en los hechos por los perjuicios causados.

SECCIÓN 2ª

Clasificación

ARTÍCULO 145.- Clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas.

ARTÍCULO 146.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:

a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los

municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la

República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional

público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el

extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;

c) la Iglesia Católica.

ARTÍCULO 147.- Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a

su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su

existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.

ARTÍCULO 148.- Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:

a) las sociedades;

b) las asociaciones civiles;

c) las simples asociaciones;

d) las fundaciones;

e) las mutuales;

f) las cooperativas;

g) el consorcio de propiedad horizontal;

h) las comunidades indígenas;

i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo

carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

ARTÍCULO 149.- Participación del Estado. La participación del Estado en personas

jurídicas privadas no modifica su carácter privado, sin perjuicio de otras

especificaciones de orden público legalmente establecidas.

ARTÍCULO 150.- Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen

en la República, se rigen:

a) por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;

b) por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos,

prevaleciendo las primeras en caso de divergencia;

c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este

Título.

Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por

lo dispuesto en la ley general de sociedades.

SECCIÓN 3ª

Persona jurídica privada

Parágrafo 1°

Atributos y efectos de la personalidad jurídica

ARTÍCULO 151.- Nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique

como tal, con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica

en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre.

El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva,

tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas

de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona

jurídica.

No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o

las buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica.

La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas

requiere la conformidad de éstas, que se presume si son miembros. Sus herederos

“2012 – Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO”

pueden oponerse a la continuación del uso, si acreditan perjuicios materiales o morales.

ARTÍCULO 152.- Domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el

fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona

jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en

el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí

contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de

sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración.

ARTÍCULO 153.- Alcance del domicilio. Notificaciones. Se tienen por válidas y

vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede

inscripta, aunque no hayan podido hacerse efectivas por no encontrarse allí su

administración.

ARTÍCULO 154.- Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio.

La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre

los bienes registrables.

ARTÍCULO 155.- Duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo,

excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario.

ARTÍCULO 156.- Objeto. El objeto de la persona jurídica privada debe ser preciso y

determinado.

Parágrafo 2°

Funcionamiento

ARTÍCULO 157.- Modificación del estatuto. El estatuto de las personas jurídicas

puede ser modificado en la forma que el mismo o la ley establezcan.

La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere

inscripción es oponible a terceros a partir de ésta, excepto que el tercero la conozca.

ARTÍCULO 158.- Gobierno, administración y fiscalización. El estatuto debe contener

normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley la exige, sobre

la fiscalización interna de la persona jurídica.

En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas:

a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una

asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los

participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por

el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo

guardarse las constancias, de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.

b) los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo,

pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones

que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por

unanimidad.

ARTÍCULO 159.- Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario. Los

administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia.

No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona

jurídica. Si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona,

deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso

al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha

operación.

Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el

riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.

ARTÍCULO 160.- Responsabilidad de los administradores. Los administradores

responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y

terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus

funciones, por acción u omisión.

ARTÍCULO 161.- Obstáculos que impiden adoptar decisiones. Si como

consecuencia de la oposición u omisión sistemáticas en el desempeño de las funciones

del administrador, o de los administradores si los hubiera, la persona jurídica no puede

adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma:

a) el presidente, o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los

actos conservatorios;

b) los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea que se

convoque al efecto dentro de los DIEZ (10) días de comenzada su ejecución;

c) la asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría,

para realizar actos urgentes o necesarios; también puede remover al administrador.

ARTÍCULO 162.- Transformación. Fusión. Escisión. Las personas jurídicas pueden

transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este Código o por la

ley especial.

En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la

persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario

del estatuto.

Parágrafo 3°

Disolución. Liquidación

ARTÍCULO 163.- Causales. La persona jurídica se disuelve por:

a) la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida

por el estatuto o disposición especial;

b) el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su

existencia;

c) la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad

sobreviniente de cumplirlo;

d) el vencimiento del plazo;

e) la declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por

avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley

especial prevé un régimen distinto;

f) la fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas

jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que

se divide y destina todo su patrimonio;

g) la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de

ellos y ésta no es restablecida dentro de los TRES (3) meses;

h) la denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando

ésta sea requerida;

i) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;

j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o

de ley especial.

ARTÍCULO 164.- Revocación de la autorización estatal. La revocación de la

autorización estatal debe fundarse en la comisión de actos graves que importen la

violación de la ley, el estatuto y el reglamento.

La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un

procedimiento reglado que garantice el derecho de defensa de la persona jurídica. La

resolución es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus

efectos.

ARTÍCULO 165.- Prórroga. El plazo determinado de duración de las personas jurídicas

puede ser prorrogado. Se requiere:

a) decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o estatutaria;

b) presentación ante la autoridad de contralor que corresponda, antes del vencimiento

del plazo.

ARTÍCULO 166.- Reconducción. La persona jurídica puede ser reconducida mientras

no haya concluido su liquidación, por decisión de sus miembros adoptada por

unanimidad o la mayoría requerida por la ley o el estatuto, siempre que la causa de su

disolución pueda quedar removida por decisión de los miembros o en virtud de la ley.

ARTÍCULO 167.- Liquidación y responsabilidades. Vencido el plazo de duración,

resuelta la disolución u ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miembros, la

persona jurídica no puede realizar operaciones, debiendo en su liquidación concluir las

pendientes.

La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los

bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero. Previo

pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales, el remanente, si lo hay,

se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo exige la

ley.

En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y

aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el

poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al

efecto.


ASOCIACIONES CIVILES


CAPÍTULO 2

Asociaciones civiles

SECCIÓN 1ª

Asociaciones civiles

ARTÍCULO 168.- Objeto. La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario

al interés general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a

las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas,

literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales.

No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por fin el lucro para

sus miembros o terceros.

ARTÍCULO 169.- Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la asociación

civil debe ser otorgado por escritura pública y ser inscripto en el registro

correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la

inscripción se aplican las normas de la simple asociación.

ARTÍCULO 170.- Contenido. El acto constitutivo debe contener:

a) la identificación de los constituyentes;

b) el nombre de la asociación con el aditamento “Asociación Civil” antepuesto o

pospuesto;

c) el objeto;

d) la sede social;

e) el plazo de duración o si la asociación es a perpetuidad;

f) las causales de extinción;

g) los aportes que conforman el patrimonio inicial de la asociación civil y el valor que se

les asigna. Los aportes se consideran transferidos en propiedad, si no consta

expresamente su aporte de uso y goce;

h) el régimen de administración y representación;

i) la fecha de cierre del ejercicio económico anual;

j) en su caso, las clases o categorías de asociados, y prerrogativas y deberes de cada

una;

k) el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de

asociados y recursos contra las decisiones;

l) los órganos sociales de gobierno, administración y representación. Deben preverse la

comisión directiva, las asambleas y el órgano de fiscalización interna, regulándose su

composición, requisitos de integración, duración de sus integrantes, competencias,

funciones, atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria, constitución,

deliberación, decisiones y documentación;

m) el procedimiento de liquidación;

n) el destino de los bienes después de la liquidación, pudiendo aplicarlos al fomento de

la educación pública, a organismos oficiales de apoyo a la investigación o a

asociaciones civiles o fundaciones cuyo objeto sea promover la asistencia a grupos

humanos en situación de vulnerabilidad, entre otros.

ARTÍCULO 171.- Administradores. Los integrantes del consejo directivo deben ser

asociados. El derecho de los asociados a participar en el consejo directivo no puede ser

restringido abusivamente. El estatuto debe prever los siguientes cargos y, sin perjuicio

de la actuación colegiada en el órgano, definir las funciones de cada uno de ellos:

presidente, secretario y tesorero. Los demás miembros de la comisión directiva tienen

carácter de vocales que no podrán ser un número inferior a DOS (2). A los efectos de

esta Sección, se denomina directivos a todos los miembros titulares de la comisión

directiva. En el acto constitutivo se debe designar a los integrantes del primer consejo

directivo.

ARTÍCULO 172.- Fiscalización. El estatuto puede prever que la designación de los

integrantes del órgano de fiscalización recaiga en personas no asociadas. En el acto

constitutivo se debe consignar a los integrantes del primer órgano de fiscalización.

La fiscalización privada de la asociación está a cargo de uno o más revisores de

cuentas. La comisión revisora de cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de

CIEN (100) asociados.

ARTÍCULO 173.- Integrantes del órgano de fiscalización. Los integrantes del órgano

de fiscalización deben contar con título profesional que habilite para esas funciones.

No pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión, ni certificantes de los

estados contables de la asociación. Estas incompatibilidades se extienden a los

cónyuges, convivientes, parientes, aun por afinidad, en línea recta en todos los grados,

y colaterales dentro del cuarto grado.

En las asociaciones civiles que establezcan la necesidad de una profesión u

oficio específico para adquirir la calidad de socio, los integrantes del órgano de

fiscalización no deberán contar con título habilitante. En tales supuestos la comisión

fiscalizadora deberá contratar profesionales independientes para su asesoramiento.

ARTÍCULO 174.- Contralor estatal. Las asociaciones civiles requieren autorización

para funcionar y se encuentran sujetas a contralor permanente de la autoridad

competente, nacional o local, según corresponda.

ARTÍCULO 175.- Participación en los actos de gobierno. El estatuto puede imponer

condiciones para que los asociados participen en los actos de gobierno, tales como

antigüedad o pago de cuotas sociales. La cláusula que importe restricción total del

ejercicio de los derechos del asociado es de ningún valor.

ARTÍCULO 176.- Cesación en el cargo. Los directivos cesan en sus cargos por

muerte, declaración de incapacidad o capacidad restringida, inhabilitación, vencimiento

del lapso para el cual fueron designados, renuncia, remoción y cualquier otra causal

establecida en el estatuto.

El estatuto no puede restringir la remoción ni la renuncia; la cláusula en contrario

es de ningún valor. No obstante, la renuncia no puede afectar el funcionamiento de la

comisión directiva o la ejecución de actos previamente resueltos por ésta, supuestos en

los cuales debe ser rechazada y el renunciante permanecer en el cargo hasta que la

asamblea ordinaria se pronuncie. Si no concurren tales circunstancias, la renuncia

comunicada por escrito al presidente de la comisión directiva o a quien estatutariamente

lo reemplace o a cualquiera de los directivos, se tiene por aceptada si no es

expresamente rechazada dentro de los DIEZ (10) días contados desde su recepción.

ARTÍCULO 177.- Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad de los

directivos se extingue por la aprobación de su gestión, por renuncia o transacción

resueltas por la asamblea ordinaria.

No se extingue:

a) si la responsabilidad deriva de la infracción a normas imperativas;

b) si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con

derecho a voto en cantidad no menor al DIEZ POR CIENTO (10%) del total. En este

caso quienes se opusieron pueden ejercer la acción social de responsabilidad prevista

para las sociedades en la ley especial.

ARTÍCULO 178.- Participación en las asambleas. El pago de las cuotas y

contribuciones correspondientes al mes inmediato anterior es necesario para participar

en las asambleas. En ningún caso puede impedirse la participación del asociado que

purgue la mora con antelación al inicio de la asamblea.

ARTÍCULO 179.- Renuncia. El derecho de renunciar a la condición de asociado no

puede ser limitado. El renunciante debe en todos los casos las cuotas y contribuciones

devengadas hasta la fecha de la notificación de su renuncia.

ARTÍCULO 180.- Exclusión. Los asociados sólo pueden ser excluidos por causas

graves previstas en el estatuto. El procedimiento debe asegurar el derecho de defensa

del afectado. Si la decisión de exclusión es adoptada por la comisión directiva, el

asociado tiene derecho a la revisión por la asamblea que debe convocarse en el menor

plazo legal o estatutariamente posible. El incumplimiento de estos requisitos

compromete la responsabilidad de la comisión directiva.

ARTÍCULO 181.- Responsabilidad. Los asociados no responden en forma directa ni

subsidiaria por las deudas de la asociación civil. Su responsabilidad se limita al

cumplimiento de los aportes comprometidos al constituirla o posteriormente y al de las

cuotas y contribuciones a que estén obligados.

ARTÍCULO 182.- Intransmisibilidad. La calidad de asociado es intransmisible.

ARTÍCULO 183.- Disolución. Las asociaciones civiles se disuelven por las causales

generales de disolución de las personas jurídicas privadas y también por la reducción

de su cantidad de asociados a un número inferior al total de miembros titulares y

suplentes de su comisión directiva y órgano de fiscalización, si dentro de los SEIS (6)

meses no se restablece ese mínimo.

ARTÍCULO 184.- Liquidador. El liquidador debe ser designado por la asamblea

extraordinaria y de acuerdo a lo establecido en el estatuto, excepto en casos especiales

en que procede la designación judicial o por la autoridad de contralor. Puede

designarse más de uno, estableciéndose su actuación conjunta o como órgano

colegiado.

La disolución y el nombramiento del liquidador deben inscribirse y publicarse.

ARTÍCULO 185.- Procedimiento de liquidación. El procedimiento de liquidación se

rige por las disposiciones del estatuto y se lleva a cabo bajo la vigilancia del órgano de

fiscalización.

Cualquiera sea la causal de disolución, el patrimonio resultante de la liquidación

no se distribuye entre los asociados. En todos los casos debe darse el destino previsto

en el estatuto y, a falta de previsión, el remanente debe destinarse a otra asociación

civil domiciliada en la República de objeto igual o similar a la liquidada.

ARTÍCULO 186.- Normas supletorias. Se aplican supletoriamente las disposiciones

sobre sociedades comerciales en lo pertinente.



SIMPLES ASOCIACIONES



Simples asociaciones

ARTÍCULO 187.- Forma del acto constitutivo. El acto constitutivo de la simple

asociación debe ser otorgado por escritura pública o por instrumento privado con firma

certificada por escribano público. Al nombre debe agregársele, antepuesto o pospuesto,

el aditamento "simple asociación" o "asociación simple".

ARTÍCULO 188.- Ley aplicable. Reenvío. Las simples asociaciones se rigen en cuanto

a su acto constitutivo, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y

funcionamiento por lo dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones

especiales de este Capítulo.

ARTÍCULO 189.- Existencia. La simple asociación comienza su existencia como

persona jurídica a partir de la fecha del acto constitutivo.

ARTÍCULO 190.- Prescindencia de órgano de fiscalización. Las simples

asociaciones con menos de VEINTE (20) asociados pueden prescindir del órgano de

fiscalización; subsiste la obligación de certificación de sus estados contables.

Si se prescinde del órgano de fiscalización, todo miembro, aun excluido de la

gestión, tiene derecho a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus

libros y registros. La cláusula en contrario se tiene por no escrita.

ARTÍCULO 191.- Insolvencia. En caso de insuficiencia de los bienes de la asociación

simple, el administrador y todo miembro que administra de hecho los asuntos de la

asociación es solidariamente responsable de las obligaciones de la simple asociación

que resultan de decisiones que han suscripto durante su administración.

Los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados

al pago de las deudas de la asociación, sino después de haber satisfecho a sus

acreedores individuales.

ARTÍCULO 192.- Responsabilidad de los miembros. El fundador o asociado que no

intervino en la administración de la simple asociación no está obligado por las deudas

de ella, sino hasta la concurrencia de la contribución prometida o de las cuotas

impagas.

.



FUNDACIONES


CAPÍTULO 3

Fundaciones

SECCIÓN 1ª

Concepto, objeto, modo de constitución y patrimonio

ARTÍCULO 193.- Concepto. Las fundaciones son personas jurídicas que se

constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte

patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posibles sus fines.

Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante

instrumento público y solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar.

Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto

de última voluntad.

ARTÍCULO 194.- Patrimonio inicial. Un patrimonio inicial que posibilite

razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos estatutariamente es requisito

indispensable para obtener la autorización estatal. A estos efectos, además de los

bienes donados efectivamente en el acto constitutivo, se tienen en cuenta los que

provengan de compromisos de aportes de integración futura, contraídos por los

fundadores o terceros.

Sin perjuicio de ello, la autoridad de contralor puede resolver favorablemente los

pedidos de autorización si de los antecedentes de los fundadores o de los servidores de

la voluntad fundacional comprometidos por la entidad a crearse, y además de las

características del programa a desarrollar, resulta la aptitud potencial para el

cumplimiento de los objetivos previstos en los estatutos.

SECCIÓN 2ª

Constitución y autorización

ARTÍCULO 195.- Estatuto. El instrumento público que crea la fundación debe ser

otorgado por el o los fundadores o apoderado con poder especial, si se lo hace por acto

entre vivos; o por el autorizado por el juez del sucesorio, si lo es por disposición de

última voluntad.

El instrumento debe ser presentado ante la autoridad de contralor para su

aprobación, y contener:

a) los siguientes datos del o de los fundadores:

i) cuando se trate de personas humanas, su nombre, edad, estado civil,

nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad y, en su caso, el

de los apoderados o autorizados;

ii) cuando se trate de personas jurídicas, la razón social o denominación y el

domicilio, acreditándose la existencia de la entidad fundadora, su inscripción registral y

la representación de quienes comparecen por ella;

En cualquier caso, cuando se invoca mandato debe dejarse constancia del

documento que lo acredita;

b) nombre y domicilio de la fundación;

c) designación del objeto, que debe ser preciso y determinado;

d) patrimonio inicial, integración y recursos futuros, lo que debe ser expresado en

moneda nacional;

e) plazo de duración;

f) organización del consejo de administración, duración de los cargos, régimen de

reuniones y procedimiento para la designación de sus miembros;

g) cláusulas atinentes al funcionamiento de la entidad;

h) procedimiento y régimen para la reforma del estatuto;

i) fecha del cierre del ejercicio anual;

j) cláusulas de disolución y procedimiento atinentes a la liquidación y destino de los

bienes;

k) plan trienal de acción.

En el mismo instrumento se deben designar los integrantes del primer consejo de

administración y las personas facultadas para gestionar la autorización para funcionar.

ARTÍCULO 196.- Aportes. El dinero en efectivo o los títulos valores que integran el

patrimonio inicial deben ser depositados durante el trámite de autorización en el banco

habilitado por la autoridad de contralor de la jurisdicción en que se constituye la

fundación. Los aportes no dinerarios deben constar en un inventario con sus

respectivas valuaciones, suscripto por contador público nacional.

ARTÍCULO 197.- Promesas de donación. Las promesas de donación hechas por los

fundadores en el acto constitutivo son irrevocables a partir de la resolución de la

autoridad de contralor que autorice a la entidad para funcionar como persona jurídica.

Si el fundador fallece después de firmar el acto constitutivo, las promesas de donación

no podrán ser revocadas por sus herederos, a partir de la presentación a la autoridad

de contralor solicitando la autorización para funcionar como persona jurídica.

ARTÍCULO 198.- Cumplimiento de las promesas. La fundación constituida tiene todas

las acciones legales para demandar por el cumplimiento de las promesas de donación

hechas a su favor por el fundador o por terceros, no siéndoles oponible la defensa

vinculada a la revocación hecha antes de la aceptación, ni la relativa al objeto de la

donación si constituye todo el patrimonio del donante o una parte indivisa del él, o si el

donante no tenía la titularidad dominial de lo comprometido.

ARTÍCULO 199.- Planes de acción. Con la solicitud de otorgamiento de personería

jurídica deben acompañarse los planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer

trienio, con indicación precisa de la naturaleza, características y desarrollo de las

actividades necesarias para su cumplimiento, como también las bases presupuestarias

para su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer lo inherente al trienio

subsiguiente, con idénticas exigencias.

ARTÍCULO 200.- Responsabilidad de los fundadores y administradores durante la

etapa de gestación. Los fundadores y administradores de la fundación son

solidariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas hasta el

momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Los bienes personales de

cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas sólo después de haber

sido satisfechos sus acreedores individuales.

SECCIÓN 3ª

Gobierno y administración

ARTÍCULO 201.- Consejo de administración. El gobierno y administración de las

fundaciones está a cargo de un consejo de administración, integrado por un mínimo de

TRES (3) personas humanas. Tiene todas las facultades necesarias para el

cumplimiento del objeto de la fundación, dentro de las condiciones que establezca el

estatuto.

ARTÍCULO 202.- Derecho de los fundadores. Los fundadores pueden reservarse por

disposición expresa del estatuto la facultad de ocupar cargos en el consejo de

administración, así como también la de designar los consejeros cuando se produzca el

vencimiento de los plazos de designación o la vacancia de alguno de ellos.

ARTÍCULO 203.- Designación de los consejeros. La designación de los integrantes

del consejo de administración puede además ser conferida a instituciones públicas y a

entidades privadas sin fines de lucro.

ARTÍCULO 204.- Carácter de los consejeros. Los miembros del consejo de

administración pueden ser permanentes o temporarios. El estatuto puede establecer

que determinadas decisiones requieran siempre el voto favorable de los primeros, como

que también quede reservada a éstos la designación de los segundos.

ARTÍCULO 205.- Comité ejecutivo. El estatuto puede prever la delegación de

facultades de administración y gobierno a favor de un comité ejecutivo integrado por

miembros del consejo de administración o por terceros, el cual debe ejercer sus

funciones entre los períodos de reunión del consejo, y con rendición de cuentas a él.

Puede también delegar facultades ejecutivas en una o más personas humanas, sean o

no miembros del consejo de administración.

De acuerdo con la entidad de las labores encomendadas, el estatuto puede

prever alguna forma de retribución pecuniaria a favor de los miembros del comité

ejecutivo.

ARTÍCULO 206.- Carácter honorario del cargo. Los miembros del consejo de

administración no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, excepto el

reembolso de gastos, siendo su cometido de carácter honorario.

ARTÍCULO 207.- Reuniones, convocatorias, mayorías, decisiones y actas. El

estatuto debe prever el régimen de reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo

de administración, y en su caso, del comité ejecutivo si es pluripersonal, así como el

procedimiento de convocatoria. El quórum debe ser el de la mitad más uno de sus

integrantes. Debe labrarse en libro especial acta de las deliberaciones de los entes

mencionados, en la que se resuma lo que resulte de cada convocatoria con todos los

detalles más relevantes de lo actuado.

Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de los miembros

presentes, excepto que la ley o el estatuto requieran mayorías calificadas. En caso de

empate, el presidente del consejo de administración o del comité ejecutivo tiene doble

voto.

ARTÍCULO 208.- Quórum especial. Las mayorías establecidas en el artículo anterior

no se requieren para la designación de nuevos integrantes del consejo de

“2012 – Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO”

administración cuando su concurrencia se ha tornado imposible.

ARTÍCULO 209.- Remoción del consejo de administración. Los miembros del

consejo de administración pueden ser removidos con el voto de por lo menos las dos

terceras partes de los integrantes del cuerpo. El estatuto puede prever la caducidad

automática de los mandatos por ausencias injustificadas y reiteradas a las reuniones

del consejo.

ARTÍCULO 210.- Acefalía del consejo de administración. Cuando existan cargos

vacantes en el consejo de administración en grado tal que su funcionamiento se torne

imposible, y no pueda tener lugar la designación de nuevos miembros conforme al

estatuto, o éstos rehusen aceptar los cargos, la autoridad de contralor debe proceder a

reorganizar la administración de la fundación, a designar sus nuevas autoridades, y a

modificar el estatuto en las partes pertinentes.

ARTÍCULO 211.- Derechos y obligaciones de los integrantes del consejo de

administración. Los integrantes del consejo de administración se rigen, respecto de

sus derechos y obligaciones, por la ley, por las normas reglamentarias en vigor, por los

estatutos, y, subsidiariamente, por las reglas del mandato. En caso de violación por su

parte de normas legales, reglamentarias o estatutarias, son pasibles de la acción por

responsabilidad que pueden promover tanto la fundación como la autoridad de

contralor, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa y las medidas que esta

última pueda adoptar respecto de la fundación y de los integrantes del consejo.

ARTÍCULO 212.- Contrato con el fundador o sus herederos. Todo contrato entre la

fundación y los fundadores o sus herederos, con excepción de las donaciones que

éstos hacen a aquélla, debe ser sometido a la aprobación de la autoridad de contralor, y

es ineficaz de pleno derecho sin esa aprobación. Esta norma se aplica a toda

resolución del consejo de administración que directa o indirectamente origina en favor

del fundador o sus herederos un beneficio que no está previsto en el estatuto.

ARTÍCULO 213.- Destino de los ingresos. Las fundaciones deben destinar la mayor

parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines. La acumulación de fondos debe

llevarse a cabo únicamente con objetos precisos, tales como la formación de un capital

suficiente para el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura, siempre

relacionados al objeto estatutariamente previsto. En estos casos debe informarse a la

autoridad de contralor, en forma clara y concreta, sobre esos objetivos buscados y la

factibilidad material de su cumplimiento. De igual manera, las fundaciones deben

informar de inmediato a la autoridad de contralor la realización de gastos que importen

una disminución apreciable de su patrimonio.

SECCIÓN 4ª

Información y contralor

ARTÍCULO 214.- Deber de información. Las fundaciones deben proporcionar a la

autoridad de contralor de su jurisdicción toda la información que ella les requiera.

ARTÍCULO 215.- Colaboración de las reparticiones oficiales. Las reparticiones

oficiales deben suministrar directamente a la autoridad de contralor la información y

asesoramiento que ésta les requiera para una mejor apreciación de los programas

proyectados por las fundaciones.

SECCIÓN 5ª

Reforma del estatuto y disolución

ARTÍCULO 216.- Mayoría necesaria. Cambio de objeto. Excepto disposición contraria

del estatuto, las reformas requieren por lo menos el voto favorable de la mayoría

absoluta de los integrantes del consejo de administración y de los dos tercios en los

supuestos de modificación del objeto, fusión con entidades similares y disolución. La

modificación del objeto sólo es procedente cuando lo establecido por el fundador ha

llegado a ser de cumplimiento imposible.

ARTÍCULO 217.- Destino de los bienes. En caso de disolución, el remanente de los

bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de

carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o de bien común, que no tenga fin

de lucro y que esté domiciliada en la República. Esta disposición no se aplica a las

fundaciones extranjeras.

Las decisiones que se adopten en lo relativo al traspaso del remanente de los

bienes requieren la previa aprobación de la autoridad de contralor.

ARTÍCULO 218.- Revocación de las donaciones. La reforma del estatuto o la

disolución y traspaso de los bienes de la fundación, motivados por cambios en las

circunstancias que hayan tornado imposible el cumplimiento de su objeto conforme a lo

previsto al tiempo de la creación del ente y del otorgamiento de su personería jurídica,

no da lugar a la acción de revocación de las donaciones por parte de los donantes o

sus herederos, a menos que en el acto de celebración de tales donaciones se haya

establecido expresamente como condición resolutoria el cambio de objeto.

SECCIÓN 6ª

Fundaciones creadas por disposición testamentaria

ARTÍCULO 219.- Intervención del Ministerio Público. Si el testador dispone de

bienes con destino a la creación de una fundación, incumbe al Ministerio Público

asegurar la efectividad de su propósito, en forma coadyuvante con los herederos y el

albacea testamentario, si lo hubiera.

ARTÍCULO 220.- Facultades del juez. Si los herederos no se ponen de acuerdo entre

sí o con el albacea en la redacción del estatuto y del acta constitutiva, las diferencias

son resueltas por el juez de la sucesión, previa vista al Ministerio Público y a la

autoridad de contralor.

SECCIÓN 7ª

Autoridad de contralor

ARTÍCULO 221.- Atribuciones. La autoridad de contralor aprueba los estatutos de la

fundación y su reforma; fiscaliza su funcionamiento y el cumplimiento de las

disposiciones legales y estatutarias a que se halla sujeta, incluso la disolución y

liquidación.

ARTÍCULO 222.- Otras facultades. Además de las atribuciones señaladas en otras

disposiciones de este Código, corresponde a la autoridad de contralor:

a) solicitar de las autoridades judiciales la designación de administradores interinos de

las fundaciones cuando no se llenan las vacantes de sus órganos de gobierno con

perjuicio del desenvolvimiento normal de la entidad o cuando carecen temporariamente

de tales órganos;

b) suspender, en caso de urgencia, el cumplimiento de las deliberaciones o

resoluciones contrarias a las leyes o los estatutos, y solicitar a las autoridades judiciales

la nulidad de esos actos;

c) solicitar a las autoridades la suspensión o remoción de los administradores que

hubieran violado los deberes de su cargo, y la designación de administradores

provisorios;

d) convocar al consejo de administración a petición de alguno de sus miembros, o

cuando se compruebe la existencia de irregularidades graves.

ARTÍCULO 223.- Cambio de objeto, fusión y coordinación de actividades.

Corresponde también a la autoridad de contralor:

a) fijar el nuevo objeto de la fundación cuando el establecido por el o los fundadores es

de cumplimiento imposible o ha desaparecido, procurando respetar en la mayor medida

posible la voluntad de aquéllos. En tal caso, tiene las atribuciones necesarias para

modificar los estatutos de conformidad con ese cambio;

b) disponer la fusión o coordinación de actividades de DOS (2) o más fundaciones

cuando se den las circunstancias señaladas en el inciso anterior, o cuando la

multiplicidad de fundaciones de objeto análogo hacen aconsejable la medida para su

mejor desenvolvimiento y sea manifiesto el mayor beneficio público.

ARTÍCULO 224.- Recursos. Las decisiones administrativas que denieguen la

autorización para la constitución de la fundación o retiren la personería jurídica

acordada pueden recurrirse judicialmente en los casos de ilegitimidad y arbitrariedad.

Igual recurso cabe si se trata de fundación extranjera y se deniegue la

aprobación requerida por ella o, habiendo sido concedida, sea luego revocada.

El recurso debe sustanciar con arreglo al trámite más breve que rija en la

jurisdicción que corresponda, por ante el tribunal de apelación con competencia en lo

civil, correspondiente al domicilio de la fundación.

Los órganos de la fundación pueden deducir igual recurso contra las

resoluciones que dicte la autoridad de contralor en la situación prevista en el inciso b)

del artículo precedente.




CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES




Contabilidad y estados contables

ARTÍCULO 320.- Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad todas

las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada

o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios.

Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la

habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta

misma Sección.

Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las

obligaciones previstas en esta Sección las personas humanas que desarrollan

profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u

organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la

transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están

comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas

de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta

inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local.

ARTÍCULO 321.- Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada

sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de

los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las

operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos

deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en

forma metódica y que permita su localización y consulta.

ARTÍCULO 322.- Registros indispensables. Son registros indispensables, los

siguientes:

a) diario;

b) inventario y balances;

c) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de

contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar;

d) los que en forma especial impone este Código u otras leyes.

ARTÍCULO 323.- Libros. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la

utilización de libros y debe presentarlos, debidamente encuadernados, para su

individualización en el Registro Público correspondiente.

Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota fechada y firmada

de su destino, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios

que contiene.

El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública, de las

personas que solicitan rubricación de libros o autorización para llevar los registros

contables de otra forma, de la que surgen los libros que les fueron rubricados y, en su

caso, de las autorizaciones que se les confieren.

ARTÍCULO 324.- Prohibiciones. Se prohíbe:

a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos;

b) dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los

asientos;

c) interlinear, raspar, emendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben

salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o

el error;

d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura;

e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones.

ARTÍCULO 325.- Forma de llevar los registros. Los libros y registros contables deben

ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido

debidamente salvada. También deben llevarse en idioma y moneda nacional.

Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la

situación patrimonial, su evolución y sus resultados.

Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su

titular.

ARTÍCULO 326.- Estados contables. Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad

obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables, que comprenden como

mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben

asentarse en el registro de inventarios y balances.

ARTÍCULO 327.- Diario. En el Diario se deben registrar todas las operaciones relativas

a la actividad de la persona que tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o en

registros resumidos que cubran períodos de duración no superiores al mes. Estos

resúmenes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en subdiarios, los que

deben ser llevados en las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y

325.

El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del sistema de

registraciones contables integra el Diario y deben cumplirse las formalidades

establecidas para el mismo.

ARTÍCULO 328.- Conservación. Excepto que leyes especiales establezcan plazos

superiores, deben conservarse por DIEZ (10) años:

a) los libros, contándose el plazo desde el último asiento;

b) los demás registros, desde la fecha de la última anotación practicada sobre los

mismos;

c) los instrumentos respaldatorios, desde su fecha.

Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos

en la forma prevista en el artículo 331, hasta que se cumplan los plazos indicados

anteriormente.

ARTÍCULO 329.- Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autorización

del Registro Público de su domicilio:

a) sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus

formalidades, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o

electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las

correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación;

b) conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para

ese fin.

La petición que se formule al Registro Público debe contener una adecuada

descripción del sistema, con dictamen técnico de Contador Público e indicación de los

antecedentes de su utilización. Una vez aprobado, el pedido de autorización y la

respectiva resolución del organismo de contralor, deben transcribirse en el libro de

Inventarios y Balances.

“2012 – Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO”

La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes,

en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita.

ARTÍCULO 330.- Eficacia probatoria. La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en  la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio de prueba.

Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no

estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. El adversario no puede

aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que

habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que

presenten todos los registros relativos al punto cuestionado.

La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva, cuando

en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, éste no

presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular.

Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de

exigir, si lo considera necesario, otra supletoria.

Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y

unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez

debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás

probanzas que se presentan.

Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva

voluntariamente, ésta sólo sirve como principio de prueba de acuerdo con las

circunstancias del caso.

La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible.

ARTÍCULO 331.- Investigaciones. Excepto los supuestos previstos en leyes

especiales, ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de oficio

para inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho.

La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo

325, aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez que la ordena.

La exhibición general de registros o libros contables sólo puede decretarse a

instancia de parte en los juicios de sucesión, todo tipo de comunión, contrato asociativo

o sociedad, administración por cuenta ajena y en caso de liquidación, concurso o

quiebra. Fuera de estos casos únicamente puede requerirse la exhibición de registros o

libros en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida de que se trata, así como

para establecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas y condiciones

establecidas en los artículos 323,324 y 325.





DONACIONES



CAPÍTULO 22

Donación

SECCIÓN 1ª

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1542.- Concepto. Hay donación cuando una parte se obliga a transferir

gratuitamente una cosa a otra, y ésta lo acepta.

ARTÍCULO 1543.- Aplicación subsidiaria. Las normas de este Capítulo se aplican

subsidiariamente a los demás actos jurídicos a título gratuito.

ARTÍCULO 1544.- Actos mixtos. Los actos mixtos, en parte onerosos y en parte

gratuitos, se rigen en cuanto a su forma por las disposiciones de este Capítulo; en

cuanto a su contenido, por éstas en la parte gratuita y por las correspondientes a la

naturaleza aparente del acto en la parte onerosa.

ARTÍCULO 1545.- Aceptación. La aceptación puede ser expresa o tácita, pero es de

interpretación restrictiva y está sujeta a las reglas establecidas respecto a la forma de

las donaciones. Debe producirse en vida del donante y del donatario.

Artículo 1546.- Donación bajo condición. Están prohibidas las donaciones hechas

bajo la condición suspensiva de producir efectos a partir del fallecimiento del donante.

ARTÍCULO 1547.- Oferta conjunta. Si la donación es hecha a varias personas

solidariamente, la aceptación de uno o algunos de los donatarios se aplica a la

donación entera.

Si la aceptación de unos se hace imposible por su muerte, o por

revocación del donante respecto de ellos, la donación entera se debe aplicar a los que

la aceptaron.

ARTÍCULO 1548.- Capacidad para donar. Pueden donar solamente las personas que

tienen plena capacidad de disponer de sus bienes. Las personas menores

emancipadas pueden hacerlo con la limitación del inciso b) del artículo 28.

ARTÍCULO 1549.- Capacidad para aceptar donaciones. Para aceptar donaciones se

requiere ser capaz. Si la donación es a una persona incapaz, la aceptación debe ser

hecha por su representante legal; si el donante fuese el representante legal, se designa

un tutor especial. Si la donación es con cargo, se requiere autorización judicial.

ARTÍCULO 1550.- Tutores y curadores. Los tutores y curadores no pueden recibir

donaciones de quienes han estado bajo su tutela o curatela antes de la rendición de

cuentas y pago de cualquier suma que hayan quedado adeudándoles.

ARTÍCULO 1551.- Objeto. La donación no puede tener por objeto la totalidad del

patrimonio del donante, ni una alícuota de él, ni cosas determinadas de las que no

tenga el dominio al tiempo de contratar. Si comprende cosas que forman todo el

patrimonio del donante o una parte sustancial de éste, sólo es válida si el donante se

reserva su usufructo, o si cuenta con otros medios suficientes para su subsistencia.

ARTÍCULO 1552.- Forma. Deben ser hechas en escritura pública, bajo pena de

nulidad, las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de

prestaciones periódicas o vitalicias.

ARTÍCULO 1553.- Donaciones al Estado. Las donaciones al Estado pueden ser

ARTÍCULO 1554.- Donación manual. Las donaciones de cosas muebles no

registrables y de títulos al portador deben hacerse por la tradición del objeto donado.

SECCIÓN 2ª

Efectos

ARTÍCULO 1555.- Entrega. El donante debe entregar la cosa desde que ha sido

constituido en mora. En caso de incumplimiento o mora, sólo responde por dolo.

ARTÍCULO 1556.- Garantía por evicción. El donante sólo responde por evicción en los

siguientes casos:

a) si expresamente ha asumido esa obligación;

b) si la donación se ha hecho de mala fe, sabiendo el donante que la cosa donada no

era suya e ignorándolo el donatario;

c) si la evicción se produce por causa del donante;

d) si las donaciones son mutuas, remuneratorias o con cargo.

ARTÍCULO 1557.- Alcance de la garantía. La responsabilidad por la evicción obliga al

donante a indemnizar al donatario los gastos en que éste ha incurrido por causa de la

donación. Si ésta es mutua, remuneratoria o con cargo, el donante debe reembolsarle

además el valor de la cosa por él recibida, lo gastado en el cumplimiento del cargo, o

retribuir los servicios recibidos, respectivamente.

Si la evicción proviene de un hecho posterior a la donación imputable al

donante, éste debe indemnizar al donatario los daños ocasionados.

Cuando la evicción es parcial, el resarcimiento se reduce

proporcionalmente.

ARTÍCULO 1558.- Vicios ocultos. El donante sólo responde por los vicios ocultos de la

cosa donada si hubo dolo de su parte, caso en el cual debe reparar al donatario los

daños ocasionados.

ARTÍCULO 1559.- Obligación de alimentos. Excepto que la donación sea onerosa, el

donatario debe prestar alimentos al donante que no tenga medios de subsistencia.

Puede liberarse de esa obligación restituyendo las cosas donadas o su valor si las ha

enajenado.

SECCIÓN 3ª

Algunas donaciones en particular

ARTÍCULO 1560.- Donaciones mutuas. En las donaciones mutuas, la nulidad de una

de ellas afecta a la otra, pero la ingratitud o el incumplimiento de los cargos sólo

perjudican al donatario culpable.

ARTÍCULO 1561.- Donaciones remuneratorias. Son donaciones remuneratorias las

realizadas en recompensa de servicios prestados al donante por el donatario,

apreciables en dinero y por los cuales el segundo podría exigir judicialmente el pago. La

donación se juzga gratuita si no consta en el instrumento lo que se tiene en mira

remunerar.

ARTÍCULO 1562.- Donaciones con cargos. En las donaciones se pueden imponer

cargos a favor del donante o de un tercero, sean ellos relativos al empleo o al destino

de la cosa donada, o que consistan en una o más prestaciones.

Si el cargo se ha estipulado en favor de un tercero, éste, el donante y sus

herederos pueden demandar su ejecución; pero sólo el donante y sus herederos

pueden revocar la donación por inejecución del cargo.

Si el tercero ha aceptado el beneficio representado por el cargo, en caso

de revocarse el contrato tiene derecho para reclamar del donante o, en su caso, de sus

herederos, el cumplimiento del cargo, sin perjuicio de sus derechos contra el donatario.

ARTÍCULO 1563.- Responsabilidad del donatario por los cargos. El donatario sólo

responde por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada, y hasta su valor si la

ha enajenado o ha perecido por hecho suyo. Queda liberado si la cosa ha perecido sin

su culpa.

Puede también sustraerse a esa responsabilidad restituyendo la cosa

donada, o su valor si ello es imposible.

ARTÍCULO 1564.- Alcance de la onerosidad. Las donaciones remuneratorias o con

cargo se consideran como actos a título oneroso en la medida en que se limiten a una

equitativa retribución de los servicios recibidos o en que exista equivalencia de valores

entre la cosa donada y los cargos impuestos. Por el excedente se les aplican las

normas de las donaciones.

ARTÍCULO 1565.- Donaciones inoficiosas. Se considera inoficiosa la donación cuyo

valor excede la parte disponible del patrimonio del donante. A este respecto, se aplican

los preceptos de este Código sobre la porción legítima.

SECCIÓN 4ª

Reversión y revocación

ARTÍCULO 1566.- Pacto de reversión. En la donación se puede convenir la reversión

de las cosas donadas, sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el

donatario, o el donatario, su cónyuge y sus descendientes, o el donatario sin hijos,

fallezcan antes que el donante.

Esta cláusula debe ser expresa y sólo puede estipularse en favor del

donante. Si se la incluye en favor de él y de sus herederos o de terceros, sólo vale

respecto de aquél.

Si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin

hijos, la existencia de éstos en el momento del deceso de su padre extingue el derecho

del donante, que no renace aunque éste les sobreviva.

ARTÍCULO 1567.- Efectos. Cumplida la condición prevista para la reversión, el donante

puede exigir la restitución de las cosas transferidas conforme a las reglas del dominio

revocable.

ARTÍCULO 1568.- Renuncia. La conformidad del donante para la enajenación de las

cosas donadas importa la renuncia del derecho de reversión. Pero la conformidad para

que se los grave con derechos reales sólo beneficia a los titulares de estos derechos.

ARTÍCULO 1569.- Revocación. La donación aceptada sólo puede ser revocada por

inejecución de los cargos, por ingratitud del donatario, y, en caso de habérselo

estipulado expresamente, por supernacencia de hijos del donante.

Si la donación es onerosa, el donante debe reembolsar el valor de los

cargos satisfechos o de los servicios prestados por el donatario.

ARTÍCULO 1570.- Incumplimiento de los cargos. La donación puede ser revocada

por incumplimiento de los cargos.

“2012 – Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO”

La revocación no perjudica a los terceros en cuyo beneficio se establecen

los cargos.

Los terceros a quienes el donatario transmite bienes gravados con cargos

sólo deben restituirlos al donante, al revocarse la donación, si son de mala fe; pero

pueden impedir los efectos de la revocación ofreciendo ejecutar las obligaciones

impuestas al donatario si las prestaciones que constituyen los cargos no deben ser

ejecutadas precisa y personalmente por aquél. El donatario que enajena los bienes

donados, o imposibilita su devolución por su culpa, debe resarcir al donante el valor de

las cosas donadas al tiempo de promoverse la acción de revocación, con sus intereses.

ARTÍCULO 1571.- Ingratitud. Las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud del

donatario en los siguientes casos:

a) si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su cónyuge, sus

ascendientes o descendientes;

b) si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor;

c) si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio;

d) si rehúsa alimentos al donante.

En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al donatario le es

imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal.

ARTÍCULO 1572.- Negación de alimentos. La revocación de la donación por negación

de la prestación de alimentos sólo puede tener lugar cuando el donante no puede

obtenerlos de las personas obligadas por las relaciones de familia.

ARTÍCULO 1573.- Legitimación activa. La revocación de la donación por ingratitud

sólo puede ser demandada por el donante contra el donatario, y no por los herederos

de aquél ni contra los herederos de éste. Fallecido el donante que promueve la

demanda, la acción puede ser continuada por sus herederos; y fallecido el demandado,

puede también ser continuada contra sus herederos.

La acción se extingue si el donante, con conocimiento de causa, perdona

al donatario o no la promueve dentro del plazo de caducidad de UN (1) año de haber

sabido del hecho tipificador de la ingratitud.




MANDATO (NORMAS BASICAS PARA ACTUACION DIRECTIVOS)


Mandato

ARTÍCULO 1319.- Definición. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a

realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra.

El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una

persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo

hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato

implica su aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella.

ARTÍCULO 1320.- Representación. Si el mandante confiere poder para ser

representado, le son aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes.

Aun cuando el mandato no confiera poder de representación, se aplican las

disposiciones citadas a las relaciones entre mandante y mandatario, en todo lo que no

resulten modificadas en este Capítulo.

ARTÍCULO 1321.- Mandato sin representación. Si el mandante no otorga poder de

representación, el mandatario actúa en nombre propio pero en interés del mandante,

quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni éste respecto del

mandante. El mandante puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario

contra el tercero, e igualmente el tercero en las acciones que pueda ejercer el

mandatario contra el mandante.

ARTÍCULO 1322.- Onerosidad. El mandato se presume oneroso. A falta de acuerdo

sobre la retribución, la remuneración es la que establecen las disposiciones legales o

reglamentarias aplicables, o el uso. A falta de ambos, debe ser determinada por el juez.

ARTÍCULO 1323.- Capacidad. El mandato puede ser conferido a una persona incapaz,

pero ésta puede oponer la nulidad del contrato si es demandado por inejecución de las

obligaciones o por rendición de cuentas, excepto la acción de restitución de lo que se

ha convertido en provecho suyo.

ARTÍCULO 1324.- Obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a:

a) cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las instrucciones dadas

por el mandante y a la naturaleza del negocio que constituye su objeto, con el

cuidado que pondría en los asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas

de su profesión, o por los usos del lugar de ejecución;

b) dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que

razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, requiriendo

nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar las medidas

indispensables y urgentes;

c) informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda otra

circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato;

d) mantener en reserva toda información que adquiera con motivo del mandato que,

por su naturaleza o circunstancias, no está destinada a ser divulgada;

e) dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del mandato, y

ponerlo a disposición de aquél;

f) rendir cuenta de su gestión en las oportunidades convenidas o a la extinción del

mandato;

g) entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio, con los intereses

moratorios, de las sumas de dinero que haya utilizado en provecho propio;

h) informar en cualquier momento, a requerimiento del mandante, sobre la ejecución

del mandato;

i) exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la gestión

encomendada, y entregarle la que corresponde según las circunstancias.

Si el negocio encargado al mandatario fuese de los que, por su oficio o su

modo de vivir, acepta él regularmente, aun cuando se excuse del encargo, debe tomar

las providencias conservatorias urgentes que requiera el negocio que se le

encomienda.

ARTÍCULO 1325.- Conflicto de intereses. Si media conflicto de intereses entre el

mandante y el mandatario, éste debe posponer los suyos en la ejecución del mandato,

o renunciar.

La obtención, en el desempeño del cargo, de un beneficio no autorizado

por el mandante, hace perder al mandatario su derecho a la retribución.

ARTÍCULO 1326.- Mandato a varias personas. Si el mandato se confiere a varias

personas sin estipular expresamente la forma o el orden de su actuación, se entiende

que pueden desempeñarse conjunta o separadamente.

ARTÍCULO 1327.- Sustitución del mandato. El mandatario puede sustituir en otra

persona la ejecución del mandato y es responsable de la elección del sustituto, excepto

cuando lo haga por indicación del mandante. En caso de sustitución, el mandante tiene

la acción directa contra el sustituto prevista en los arts. 736 y concordantes., pero no

está obligado a pagarle retribución si la sustitución no era necesaria. El mandatario

responde directamente por la actuación del sustituto cuando no fue autorizado a

sustituir, o cuando la sustitución era innecesaria para la ejecución del mandato.

ARTÍCULO 1328.- Obligaciones del mandante. El mandante está obligado a:

a) suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y

compensarle, en cualquier momento que le sea requerido, todo gasto razonable en

que haya incurrido para ese fin;

b) indemnizar al mandatario los daños que sufra como consecuencia de la ejecución

del mandato, no imputables al propio mandatario;

c) liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros, proveyéndole de

los medios necesarios para ello;

d) abonar al mandatario la retribución convenida. Si el mandato se extingue sin culpa

del mandatario, debe la parte de la retribución proporcionada al servicio cumplido;

pero si el mandatario ha recibido un adelanto mayor de lo que le corresponde, el

mandante no puede exigir su restitución.

ARTÍCULO 1329.- Extinción del mandato. El mandato se extingue:

a) por el transcurso del plazo por el que fue otorgado, o por el cumplimiento de la

condición resolutoria pactada;

b) por la ejecución del negocio para el cual fue dado;

c) por la revocación del mandante;

d) por la renuncia del mandatario;

e) por la muerte o incapacidad del mandante o del mandatario.

ARTÍCULO 1330.- Mandato irrevocable. El mandato puede convenirse expresamente

como irrevocable en los casos del inciso c) del artículo 380.

El mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante es

nulo si no puede valer como disposición de última voluntad.

ARTÍCULO 1331.- Revocación. La revocación sin justa causa del mandato otorgado

por tiempo o asunto determinado obliga al mandante a indemnizar los daños causados;

si el mandato fue dado por plazo indeterminado, el mandante debe dar aviso adecuado

a las circunstancias o, en su defecto, indemnizar los daños que cause su omisión.

ARTÍCULO 1332.- Renuncia. La renuncia intempestiva y sin causa justificada del

mandatario obliga a indemnizar los daños que cause al mandante.

ARTÍCULO 1333.- Muerte o incapacidad del mandatario y del mandante. Producida

la muerte o incapacidad del mandatario, sus herederos, representantes o asistentes

que tengan conocimiento del mandato deben dar pronto aviso al mandante y tomar en

interés de éste las medidas que sean requeridas por las circunstancias.

Si se produce la muerte o incapacidad del mandante, el mandatario debe

ejecutar los actos de conservación si hay peligro en la demora, excepto instrucciones

expresas en contrario de los herederos o representantes.

ARTÍCULO 1334.- Rendición de cuentas. La rendición de cuentas por el mandatario

debe ser en las condiciones previstas en los artículos 858 y siguientes acompañada de

toda la documentación relativa a su gestión. Excepto estipulación en contrario, las

cuentas deben rendirse en el domicilio del mandatario y los gastos que generan son a

cargo del mandante.



OTROS TEMAS RELACIONADOS CON SOCIEDADES


Conjuntos Inmobiliarios  (2073 a 2086)

Concesiones y Franquicias (1502 a 1524)

Contratos de Fideicomiso (1566 a 1707)

Contratos de Uniones Transitorias y Consorcios de Cooperación (1463 a 1478)



---------------------------------------



INTRODUCCION GENERAL


TITULOS PRINCIPALES





QUE ES ACTUACION PROFESIONAL



LOS TRES SECTORES DE LA ECONOMIA



ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO



CONIDICONES DE FONDO (BIEN COMUN-SIN FIN DE LUCRO)



REQUISITOS FORMALES (PJ-INSCRIPCIONES-CERTIFICADOS-DDJJ-OTRAS)



HISTORIA



MARCO NORMATIVO  (GENERAL Y ESPECIFICO)



CLASIFICACIONES (TIPO JURIDICO-ACTIVIDAD-FUNDADOR-GRUPO CONTROLANTE)



ORGANISMOS OFICIALES DE CONTROL



APENDICE NORMATIVO (CN – CC – LEYES ESPECIFICAS – IGJ – INAES – OTROS)




………………………………………………………….





FUNDACIONES



QUE ES UNA FUNDACION.


  • Una  Persona Jurídica de carácter privado (Ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones con autorización del Estado para funcionar).


  • Cuyo principal objeto es el “bien común”.


  • Sin fines de lucro.


  • Constituida por una o mas personas (personas físicas, empresas, otra entidad sin fines de lucro, el Estad.).


  • No debe subsistir exclusivamente de asignaciones del Estado.


  • Los fundadores aportarán un patrimonio inicial (denominado “patrimonio de afectación” para cumplir una finalidad de bien común determinada).


  • No tiene asociados.  En las fundaciones actúan los fundadores o quienes éstos designen, terceros patrocinantes y voluntarios, pero ninguno de ellos tiene carácter de asociado.


  • Los fundadores pueden reservarse en forma permanente, en clausulas estatutarias,  el derecho de elegir a los órganos directivos a efectos de asegurarse el control de la entidad.


  • Donaciones:  las donaciones de fundadores,  patrocinantes y terceros en general, habitualmente son el ingreso principal de las Fundaciones.  Al tener esta posibilidad de recibir fondos de terceros,  también tiene la obligación de destinarlos a las finalidades de bien común para las cuales fue creada y el Estado se reserva el poder de controlar esta situación y para ello son fiscalizadas por la IGJ,  la AFIP y la Dirección de Rentas provincial que le corresponda.


  • Exenciones Tributarias:  las fundaciones tienen importantes exenciones impositivas otorgadas por el Estado Nacional y Provincial para promover sus actividades comunitarias. Para acceder a este beneficio deberá cumplir con requisitos de fondo y formales establecidos en la legislación tributaria.
  • Tipos de Fundaciones según el origen de los fundadores y controlantes:



  • Fundador persona física individual


  • Grupo de personas físicas.


  • Empresas privadas.


  • Entidades de bien común.


  • Entidades u Organismos Oficiales


  • Mixtas:  fundador Estado más entidad o empresa privada.


  • Fundaciones de origen extranjero.




Actividades más comunes de las Fundaciones:


  • Filantrópicas de  asistencia social, ayuda a grupos marginados.


  • Servicios de Salud,  prevención de enfermedades y epidemias, investigación.


  • Educativas:  colegios, institutos, universidades.


  • Arte y cultura.


  • Ecología y Medioambiente.


  • Defensa de derechos del consumidor.


  • Actividades políticas.


  • Fundaciones empresarias.


  • Investigación económica y promoción del comercio, industria, exportaciones.





MARCO NORMATIVO


La constitución y funcionamiento de las fundaciones está regulado por:



          Nuevo Código Civil y Comercial , artículos 193 a 224..  y 1542 a 1573 (Donaciones).


          Ley 22315 y Decreto 1493/82 (legislación orgánica de la Inspección General de Justicia).


          IGJ  Resolución 7/2005:  Artículos  344 a 451 y Anexo XV (Estatuto tipo de Fundaciones).



La Fundación no tiene dueños ni asociados ( a diferencia de las Asociaciones Civiles y otras entidades no lucrativas que siempre tienen asociados). Es lo que se denomina PATRIMONIO DE AFECTACION  (Aporte de bienes para un afectados a un fin determinado).  El beneficio de su actividad solidaria estará directamente dirigido a la comunidad en general (en las demás entidades no lucrativas, la actividad solidaria está dirigida en general  a beneficiar simultáneamente a los asociados del ente y  a la comunidad en general).

Los fundadores, luego del acto inicial de creación, no tienen participación en el patrimonio ni son socios de la Fundación,  sin embargo y a efectos de asegurar los objetivos para los cuales fue creada, la ley les otorga la posibilidad de retener, sin límites de tiempo, el control  del gobierno de la entidad, a través de la facultad de controlar durante toda la vida de la entidad, la designación de los integrantes del Consejo de Administración, único órgano de gobierno obligatorio  de las Fundaciones.


Esta decisiva prerrogativa es otorgada a los fundadores para que se aseguren el control por siempre del manejo estratégico de la Fundación para lograr los fines originalmente propuestos, pero de ninguna manera  para que ellos se reserven beneficios económicos personales. Los fundadores, en ningún caso, pueden ser beneficiarios directos o indirectos, a título personal, de las actividades altruistas que llevará a cabo la entidad en cumplimiento de los fines para la cual ha sido creada.




RESUMEN DE CARACTERISTICAS PRINCIPALES



          Entidad privada sin propósito de lucro.

          Constituída para beneficiar a la comunidad en general con alguna actividad altruista dirigida a mejorar algún aspecto de la sociedad.

          No tiene asociados, pero los fundadores (personas físicas o jurídicas) pueden reservarse el control permanente del gobierno para asegurar los fines estatutarios.

          Debe constituirse con un patrimonio más un plan de actividades e ingresos que satisfagan los fines sociales y además no debe depender exclusivamente de subsidios oficiales.

  • Recibe donaciones de sus fundadores, patrocinantes y terceros.


          La Fundación debe solicitar y obtener la autorización del Poder Ejecutivo. La Inspección General de Justicia es el organismo destinado a tal efecto concediendo o rechazando la personería jurídica. Hasta lograr la autorización del P.E. los fundadores son solidariamente responsables por las actividades de la entidad. Luego, al obtener la personería jurídica, el efecto es retroactivo al momento de la constitución y libera totalmente de responsabilidad a los fundadores


BIEN COMUN


Los tratadistas coinciden en que esta expresión tiene por significado:  El  bien de todos.  El  bien de la comunidad.

No es el bien (o beneficio) de los fundadores, autoridades o allegados influyentes de la entidad. Sin embargo la amplitud de la frase “bien de todos” debe entenderse según nuestra opinión, limitada al objeto preciso que tiene la Fundación en sus estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo. Es decir que la entidad contribuye al bien común, al beneficio general, pero actuando en un área específica de la caridad, cultura, educación o cualesquiera de las actividades  en que la comunidad necesita ser ayudada.

Lo que debe quedar claro es que los beneficiarios de las actividades benéficas de la Fundación serán los integrantes de la comunidad en general e impersonal. Nunca esa actividad debe ser dirigida exclusivamente para favorecer directamente a los fundadores, sus autoridades o personas físicas o jurídicas predeterminadas.



SIN PROPOSITO DE LUCRO


La expresión  : “Sin propósito de lucro” merece las siguientes consideraciones:

a)         Las Fundaciones al tener como objeto el Bien Común nunca pueden tener como propósito principal  el mero fin de obtener lucro, es decir: realizar actividades económicas (campañas de recaudación de fondos, prestación de determinados servicios, venta de bienes, etc) únicamente para obtener ganancias (diferencia entre ingresos y costos) y no desarrollar en forma relevante actividades que beneficien a la comunidad.

b)         Tampoco puede realizar actividades lucrativas, exclusivamente dirigidas a beneficiar directa o indirectamente a los fundadores, autoridades o allegados influyentes.

c)         Sin embargo, de ninguna manera le está vedado a la Fundación, realizar actividades económicas con superavit, siempre y cuando el patrimonio y los fondos se destinen íntegramente a las actividades altruistas para las cuales fue creada.

d)        En resúmen: No debe existir en las Fundaciones propósito de lucro como único fin relevante o para beneficiar a los fundadores, autoridades y otros allegados influyentes de la entidad.  Pero podrá realizar actividades económicamente rentables relacionadas con su objeto estatutario y que le permitan obtener los fondos necesarios para su actividad solidaria.




CONSTITUCION


Se presentará en la Inspección General de Justicia la siguiente documentación a fin de obtener la personería jurídica (información textual de la página web de la IGJ):


A) Formulario. Se obtiene desde esta página web, ingresando en "Formularios" y seleccionando el trámite "Autorización para funcionar como persona jurídica". A su vez, si se efectuó la reserva de denominación social y estuviera vigente, presentar el formulario "Reserva de denominación".


B) Dictamen de precalificación profesional conforme al art. 49, inc. 2 del Anexo "A" de la Resolución General I.G.J. Nº 07/05 emitido por escribano público en caso de que el acta constitutiva o fundacional sea instrumentada en escritura pública, o por abogado si se la hiciere en instrumento privado, o si, aunque se emplee escritura pública, el texto de los estatutos consta en instrumento privado separadamente de dicha acta. En cualquiera de ambos casos, se deberá acompañar también dictamen de graduado en ciencias económicas si el patrimonio de la fundación se integrare total o parcialmente con bienes que no sean sumas de dinero.


C) Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original suscripto por el fundador o fundadores e integrantes del consejo de administración que se designen -las firmas deben estar certificadas notarialmente-. El instrumento debe contener la trascripción del acta constitutiva o fundacional, la cual deberá contener:


a) Lugar y fecha cierta de la constitución.


b) Datos personales de los asociados. (Nota del profesor: debe leerse como “Datos personales de los fundadores”)


c) Aprobación de los estatutos. El texto de los mismos puede formar parte del acta o suscribirse por separado. En este último caso la firma del fundador o fundadores debe estar certificada notarialmente.


d)  Elección de autoridades, precisando cargos, datos personales y término de sus mandatos.


e) Manifestación expresa, con carácter de declaración jurada, del fundador o fundadores y de los integrantes del consejo de administración, de que no se hallan afectados por inhabilidades e incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir las calidades de fundador o consejeros, respectivamente.


f)Decisión de solicitar la autorización para funcionar como persona jurídica, autorizando a una o más personas para gestionarla y facultándolas para aceptar las modificaciones que aconseje la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, salvo que por su importancia sea necesaria la decisión de los fundadores.


g) Fijación de la sede social.


D) Demostración del patrimonio:


a) La demostración debe alcanzar el valor mínimo establecido por la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (actualmente es de pesos doce mil -$ 12.000.-).


b)Puede ser acreditado mediante los siguientes medios, conjunta o alternativamente, según la clase de bienes que lo compongan:


b.l.) Bienes que no sean sumas de dinero: estado contable o inventario de bienes certificado por contador público e informe de dicho profesional indicando el contenido de cada uno de los rubros que lo integran y el criterio de valuación utilizado, fundando su procedencia.


b.2.) Sumas de dinero: mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina (cuenta depósitos oficiales - boleta depósitos varios) realizado a nombre de la entidad en formación, para su retiro oportuno por su presidente o persona autorizada una vez que sea otorgada la autorización para funcionar como persona jurídica o bien mediante la manifestación expresa en la escritura pública de constitución, del escribano público autorizante, de que por ante él el fundador o fundadores obligados a la integración del patrimonio inicial, en cumplimiento de dicha obligación, hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese acto y que éstos los reciben de conformidad; podrá igualmente constar que dicha entrega se hace al mismo escribano público autorizante, con cargo a él de entregar los fondos a la administración de la entidad una vez autorizada ésta a funcionar.


E) En caso de haber recibido donaciones o aportes de terceros por montos que superen la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) o el equivalente en especie en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a dicha cifra pero en conjunto la superen, realizados por una o varias personas relacionadas en un período no superior a los TREINTA (30) días, se deberá presentar la Declaración Jurada establecida en el art. 1° de la Resolución General IGJ N° 02/12. En caso de que las donaciones o aportes de terceros mencionados superen la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) o el equivalente en especie, se deberá acompañar, además, documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos. La declaración Jurada deberá estar certificada.


F) Acompañar el plan de acción u operativo a desarrollar durante el primer trienio, detallando en forma clara, precisa y concreta para cada año las actividades a cumplir en dicho período, de acuerdo con lo previsto en el objeto fundacional. Dicho plan será suscripto por el fundador o los fundadores.


G) Bases presupuestarias del primer trienio, en el cual se detallarán los ingresos y egresos estimados año por año para cada una de las actividades previstas en el plan de acción u operativo. Se acompañará también certificación e informe de Contador público independiente, acerca del origen de los ingresos y egresos estimados y posibilidades de cumplimiento.


H) En caso de existir promesas de donación, las mismas se acreditarán mediante cartas compromiso, con firma del donante, certificada notarialmente.


I) En caso de existir donaciones de empresas acompañar acta de directorio donde se aprueba efectuar la donación, autenticada notarialmente, y la correspondiente carta compromiso con la firma del donante certificada por notarialmente.


J) Copia simple y protocolar de la documentación indicada en el punto (C) y copia protocolar del apartado (B).


K) Declaración Jurada Resolución General IGJ N° 16/12 sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente: debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consejo de administración. Ver más información.


Vinculación con entidades extranjeras


Si del acta constitutiva o de la denominación u objeto de la entidad surgiere vinculación con una entidad constituida en el extranjero que conforme a su acto constitutivo y/o a las condiciones de su existencia legal conforme a la ley de su lugar de constitución o su domicilio, reúna a criterio de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, caracteres análogos a los de asociaciones civiles, federaciones o confederaciones, cámaras empresarias o fundaciones reguladas por el derecho argentino, deberá acreditarse la existencia y vigencia de la entidad constituida en el extranjero, acompañando copia de sus instrumentos de constitución, reformas y constancias de autorización y/o registro, según corresponda; dicha documentación deberá cumplir con los recaudos formales requeridos por el art. 249 del Anexo "A" de la Resolución General I.G.J. Nº 7/05 para las sociedades constituidas en el extranjero, pudiendo también protocolizarse la misma.


Las entidades del exterior contempladas en el párrafo anterior que pretendan participar en el constitución o incorporarse posteriormente a asociaciones civiles, federaciones o confederaciones, cámaras empresarias o fundaciones deberán acreditar su capacidad legal para hacerlo y obtener la autorización de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, cumpliendo con lo normado por el art. 368 del Anexo "A" de la Resolución General I.G.J. Nº 7/05.




Comentarios:

El Acta Constitutiva es el acta de la reunión declarativa donde se manifiesta la constitución de la entidad,  e incluirá como mínimo la siguiente información:


  • Fecha de constitución
  • Denominación de la entidad
  • Jurisdicción (provincia) donde fijará su domicilio social
  • Fines sociales
  • Capital inicial
  • Nómina del primer elenco de autoridades
  • Designación de un representante para hacer los trámites de constitución.
  • Aprobación de los Estatutos



El Estatuto es la “ley interna” de la entidad.  Se aprobará en la constitución y debe ser precalificado por escribano o abogado.


La Resolución 7/05 de la IGJ incluye un anexo con el Estatuto Tipo de Fundaciones (ver en apéndice de este texto) .  El estatuto tipo no es obligatorio pero agilizará el trámite de constitución si es utilizado por la entidad.





Las cláusulas básicas que deberá contener un Estatuto de Fundación son:


  • Denominación de la entidad
  • Jurisdicción (provincia) donde fijará su domicilio social
  • Objeto social (fines sociales y actividades adecuadamente detalladas)
  • Fecha de cierre de ejercicio
  • Consejo de Administración (órgano obligatorio): composición, cargos, funcionamiento, forma de elección.  Consejeros permanentes y  temporarios. Reuniones, Quorums.   Acefalía.
  • Comité ejecutivo (órgano optativo).
  • Organo de Fiscalización (órgano optativo)
  • Disolución y liquidación.






PATRIMONIO INICIAL


El patrimonio inicial puede ser aportado en efectivo, en especie o mediante promesas de donación.   El capital mínimo en la Ciudad Autónoma de Bs As es de $ 12.000.-


El aporte en dinero efectivo deberá ser acreditado con boleta de depósito oficial, pero no es necesario que dicho depósito esté efectuado al momento de presentar la solicitud de personería jurídica. Podrá hacerse luego de que la IGJ confirme que autorizará a funcionar a la entidad. 


El aporte en especie será acreditado mediante la presentación del pertinente inventario de bienes certificado por contador público.


Las promesas de donación pueden ser incluidas como aporte de capital inicial de los fundadores y serán consideradas irrevocables.




PLAN TRIENAL


Consiste en la presentación de un Plan de Actividades y su correspondiente Estado de Ingresos y Egresos que lógicamente estarán equilibrados.


Este requerimiento ha sido introducido por el legislador, buscando una mayor solidez en la constitución de este tipo de entidad  que luego de autorizada por el P.E. tiene la facultad de obtener fondos de la comunidad y por lo tanto debe exhibir una cierta “garantía” de cumplimiento que la ley trata de asegurar por lo menos en los tres primeros años.


El patrimonio que los fundadores aportan en la constitución, el plan trienal de actividades y el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente son los tres elementos que agregados a las condiciones morales de los fundadores y del primer consejo de administración, serán evaluados conjuntamente con el objeto social por el organismo de control. Esa conjunción de factores deben garantizar el funcionamiento de la fundación que se presenta para ser autorizada.


Con este procedimiento, la IGJ  se debe cerciorar si la nueva entidad cumple con los requisitos básicos que garanticen su funcionamiento.  De lo contrario la comunidad estaría en presencia de una entidad con capacidad de obtener fondos sociales sin ofrecer una seguridad suficiente respecto del adecuado uso de esos recursos.


Si, en opinión de la IGJ, alguno de esos aspectos falla o no es suficiente, el organismo puede observar o directamente rechazar el pedido de personería jurídica.  Si asi ocurriera, los fundadores podrán rectificar o mejorar los puntos observados o bien utilizar los recursos jurídicos existentes para insistir con la constitución tal cual como fue presentada.


El recurso debe interponerse ante la propia IGJ dentro de los quince días de recibida la notificación.  Si el organismo de control no se expide dentro de los cinco días o su respuesta es negativa: corresponde la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.




FUNCIONAMIENTO Y GOBIERNO DE LAS FUNDACIONES


CONSEJO DE ADMINISTRACION


El único órgano obligatorio de gobierno es el Consejo de Administración cuya cantidad mínima de integrantes será tres.  Los consejeros no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos. 

(A partir de la vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial, artículo 205,  esta regla general tiene su excepción para aquellos consejeros que integren el “Comité Ejecutivo” y cumplan funciones de administración y gerenciamiento de la entidad y siempre y cuando la retribución esté prevista en el Estatuto)


Recordemos que las fundaciones no tienen asociados y entonces su órgano de gobierno solo responderá ante la Inspección General de Justicia que representa a la comunidad.


Los consejeros podrán ser de carácter permanentes o temporarios.


Los consejeros permanentes no tienen plazo de duración de mandato.  Pueden ser designados en el acto de constitución o posteriormente según los procedimientos que estipule el estatuto.


Los consejeros temporarios tienen un plazo de mandato definido y pueden ser reelegidos excepto que ello esté expresamente vedado.


El estatuto podrá disponer el procedimiento, plazos y quorum para la elección de consejeros.  Asimismo se pueden designar a otras entidades de bien público privadas u oficiales para que elijan a la totalidad o parte del Consejo de Administración en el caso de finalización de los plazos de mandato, renuncia o acefalía.  Si se produce esta última circunstancia y el estatuto no prevé un procedimiento de elección de los reemplazantes: la Inspección General de Justicia podrá designar consejeros para evitar el desgobierno de la entidad.



COMITÉ EJECUTIVO


La ley faculta al Consejo de Administración para que delegue parte de su actividad en un órgano subalterno denominado Comité Ejecutivo cuya forma de elección, objetivos y alcance estarán perfectamente delineados en el estatuto.


El Comité Ejecutivo depende del Consejo de Administración que podrá removerlo en cualquier momento.


Entonces, para gobernar  a la fundación tenemos:


          El Consejo de Administración:  órgano obligatorio y máxima autoridad de la entidad que se reservará por lo general las cuestiones estratégicas del funcionamiento.  Se integra con miembros permanentes y temporarios.  El estatuto puede prever que la elección sea confiada a entidades de bien público privadas u oficiales.  Cualquier consejero puede ser removido por el voto de las dos terceras partes del cuerpo.  Las funciones serán totalmente ad honorem (el art. 20 de la ley 19836 prohibe expresamente la retribución de las funciones del C.A.)



          El Comité Ejecutivo: órgano optativo para la ley (pero obligatorio si está previsto en el estatuto) que tendrá a su cargo las cuestiones tácticas y el manejo cotidiano de la entidad.  Puede estar integrado parcialmente por miembros del Consejo de Administración  y por terceros no consejeros que podrán ser remunerados por el ejercicio de sus funciones ( excepto que ello esté expresamente vedado por estatutos).


  • Remuneración:  El estatuto de la entidad puede prever que los integrantes del Comité Ejecutivo, perciban algún tipo de retribución por el trabajo de administración y gerenciamiento de la entidad.


El estatuto tipo de la IGJ de Capital Federal, estipula un Consejo de Administración de tres miembros. Los cargos estipulados son: presidente, secretario y tesorero .



La actividad básica del Consejo de Administración será:


a) una reunión ordinaria mensual ordinaria donde se considera la marcha general de actividades y se autorizan o no las propuestas del Comité  Ejecutivo, 


b) una reunión ordinaria anual donde se consideran los estados contables y la actividad del ejercicio terminado y los planes del próximo período.


c) ocasionalmente reuniones extraordinarias para el tratamiento de reformas del estatuto u otras circunstancias relevantes cuyo tratamiento están previstos en la ley  y/o los estatutos para el consejo de administración.


El Comité Ejecutivo tiene a su cargo desarrollar todas las actividades planificadas y autorizadas por el Consejo de Administración que lo supervisará en forma permanente.


Su régimen de reuniones, informes y alcance de mandato es conveniente que sea previsto por el estatuto social o en actas de reuniones del Consejo de Administración.


LIBRO DE ACTAS


Es obligatorio llevar libro de actas rubricado por IGJ donde se volcará para cada reunión del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo:

          Resumen de los temas tratados.

          Votaciones: procedimiento y resultados.

          Decisiones  aprobadas.



FISCALIZACION DE LAS FUNDACIONES


Para la ley  la gestión de las fundaciones sólo es fiscalizada por la Inspección General de Justicia.  No es obligatorio ningún órgano interno de control pero en general, estatutariamente se prevé la existencia de un Revisor de Cuentas o Consejo Revisor de Cuentas.  Entonces:  si está previsto en el Estatuto,  el órgano de fiscalización pasa a ser obligatorio.


Es importante agregar que también participan del control externo la AFIP y restantes organismos oficiales de recaudación fiscal y el contador público independiente que hace la auditoría de estados contables de ejercicio.  Estos dos aspectos, control fiscal y contable, los veremos más adelante en los capítulos correspodientes.




INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA


La IGJ (o la Dirección Provincial que corresponda) es “la autoridad administrativa de control que aprueba los estatutos de la fundación y su reforma; fiscaliza el funcionamiento de la misma y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias a que se halla sujeta, incluso la disolución y liquidación”.


Por lo tanto este organismo del P.E. que depende del Ministerio de Justicia tiene amplias facultades concedidas por la ley para controlar toda la existencia de las fundaciones.




Las principales funciones de fiscalización desarrolladas por la IGJ son las siguientes:


          Otorgamiento (o rechazo) de la autorización para funcionar, personería jurídica.

          Verificación del cumplimiento del propósito de los estatutos.

          Solicitar a la justicia la designación de consejeros interinos para administrar la entidad, en caso de acefalía o irregularidades graves.

          Solicitar la suspensión o remoción de los consejeros en caso de irregularidades o anulación de resoluciones del Consejo de Administración sin son notoriamente contrarias a la ley o  a los estatutos.

          Retirar la autorización para funcionar en el caso de que en dos o más años no se celebren las reuniones anuales ordinarias del Consejo de Administración.

          Puede fijar un nuevo objeto social si el original se haya tornado de cumplimiento imposible.

          Lleva el Registro Nacional de Fundaciones.

          Puede aplicar multas a la entidad o a sus autoridades en determinados casos como por ejemplo negación a contestar determinados pedidos de información o falta de presentación de las documentaciones obligatorias.

          Otorga la rubricación de los libros contables y societarios de la entidad.

          Recibe y controla los estados contables de ejercicio, el inventario, la memoria y restante documentación ordinaria

          Recibe y controla las documentaciones referidas a reformas de estatutos.

          Supervisa la fusión, disolución y liquidación de la entidad.




DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LAS FUNDACIONES


Las causas principales de disolución de las fundaciones son:

          Porque se haya tornado imposible el cumplimiento de sus fines estatutarios.

          Por notoria pérdida del patrimonio y de las fuentes posibles de ingresos.

          Porque la disolución se haya tornado conveniente para el interés público.

          Por irregularidades graves en su funcionamiento.


La disolución puede ser decidida:

          Por el Consejo de Administración por decisión de dos tercios de sus miembros.

          Por la justicia a pedido de la  IGJ en caso de irregularidades graves, imposibilidad de cumplimiento del objeto o acefalía del Consejo de Administración.


Una solución alternativa es la FUSION.  En este caso las entidades que deseen fusionarse lo acordarán por escrito y se presentarán a la IGJ con la propuesta correspondiente.

En este caso la ley ofrece una variante para que aquellas entidades que están en problemas por disminución de patrimonio, baja de ingresos, acefalía de gobierno u otras causas similares pero que conservan un funcionamiento básico y su actividad es beneficiosa para la comunidad, puedan continuar su acción altruista fusionandose con otras entidades sin fines de lucro.


Si ello no es posible, llegaremos a la Disolución y Liquidación de la entidad.

Para ello se nombrará un liquidador, generalmente un miembro del Consejo de Administración que informará a la IGJ de su actividad desde el principio del proceso hasta su fin. Confeccionará un balance inicial de la liquidación, discontinuará las operaciones, realizará los bienes y pagará las deudas. Finalmente confeccionará un balance final de liquidación y entregará el remanente de bienes a la entidad de bien público designada para ello en el estatuto de la entidad. Si esto último no pudiera ser cumplido, los bienes remanentes deberán ser entregados al Ministerio de Educación de la Nación.



INTRODUCCION A LA PROBLEMÁTICA FISCAL DE LAS FUNDACIONES


EXENCIONES IMPOSITIVAS


A efectos de acceder a las amplias exenciones impositivas que otorga el Estado Nacional y las Provincias a las fundaciones,  estas entidades deberán cumplir:


  • Condiciones “de fondo”


Ser efectivamente entidades de bien común (cumplimiento de objeto social)

Ser efectivamente entidades no lucrativas (no actividad comercial o industrial)

No pagar directa o indirectamente remuneraciones a sus autoridades electivas

No beneficiar con su actividad social a los fundadores


  • Condiciones “formales”


Obtener y mantener vigente su Personería Jurídica (IGJ)

Obtener y mantener vigente el Certificado de Exención AFIP

Obtener y mantener vigente la Exención RENTAS PROVINCIAL

Llevar su contabilidad en legal forma y comprobantes de respaldo suficientes.

Presentar en tiempo y forma las declaraciones juradas informativas obligatorias




Comentarios:


Las Fundaciones  pueden gozar amplias exenciones impositivas otorgadas por leyes nacionales (tributos recaudados por la Agencia Federal de Ingresos Públicos)  y normas legales provinciales ( a cargo de las Direcciones de Rentas respectivas),  siempre y cuando cumplan determinados requisitos de fondo y de forma.



Por ello, en principio,  son sujetos gravados en todos los impuestos nacionales y provinciales que habitualmente gravan a las personas jurídicas de carácter privado (sociedades comerciales y entidades sin fines de lucro).


Es un error metodológico partir de la premisa de que “las fundaciones están exentas de todos los impuestos”. Con el correr del tiempo los organismos recaudadores ponen cada vez más  énfasis en esta situación.



Entonces:  técnicamente son sujetos gravados  ( “no exentos” ) pero accederán a amplias exenciones cumpliendo los siguientes requisitos de fondo y formales:


          FINES  SOCIALES


Por su naturaleza las Fundaciones son entidades civiles con “fines sociales”, es decir fines comunitarios (no privados o corporativos).  En principio la Inspección General de Justicia no aprobaría una entidad que no cumpla este requisito.   Sin embargo:  la entidad puede constituirse y ser aprobada  con determinados fines y luego, en su funcionamiento real cambiar el rumbo y no cumplir los fines sociales para los que fue creada.  En este caso se colocaría en situación de perder las exenciones impositivas obtenidas y ser obligada a pagar todos los tributos nacionales y provinciales desde la fecha en que se pruebe su cambio de misión transformándose en una entidad lucrativa o sin fines comunitarios .


La leyes 16656 (art. 3°) y 20628 de Impuesto a las Ganancias ( art. 20,  f )   establecen las principales exenciones generales y delimitan cuales actividades o fines están exentos:


La ley 16656 exime de todo impuesto nacional (Ganancias, IVA,  Etc) a todas las Fundaciones con alguno de los siguientes fines:


                        Educación

                        Asistencia Social

                        Salud Pública


Esta disposición tiene una gran controversia con respecto al Impuesto al Valor Agregado que veremos más adelante.


La ley 20628, art. 20 inciso f,   exime del Impuesto a las Ganancias a las  Fundaciones ya citadas y además agrega:


                        Caridad o Beneficencia

                        Instrucción Científica

                        Literarias

                        Artísticas

                        Gremiales

                        Cultura Intelectual

                        Cultura Física


Queda como interrogante la situación de otro tipos de entidades con fines que con el correr de los tiempos se han incorporado al  área social y que para la opinión general forman parte del bloque de entidades comunitarias:  ejemplos de estas situaciones pueden ser fundaciones con fines ecológicos y de conservación del ambiente,  promoción del turismo en el país,  apoyo a los partidos políticos,  organización de la seguridad de barrios y comunidades. 

Entendemos que estas entidades, si bien no mencionadas expresamente en la ley 20628,  si cuentan con personería jurídica, no tienen fines de lucro y obtienen los Certificados de Exención,  podrán también gozar de las amplias liberalidades impositivas vigentes. 




          ENTIDAD SIN FIN DE LUCRO


En todos los textos legales que se refieren a las exenciones tributarias generales o particulares que se le otorga a las Fundaciones, encontramos la mención “entidad sin fin de lucro”  como requisito primordial para gozar de la liberalidad.  Ahora bien,  que significa eso:  ¿que la entidad no puede obtener ingresos al margen de las donaciones y que no se le permite  arrojar superavits o utilidades contables?.  Si esto es así:  ¿Cómo sobrevive una Fundación que no obtenga utilidades? ;  ¿Cómo crece la institución y cumple con su misión comunitaria?

Es evidente que el espíritu de las leyes se dirige en otro sentido.

En nuestra opinión:  una entidad es “lucrativa” cuando su misión principal es obtener utilidades para ser distribuidas directa o indirectamente entre sus integrantes o propietarios.

Las Fundaciones que obtengan ingresos por servicios relacionados con sus objetivos estatutarios, reinviertan los superavits  en el cumplimiento de su misión comunitaria, no distribuyan  fondos o bienes directa o indirectamente entre sus integrantes y utilicen el patrimonio plenamente para el cumplimiento de sus fines:   tienen asegurada su condición de exenta.

Por el contrario,  aquellas entidades que funcionan con la estructura jurídica de una Fundación pero en realidad son empresas privadas comerciales o industriales o anexos de ellas,  distribuyen o utilizan sus utilidades o el patrimonio en beneficio de sus integrantes,  o no tienen como misión principal un fin comunitario:  no tienen derecho legal a exenciones impositivas y los Organismos recaudadores podrán intimarles el cumplimiento y pago de todos los tributos relacionados con su actividad.


Por último es importante destacar que la ley prohibe el pago de remuneraciones a las autoridades electivas que deberán actuar ad-honorem.  Si la entidad paga directa o indirectamente remuneraciones a sus autoridades se colocará en una posición peligrosa respecto de las exenciones impositivas y en torno a la Personería Jurídica que le puede ser retirada.  Esta norma general tiene su excepción en la posibilidad de que alguna autoridad electiva además de su función electiva, preste a la entidad efectivos servicios técnicos u operativos por los cuales podría percibir el correspondiente honorario.




          PERSONERIA JURIDICA


La entidad debe estar constituída efectivamente como Fundacion y contar con la Personería Jurídica vigente.  Es la autorización del Poder Ejecutivo para funcionar que extiende la Inspección General de Justicia al constituirse la entidad y que puede ser suspendida o retirada por irregularidades graves,  abandono del  objetivo social o incumplimiento de las obligaciones formales con la IGJ (presentaciones anuales de balances,  actas y otras cuestiones relacionadas).


          CERTIFICADO DE EXENCION IMPOSITIVA


Las Fundaciones deben contar con los correspondientes Reconocimientos de Exención otorgados por la AFIP (RG 2681)  y  la DIRECCION DE RENTAS de la jurisdicción provincial que le corresponda.  Si no tiene estos trámites cumplidos y los  certificados vigentes,  aún cuando “técnicamente” su situación impositiva sea exenta,  en la práctica quedará sujeta a la pérdida total o parcial de ese beneficio y podrá ser intimada por los Organismos que le exigirán el pago de los impuestos y le podrán aplicar multas formales.   Asimismo si la entidad no obtiene sus Certificados de Exención,  no figurará en los Registros de Entidades Exentas de dichos organismos y esto implicará que al percibir donaciones, colaboraciones u otro tipo de ingresos:  serán pasibles de retenciones impositivas y los terceros no podrán deducir como gastos las donaciones efectuadas.


  • CONTABILIDAD,  BALANCES Y COMPROBANTES


La Fundación debe llevar su contabilidad de acuerdo a normas legales y técnicas respectivas,  confeccionar sus estados contables anuales auditado y certificado por Contador Público y respaldar todas sus registraciones con comprobantes de validez legal y fiscal suficientes.


          PRESENTACION  REGULAR DE DECLARACIONES JURADAS


Además de obtener y mantener vigente los Certificados de Exención  de AFIP y RENTAS, las Fundaciones están obligadas a presentar determinadas Declaraciones Juradas (lo veremos más adelante) en forma regular.  Las normas vigentes (por ejemplo Resolución General AFIP 2),  disponen que de no cumplir con este requisito,  la entidad perderá la exención general obtenida.




NORMAS LEGALES REFERIDAS A EXENCIONES IMPOSITIVAS



Ley 16.656:  en el último párrafo del Art. 3° expresa:


 “Quedan exentas del pago del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto nacional las entidades civiles sin fines de lucro con personería jurídica dedicadas a la educación, a la asistencia social y a la salud pública y los inmuebles de su propiedad utilizados para el desarrollo de sus actividades o para la promoción de recursos destinados al cumplimiento de sus fines”.


Es decir que las fundaciones cuyo objetivo estatutario y su actividad real sea EDUCACION, ASISTENCIA SOCIAL o SALUD PUBLICA

están exentas de TODOS los impuestos nacionales.


Ley 20.628 (Impuesto a las Ganancias): 


En el Art. 20 inciso f) se exime del impuesto a las ganancias a las fundaciones sin fin de lucro  con determinados objetivos sociales: Asistencia Social, Salud Pública, Caridad o Beneficencia, Educación, Científica, Literaria, Artísticas, Gremiales, Cultura Física y Cultura Intelectual. 


Es importante remarcar que esta exención se refiere solamente al Impuesto a las Ganancias y por lo tanto no se incluye en la dispensa fiscal al Impuesto al Valor Agregado. 


Ley 23349  (Impuesto al Valor Agregado):


Respecto de este impuesto podemos adelantar que:  si la Fundación es de Asistencia Social o Salud Pública: estará exenta de IVA por la ley 16.656, artículo 3°.   Las demás Fundaciones exentas en Impuesto a las Ganancias (Caridad,  Beneficencia, etc) tendrán exentos del IVA todos los Servicios relacionados con sus objetivos estatutarios (con la excepción de Servicios Médicos que siempre estará gravado).  Solamente estarían gravados con IVA  los Servicios no vinculados con el objeto social y las ventas de bienes gravados (excepto que la venta de dichos bienes sea imprescindible para el cumplimiento del objeto estatutario).


Impuestos Provinciales (I.Brutos):


En general las Leyes Fiscales de cada provincia acompañan las normas del Impuesto a las Ganancias e IVA.  Sin embargo cada jurisdicción tiene sus requisitos de fondo y formales que deberá analizarse en cada caso particular.


CONCLUSION:


Las Fundaciones sin fines de lucro con actividades benéficas y comunitarias  están exentas en general por la Ley 16656 o por la lectura conjunta de las leyes de Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado con las restricciones comentadas.


Cada entidad deberá verificar  a la luz de sus estatutos y actividades reales su inserción en la normativa exentiva  explicada.


Ingresos por servicios que no estén directamente relacionados con los objetivos estatutarios de la entidad,  actividades comerciales o  industriales notoriamente alejadas de el ideario de la Fundación y de su estatuto aprobado por Inspección General de Justicia  o  venta de bienes gravados con IVA y Objetos estatutarios o actividades regulares que no sean las incluidas en el inciso f) del artícuo 20 de la ley de Impuesto a las Ganancias,  son aspectos más que peligrosamente relevantes a estudiar  para cada entidad en particular a fin de asegurar su Exención Impositiva General.



CONTABILIDAD:


Las Fundaciones, como toda persona jurídica,  debe llevar una contabilidad organizada de acuerdo a las normas del Nuevo Código Civil y Comercial,  artículos 320 a 331 y observar las disposiciones tributarias y previsionales como así también las normas técnicas profesifonales de FACPCE.


Los movimientos contables distintivos de las fundaciones son:


Aportes de Capital de los fundadores al momento de la constitución de la entidad


Ingresos:  donaciones y patrocinios de terceros,  aranceles percibidos por servicios comunitarios pagos,  subsidios oficiales o privados,  rentas de sus propios activos (alquileres, intereses)


Egresos:  Costos relacionados con su actividad de bien común,  Costos de la estructura administrativa y mantenimiento de activos.



Al organizar la contabilidad,  los reportes periódicos y balances anuales,  el profesional deberá tener en cuenta el  movimiento operativo real de la entidad,  las disposiciones del estatuto y las normas legales y técnicas que a continuación se resumen.




NORMAS LEGALES Y TECNICAS


Nuevo Código Civil y Comercial.  Art. 320 a331.

IGJ  Resolución  7/2005

Decreto 1493/82    Art. 1 a 4

FACPCE  RT11:  Normas particulares para estados contables de entidades no lucrativas.

FACPCE  RT8  :  Confección de estados contables en general.

FACPCE  RT9  :  Confección de estados contables comercio y servicios


Las obligaciones básicas son:

          Llevar contabilidad organizada

          Que registre todos los actos económicos

          Conservar los comprobantes respaldatorios de los asientos contables

          Registrar todo en libros rubricados por la Inspección General de Justicia

          Presentar anualmente estados contables a la I.G.J.


La contabilidad y los estados contables de las fundaciones adquieren importancia relevante cuando recordamos que la ley no le impone ningún órgano de fiscalización interna.  Entonces, la Inspección General de Justicia y el Auditor contable independiente serán los dos factores de control que apoyándose en la contabilidad organizada, los estados contables y los comprobantes respaldatorios, podrán fiscalizar adecuadamente la actividad del Consejo de Administración de la entidad.




LIBROS OBLIGATORIOS


En el Código Civil Art. 322 y la Resolución 7/2005 de la I.G.J, artículos 103, 104 y 142 encontramos la normativa específica que determina los libros básicos obligatorios, que necesariamente deben ser rubricados por el organismo de control:


          Libro de Actas

          Libro Inventario y Balances

          Libro Diario


LIBRO DE ACTAS

Transcripción de las actas de las sesiones del Consejo de Administración y asambleas generales. Cada acta consignará como mínimo: fecha y hora de la reunión, carácter de la misma, nombre y apellido de los asistentes, orden del día, asuntos tratados, deliberaciones y resoluciones.


LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES

Descripción exacta y completa del activo y pasivo de la entidad para cada fecha de cierre de ejercicio.


LIBRO DIARIO

Es el libro de “contabilidad” de las fundaciones.

La IGJ en su Resolución 7/2005  (Art. 373) expresa refiriéndose al libro Diario: “ ..en el que se registrarán todos los ingresos y egresos de fondos que se efectúen , indicando en cada caso el concepto de entrada y salida , detallando el comprobante o documento respaldatorio que origina cada asiento y los asientos mensuales de carácter global  de libros auxiliares. “

Aquí además de confirmar la puntillosidad de cómo debe llevarse la registración contable,  la IGJ hace incapié en los “ingresos y egresos de fondos” es decir en la contabilidad por lo percibido, que luego se complementará al finalizar el mes o el ejercicio con los asientos de devengamientos, cuentas a cobrar,  cuentas a pagar y demás registraciones imprescindibles para llegar a los Estados Contables.  Pero el énfasis se pone en los ingresos y egresos de fondos. Esto es así por cuanto estas entidades tienen la autorización del Estado para captar fondos de la comunidad y deberá estar muy claramente registrados cada uno de los ingresos y el destino que se le de a esos fondos.

Nuestra sugerencia es llevar por lo percibido solamente el obligatorio Libro Diario y agregar al final del mes o ejercicio los asientos de cierre por los conceptos devengados, cuentas a cobrar y a pagar, amortizaciones y demás asientos finales de ajustes a efectos de simplificar la administración de la entidad.

Asimismo el Estatuto Tipo de Fundaciones (Anexo XV de la RG 7/2005) prescribe respecto de las funciones del Consejo de Administración:

Artículo 17 – Son funciones del tesorero: a) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración; b) Llevar los libros de contabilidad, presentar al Consejo de Administración las informaciones contables que se le requieran; c) Firmar con el presidente los cheques, recibos y demás documentos de tesorería, efectuando los pagos ordinarios de la administración; y d) Preparar anualmente el inventario, balance general y cuenta de gastos y recursos que deberá considerar el Consejo de Administración en su reunión anual.





ESTADOS CONTABLES

Las Resoluciones 7/05 y  6/94 de la Inspección General de Justicia y la Resolución Técnica N° 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas denominada “Normas particulares para la confección de estados contables de entidades sin fines de lucro” contienen la normativa contable principal a contemplar en el caso de Fundaciones.


La estructura de los estados contables requeridos para las entidades sin fines de lucro no difieren en lo esencial con los estados contables convencionales de las sociedades comerciales.  Sin embargo habrá que considerar algunos aspectos especiales referidos a determinados rubros del activo y pasivo y en especial el estado de resultados.

Los estados contables de ejercicio estarán compuestos de la siguiente manera:


          Encabezamiento

          Estado de situación patrimonial o Balance General

          Estado de Recursos y Gastos

          Estado de Evolución del Patrimonio Neto

          Estado de Origen y Aplicación de fondos o Estado de flujo de efectivo

          Notas, cuadros y anexos complementarios

          Plan Trienal (solo en los tres primeros ejercicios)

          Informe del auditor

          Informe del revisor de cuentas (si el estatuto lo contempla)

          Memoria anual

          Inventario general de ejercicio.


INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: PRESENTACION ANUAL DE ESTADOS CONTABLES.


Reunión ordinaria anual del Consejo de Administración:


Documentación a presentar a la Inspección General de Justicia

Dentro de los quince días hábiles administrativos siguientes se presentará a la IGJ:

Formulario N° 2 IGJ

Copia del Acta de la Reunión ordinaria anual del Consejo de Administración

Memoria, Estados Contables e Informe del Auditor

Inventario

Informe del Revisor de Cuentas

Si se eligieron nuevas autoridades: Declaraciones Juradas personales de cada uno de ellos donde expresan no estar inhabilitados para ocupar el cargo.


Reunión extraordinaria  del Consejo de Administración:


Documentación a presentar a la Inspección General de Justicia

Dentro de los quince días hábiles administrativos siguientes se presentará a la IGJ:

Escritura pública del Acta de la Reunión Extraordinaria

Si la reunión aprobó modificaciones al estatuto o reglamentos o la transformación, fusión, escisión o disolución de la entidad deberá presentar Escritura Pública del Acta de la Reunión Extraordinaria donde conste claramente los artículos modificados o las decisiones respecto de la     disolución o situación similar decidida.       

Dichas reformas de estatuto o decisiones fundamentales deberán ser aprobadas por         la Inspección General de Justicia e inscriptas en sus registros.                    

(Apéndice normativo de Fundaciones)



-------------------------------------------------------------------------------------------------





Apéndice

ESTATUTO TIPO DE FUNDACION  (Anexo a la RG 7/05 IGJ)

DENOMINACION. DOMICILIO. OBJETO

Artículo 1º- En la Ciudad de Buenos Aires, donde fija su domicilio legal, a los..........días del mes de............de............. queda constituida por el plazo de 99 años una fundación que se denominará "Fundación................", la que podrá tener representaciones o delegaciones en cualquier punto de la República Argentina.

Artículo 2º.- La Fundación tendrá por objeto: .......................................................................................

Para el cumplimiento de dichos fines la Fundación podrá:..........................................................................

CAPACIDAD.

Artículo 3º.- La Fundación tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones que tengan relación directa o indirecta con el cumplimiento del objeto fundacional.

PATRIMONIO.

Artículo 4º.- El patrimonio inicial de la Fundación estará integrado por la suma de pesos...... ($......-) aportados por el o los fundadores. Dicho patrimonio podrá acrecentarse con los siguientes recursos: a) el importe de los fondos que se reciban en calidad de subsidios, legados, herencias o donaciones, las que no podrán aceptarse sino cuando las condiciones impuestas se conformen al objeto e intereses de la Fundación; b) las rentas e intereses de sus bienes; c) los aportes de todas aquellas personas que deseen cooperar con los objetivos de la institución; d) toda otra fuente lícita de ingresos acorde al carácter no lucrativo de la entidad.

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CONFORMACION.

Artículo 5º.- La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres personas quienes se distribuirán los cargos de Presidente, Secretario o Tesorero. (Los miembros del consejo de administración podrán tener carácter de permanentes o temporarios.) En caso de ausencia o vacancia del Presidente, asumirá el Secretario; en caso de ausencia o vacancia del Secretario y/o Tesorero asumirá un Vocal, si hubieran sido designados. En caso contrario, procederá la convocatoria a Reunión Extraordinaria para designar a los miembros que completarán el mandato.

CONSEJO DE ADMINISTRACION. CARGOS. PLAZO.

Artículo 6º.- Cada...... año/s, el Consejo de Administración determinará los cargos a ejercer por los miembros permanentes (sólo en el caso que éstos estuvieran previstos en el estatuto) y elegirá a los restantes por mayoría absoluta.

CONSEJO DE ADMINISTRACION. SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.

Artículo 7º.- El Consejo se reunirá en sesión ordinaria una vez por mes, y en sesión extraordinaria cuando lo decida su presidente o a pedido de dos de sus miembros, debiendo realizarse en este caso la reunión dentro de los diez (10) días de efectuada la solicitud. Las citaciones se harán por medio de comunicaciones fehacientes con cinco días de anticipación, remitidas a los domicilios registrados en la fundación por los consejeros. Dentro de los ciento veinte días de cerrado el ejercicio económico anual se reunirá el Consejo de Administración a los efectos de considerar la memoria, balance general, inventario y cuenta de gastos y recursos. Con las citaciones se remitirá copia de la documentación a tratar así como del respectivo orden del día.

CONSEJO DE ADMINISTRACION. QUORUM Y MAYORIAS.

Artículo 8º.- El Consejo sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes y resolverá por mayoría absoluta de votos presentes, dejándose constancia de sus deliberaciones en el libro de actas.

REMOCION DE MIEMBROS.

Artículo 9º.- Los Consejeros podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo.

FUNCIONES HONORARIAS.

Artículo 10.- Los miembros del Consejo de Administración no podrán percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos.

FUNCIONES EJECUTIVAS.

Artículo 11.- El Consejo de Administración podrá delegar funciones ejecutivas en una o más personas, sean éstas miembros o no del Consejo de Administración.

CONSEJO DE ADMINISTRACION. DERECHOS Y DEBERES.

Artículo 12.- Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración: a) Ejercer por medio de su Presidente o quien lo reemplace, la representación de la Fundación en todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos o privados en que la misma esté interesada; b) cumplir y hacer cumplir el estatuto, dictar los reglamentos de orden interno necesarios para

el cumplimiento de las finalidades, los que deberán ser aprobados por la Inspección General de Justicia, sin cuyo requisito no podrán entrar en vigencia; c) comprar, vender, gravar o transferir inmuebles, muebles, valores, títulos públicos, acciones o derechos de cualquier naturaleza necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines de la Fundación, requiriéndose para el caso de inmuebles la decisión de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo y para el caso de adquisición de acciones deberá efectuarse de conformidad con lo dispuesto por la normativa dictada por la Inspección General de Justicia; d) designar, suspender y despedir al personal, fijando las remuneraciones y tareas; e) conferir y revocar poderes generales y especiales; f) aceptar herencias, legados y donaciones, y darles el destino correspondiente; g) abrir cuentas corrientes, solicitar préstamos en instituciones bancarias oficiales o privadas, disponer inversiones de fondos y pagos de gastos; h) confeccionar al día 31 de diciembre de cada año, fecha de cierre de ejercicio, el Balance General, Inventario y Rendición de recursos y gastos, y aprobar la memoria; i) reformar el estatuto en todas sus partes, a salvo lo previsto en el artículo 19, segundo párrafo, que no podrá ser modificado; j) ejecutar todos los actos lícitos necesarios relacionados con el cumplimiento del objeto incluyendo los enumerados en el artículo 1881 del Código Civil.

DEL PRESIDENTE.

Artículo 13.- Son funciones propias del Presidente: a) representar a la Fundación; b) convocar a las reuniones y sesiones del Consejo de Administración; c) firmar con el Secretario las actas de las reuniones, la correspondencia y todo otro documento de naturaleza institucional; d) librar cheques con su firma y/o la del Tesorero; e) autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, no permitiendo que los fondos sean invertidos en objetos ajenos a lo prescripto por este estatuto, reglamentos de orden interno y resoluciones del Consejo de Administración; f) preparar conjuntamente con Secretario y Tesorero el proyecto de memoria anual, como asimismo el balance general y cuenta de gastos y recursos, los que se presentarán al Consejo de Administración y, una vez aprobados, a la Inspección General de Justicia.

DEL SECRETARIO.

Artículo 14.- Son funciones del Secretario: a) redactar y firmar con el Presidente las actas de las reuniones del Consejo de Administración, las que se asentarán en el libro correspondiente; b) preparar conjuntamente con el Presidente el proyecto de memoria anual, firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de carácter institucional; c) citar a los consejeros las sesiones que fueran convocadas por el Presidente o a pedido de dos miembros.

DEL TESORERO.

Artículo 15.- Son funciones del Tesorero: a) asistir a las reuniones del Consejo de Administración; b) llevar los libros de contabilidad, presentar al Consejo de Administración las informaciones contables que se le requieran; c) firmar con el Presidente los cheques, recibos y demás documentos de tesorería, efectuando los pagos ordinarios de la administración; d) preparar anualmente el inventario, balance general y cuenta de gastos y recursos que deberá considerar el Consejo de Administración en su reunión anual.

REFORMA DE ESTATUTOS. DISOLUCION.

Artículo 16.- La reforma del estatuto requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Administración.

MODIFICACION OBJETO. FUSION. DISOLUCION.

Artículo 17.- La modificación del objeto, la fusión con entidades similares y la disolución requieren el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo de Administración. La

modificación del objeto sólo procederá cuando el previsto por los fundadores hubiere llegado a ser de imposible cumplimiento.

DISOLUCION. REMANENTE. DESTINO.

Artículo 18.- En caso de resolverse la disolución, el Consejo designará una comisión liquidadora. Una vez pagadas todas las deudas, el remanente de los bienes se destinará a una entidad de bien común, sin fines de lucro con personería jurídica y domicilio en el país y reconocida como exenta de todo gravamen por la AFIP u organismo que en el futuro la sustituya, o al estado nacional, provincial o municipal.



Fundaciones – Títulos Principales



QUE ES UNA FUNDACION

CARACTERISTICAS DE FONDO

CARACTERISTICAS FORMALES

CARACTERISTICAS PROPIAS DISTINTIVS

MARCO NORMATIVO

CONSTITUCION

ESTATUTOS

PATRIMONIO INICIAL Y PLAN TRIENAL

GOBIERNO Y FUNCIONAMIENTO

NO REMUNERACION DE LAS AUTORIDADES ELECTIVAS

IGJ:  FACULTADES DEL ORGANISMO

DOCUMENTACION A PRESENTAR A IGJ

EXENCIONES IMPOSITIVAS

CONDICIONES DE FONDO Y FORMALES

CONTABILIDAD – LEY

LIBROS OBLIGATORIOS

ESTADOS CONTABLES

NORMAS PROFESIONALES

IGJ RG 7/05 – ESTATUTO TIPO DE FUNDACIONES


ASOCIACIONES CIVILES

QUE ES UNA ASOCIACION CIVIL


Una Asociación Civil es:



  • Una  Persona Jurídica de carácter privado (Ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones con autorización del Estado para funcionar).



  • Cuyo principal objeto es el “bien común”.



  • Sin fines de lucro.



  • Constituida por una o mas personas personas físicas o jurídicas) 



  • Debe tener un patrimonio. No debe subsistir exclusivamente de asignaciones del Estado.



  • Se integra con asociados con posibilidad de ingreso libre pero con las restricciones específicas que estipule su propio estatuto social.


  • Los asociados reunidos en asamblea gobiernan democráticamente y en forma igualitaria a la entidad (un voto por asociado).


  • Las actividades de bien común de la asociación benefician en forma directa y en principio solo a sus asociados pero también es necesario que el beneficio público se irradie directa o indirectamente a la comunidad en general.




MARCO NORMATIVO


La constitución y funcionamiento de las asociaciones civiles s está regulado por:


  • Nuevo Código Civil y Comercial , Art. 168 a 186. 
  • Ley 22315 y Decreto 1493/82 (legislación orgánica de la Inspección General de Justicia).
  • Resolución General 7/2005 de la Inspección General de Justicia (Art.344 a 450).
  • Estatuto Tipo de Asociación Civil (Anexo XV a la RG 7/05)
  • Jurisprudencia específica.
  • Leyes Impositivas nacionales y disposiciones de AFIP
  • Leyes Impositivas provinciales y reglamentaciones de DIRECCION RENTAS. .
  • Normas contables: FACPCE  RT11.



RESUMEN DE CARACTERISTICAS PRINCIPALES



  • Entidad privada  con autorización del Poder Ejecutivo (Personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia.
  • Sin propósito de lucro.
  • Constituída para beneficiar a la comunidad en general con alguna actividad de bien común dirigida a mejorar algún aspecto de la sociedad.
  • Se integra con asociados de acceso libre (excepto restricciones estatutarias).
  • Es una entidad “democrática” gobernada por sus asociados que tienen un voto cada uno.
  • Debe tener un patrimonio y capacidad de ingresos propios. No puede subsistir sólo con ingresos por subsidicos oficiales.  Los asociados deben aportar una cuota social y la asociación no puede tener solamente facturación de servicios a terceros.



BIEN COMUN


No es el bien (o beneficio) de los fundadores, asociados, autoridades o allegados influyentes de la entidad. Sin embargo la amplitud de la frase “bien de todos” debe entenderse según nuestra opinión, limitada al objeto preciso que tiene la entidad en sus estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo.


Es decir que la entidad contribuye al bien común, al beneficio general, pero actuando en un área específica de la caridad, cultura, educación, ciencia, derechos civiles o cualesquiera de las actividades  que la Constitución Nacional y las normas legales consideran “de bien común”.


Las actividades que desarrolla la entidad benefician en principio, directamente a sus asociados, pero también es necesario que ese beneficio social se irradie de alguna manera directa o indirecta a toda la comunidad.


SIN PROPOSITO DE LUCRO


La expresión “Sin propósito de lucro” merece las siguientes consideraciones:

a)         Las entidades  al tener como objeto el Bien Común nunca pueden tener como propósito principal  el mero fin de obtener lucro, es decir: realizar actividades económicas (campañas de recaudación de fondos, prestación de determinados servicios, venta de bienes, etc) únicamente para obtener ganancias (diferencia entre ingresos y costos) y no desarrollar en forma relevante actividades que beneficien a la comunidad.

b)         Tampoco puede realizar actividades lucrativas, exclusivamente dirigidas a beneficiar directa o indirectamente a los fundadores, asociados, autoridades o allegados influyentes.

c)         Sin embargo, de ninguna manera le está vedado, realizar actividades económicas con superavit, siempre y cuando el patrimonio y los fondos se destinen íntegramente a las actividades comunitarias para las cuales fue creada y los principales servicios o ventas facturadas tengan relación con su objeto estatutario.

d)        En resúmen: No debe existir propósito de lucro como único fin relevante o para beneficiar a los integrantes de la entidad.  Pero podrá realizar actividades económicamente rentables que le permitan obtener los fondos necesarios para su actividad solidaria.




CONSTITUCION


Se presentará en la Inspección General de Justicia la siguiente documentación a fin de obtener la personería jurídica.


          Nota solicitando la personería jurídica y designando un apoderado para hacer los trámites de constitución ante la IGJ.


          Formulario 1 de  IGJ


          Dictámen de precalificación:  escribano (si la constitución es por escritura pública, o abogado si se hizo por instrumento privado).


          Dictámen de precalificación de Contador Público: solamente en el caso de aportes no inerarios.


          Acta Constitutiva


          Estatutos


          Demostración del patrimonio social (boleta de depósito y/o inventario de bienes).


          Nómina de los miembros de la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas :  nombre y apellido, número DNI, domicilio real, cargo y término de duración del cargo.




Comentarios:


El Acta Constitutiva es el acta de la reunión declarativa donde se manifiesta la constitución de la entidad,  e incluirá como mínimo la siguiente información:


          Fecha de constitución

          Denominación de la entidad

          Jurisdicción (provincia) donde fijará su domicilio social

          Fines sociales

          Capital inicial

          Mención de la aprobación de los estatutos sociales.

          Nómina del primer elenco de autoridades

          Designación de un representante para hacer los trámites de constitución.

          Aprobación de los Estatutos



El Estatuto es la “ley interna” de la entidad.  Se aprobará en la constitución y debe ser precalificado por escribano o abogado.



ESTATUTOS


Código  Civil expresa que los derechos de una AC serán reglados por sus estatutos.

La Asociación inicia su existencia desde su constitución cuando sus estatutos son aprobados por el Poder Ejecutivo.

La RG 7/2005 incluye en su Anexo XIV el Estatuto Tipo de Asociaciones Civiles cuya utilización no es obligatoria pero si conveniente para agilizar  la constitución de estas entidades.  

Para redactar un estatuto que contemple las normas legales y simultáneamente cumplimente las necesidades puntuales de la entidad, será necesario conocer los conceptos fundamentales que deberá contener.  Esos temas son tratados uno por uno, en las páginas que siguen.  Es conveniente en la práctica, al redactar un estatuto,  tomar como guía el Estatuto Tipo y adaptarlo a las necesidades específicas de la asociación que estamos constituyendo.


DENOMINACION


Según el art. 1 del estatuto tipo, la razón social se integrará con la denominación específica de la entidad más el agregado de la expresión "Asociación Civil", colocada antes o después de dicha denominación. Ejemplo:  Club de Tenis y Squash Belgrano Asociación Civil o Asociación Civil Club de Tenis y Squash Belgrano.

La denominación no puede ser igual o similar a las de otras entidades existentes. Por ello existe en la IGJ un registro preventivo donde se reservará el nombre elegido (trámite previo de “reserva de homonimia”) y en caso de ya existir otra entidad con igual o similar razón social, la IGJ nos indicará  que deberemos cambiar la denominación, de lo contrario no autorizará la iniciación del trámite de constitución.

Una vez en funcionamiento, la entidad deberá abstenerse de utilizar siglas o denominaciones que no estén expresamente incluidas en sus estatutos.

Se puede incluir en la denominación la palabra “Argentina” pero si la entidad tiene vínculos de filial con una entidad extranjera, deberá explicar esa relación y presentar a la IGJ la conformidad del exterior.

El uso de Títulos Profesionales o Profesiones en la denominación está permitido siempre y cuando los asociados deban ser íntegramente profesionales de la profesión invocada.

Está prohibido el uso de las palabras “Nacional”  y  “Oficial” en las razones sociales de las Asociaciones Civiles.

Sugerencias:

         Será conveniente que la razón social incluya una denominación lo mas precisa posible en relación a  sus objetivos y actividades principales.

         A efectos de evitar la utilización de siglas  y abreviaturas, la razón social debería ser lo mas breve posible, dentro de las circunstancias indicadas en el punto anterior.

         Si consideramos muy importante la utilización de una sigla o abreviatura,  será necesario agregarla en la razón social del estatuto al presentar el trámite de constitución para que sea aprobada por IGJ.


DOMICILIO Y SEDE SOCIAL


Es importante aclarar la terminología legal apropiada:


DOMICILIO. es la jurisdicción (Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, etc)  donde funcionará la entidad y que se fija en el estatuto.  Si durante la vida de la entidad, se decide cambiar la jurisdicción, ello implicará una reforma de estatuto que deberá seguir todos los trámites formales internos (asamblea) y externos (escritura pública y presentaciones a la IGJ  de origen y a la IGJ donde queremos mudar la entidad).


SEDE SOCIAL: es la dirección completa o domicilio legal de la entidad. Calle, número y localidad. En general se fija en el Acta Constitutiva y posteriormente si es necesario cambiarlo dentro de la misma jurisdicción, simplemente ello se reflejará en actas y se comunicará a la IGJ.

Es inconveniente fijar la sede social directamente en el Estatuto por cuanto si posteriormente es necesario cambiarla: habrá que modificar el estatuto.



OBJETO ESTATUTARIO


La RG 7/2005 IGJ prescribe lo siguiente:



Art. 361.– Objeto social. La mención del objeto social deberá efectuarse en forma precisa y determinada, mediante la descripción concreta y específica de las actividades que la entidad se proponga realizar. Deberá guardar razonable relación con el patrimonio inicial y los recursos que la entidad proyecte obtener durante su funcionamiento.


La asociación deberá tener como “principal objeto el bien común”. Esto se traducirá en la práctica que sus actividades principales deberán ser algunas de las que la sociedad a través de su ordenamiento jurídico considera "de bien común: salud pública, educación, investigación científica, arte y cultura intelectual, cultura física, actividades solidarias, de beneficencia o toda otra que beneficie a toda la comunidad. 



Art. 364.– Bien común. En la ponderación de las finalidades de bien común de las entidades se considerarán aquellas que contribuyan al bien de la comunidad en general o a las mejores condiciones de la vida social, en contraposición al bien individual o al bien egoísta de un grupo determinado de personas, sin colisionar o contrariar las valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración deba ser efectuada. El bien común debe exteriorizarse y proyectarse hacia la comunidad en su conjunto y expresarse, a través del objeto de las entidades, en finalidades coincidentes con las que el Estado jerarquiza como propias. Las actividades a realizar deberán incidir en forma directa sobre el bien común.


En resumen, las dos características principales que deberá tener el objeto estatutario de la asociación civil son:


         Finalidad general: "El bien común"

         Actividad principal:  "sin fin de lucro"


Será conveniente que el OBJETO ESTATUTARIO incluya un primer enunciado general de la actividad de bien común a desarrollar por la entidad y a continuación el detalle explicito de las actividades concretas que realizará la asociación.


PATRIMONIO  E  INGRESOS


Las Asociaciones Civiles deben tener patrimonio propio y capacidad para obtener ingresos.


No pueden subsistir exclusivamente por Subsidios Oficiales o Aranceles percibidos a terceros.


Ingresos: Los asociados aportan una cuota social y las entidades pueden percibir ingresos por servicios a sus propios asociados y a terceros,  donaciones y subisidios privados u oficiales.

La entidad no puede realizar operaciones comerciales con fin de lucro que no se relacionen con su objeto estatutario. 


Los activos pertenecen legalmente a la entidad y estratégicamente a la comunidad.  Deben ser empleados para desarrollar las actividades comunitarias estipuladas en sus estatutos.


Los activos no pueden ser utilizados para beneficio personal o lucro de los asociados o terceros y en caso de disolución el remanente patrimonial final debe ser entregado a una institución sin fines de lucro o al Estado.    


Limitación de de RG 7/05 IGJ, art. 365


Las asociaciones civiles no pueden subsistir exclusivamente de recursos económicos constituidos por aranceles que ingresen a ella por prestaciones de servicios.  De ocurrir esto en la realidad económica de la entidad,  la IGJ está facultada para retirarle la personería jurídica.


(Entendemos que la intención del legislador en este tema es evitar que una empresa comercial de servicios funcione como asociación civil)


Otras normas importantes son:

          El  capital mínimo en jurisdicción nacional es de $ 200.-  (RG 7/2005).


          La pérdida de una parte substancial del patrimonio puede implicar la disolución y fin de la entidad (C. Civil art. 48)


Con respecto a los INGRESOS se deberá tener en cuenta los siguientes conceptos básicos:


          Los ingresos principales deben originarse en actividades previstas en el objeto social.


          El ingreso base es en general el producido por cuotas de asociados y aranceles por servicios que la entidad presta a sus asociados.


          No puede existir como único ingreso o ingreso excluyente, el subsidio oficial.


          Pueden existir ingresos de “actividades comerciales” siempre y cuando no sea el principal ingreso o sean complemento necesario de una actividad estatutaria o sea un ingreso accidental o esporádico.


          Si los ingresos se originan mayoritariamente en actividades lucrativas y ajenas al objeto social esto sería causal suficiente para que la IGJ le cancele la personería jurídica y esto  implicaría el fin de la entidad.



Resúmen de características principales:


·         PATRIMONIO

Posean patrimonio propio,

Sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes y contraer obligaciones.

Los activos de la entidad deben emplearse en sus actividades de bien común

Los activos de la entidad no deben beneficiar individualmente a alguna persona en particular.

Los activos de la entidad no pueden ser distribuidos entre sus asociados o terceros,  pertenecen estratégicamente a la comunidad.


·         INGRESOS


Los ingresos deben ser por actividades previstas en el estatuto

Pueden integrarse con el aporte de fundadores, cuota de asociados,  donaciones de terceros y subsidios públicos y privados.

También pueden percibir aranceles por servicios estatutarios a asociados y terceros.

No subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado

No pueden tener ingresos  relevantes por actividades industriales o comerciales.

La totalidad del ingreso debe ser destinado a las actividades de bien común incluidas en su objeto estatutario.





ASOCIADOS


          Los derechos de los miembros de una asociación civil son reglados por sus estatutos.

          Los asociados no son propietarios de los bienes de la entidad y tampoco responden por sus deudas.

          Los asociados no pueden recibir distribuciones de utilidades ni utilizar el patrimonio de la entidad en provecho individual.

          Si la entidad no tiene personería jurídica debidamente autorizada por la IGJ, los asociados son solidariamente responsables por los actos de la asociación.

Del análisis combinado de ley 22315,  decreto 1493/82 y RG 7/2005 de IGJ, surgen las siguientes consideraciones:

          La IGJ puede intervenir con facultades arbitrales en los conflictos entre la asociación y sus asociados.

          La IGJ puede convocar a asamblea  ante un pedido adecuado de los asociados.

          Los asociados con procesos judiciales o policiales incompatibles con funciones en la entidad, no podrán integrar sus órganos de gobierno, administración y control.

          La asociación podrá establecer en sus estatutos una limitación razonable a la cantidad máxima de sus asociados que nunca debe ser inferior al número necesario para integrar sus órganos de gobierno.

          La asociación podrá establecer en sus estatutos una restricciones razonables de asociación cuando la situación lo amerite.  Un ejemplo de esto puede ser el estatuto de una asociación de profesionales que requiera como condición para asociarse ser graduado de la profesión que involucra a la entidad.


          Los estatutos podrán prever distintas categorías de asociados.

Con respecto a las sanciones disciplinarias la jurisprudencia coincide en disponer que:

          La entidad puede disponer en sus estatutos y reglamentos internos la facultad de imponer sanciones disciplinarias a sus asociados.

          Los procedimientos y comunicaciones deben contemplar el lógico derecho de defensa del asociado.

          El grado de la sanción debe guardar proporcionalidad con el incumplimiento o falta.


Importante:  en la medida que la sanción esté prevista en estatuto o reglamento interno, se haya respetado el derecho de defensa y la sanción sea razonable, la justicia tiene proclividad a no intervenir a favor de ninguna de las partes.



DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

          Participar en las actividades de bien común que constituyen el objeto social de la entidad.

          Recibir los servicios que presta la entidad a sus asociados en cumplimiento de su objeto.

          Participar con voz y voto en las asambleas.

          Ejercer sus derechos electivos  (elegir Comisión Directiva y Organo de Fiscalización) y poder ser elegido para dichos cargos, teniendo en cuenta los requisitos y restricciones contenidos en sus estatutos y reglamentos.

          Gozar de determinados derechos previstos en el estatuto tal como la categoría “vitalicio”.

          Solicitar la convocatoria a asamblea extraordinaria al Organo Fiscalizador o directamente a  la IGJ cuando haya causas razonables y suficientes.


OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS


          Abonar las cuotas sociales y demás contribuciones reglamentariamente estipuladas.


          Respetar y cumplir los estatutos de la entidad.


          Respetar y cumplir los reglamentos internos aprobados en asamblea.



CATEGORIAS DE ASOCIADOS


Según las peculiaridades de cada entidad sus estatutos pueden definir distintas categorías de asociados. 


En el estatuto tipo encontramos las siguientes:


          Activos  (son los asociados principales:  tienen derecho a elegir y ser elegidos)

          Adherentes (participan en las actividades pero no tienen derechos políticos ni electivos).


Esta lista es solo enunciativa y podrán utilizarse otras categorías tal como: menores, plenos, titulares, adscriptos, benefactores, etc.


Cada institución deberá analizar a fondo este tema antes de redactar los estatutos al tiempo de la constitución.


En general cada categoría implica diferentes derechos de participación del asociado, su derecho o no a votar, elegir o ser elegido,  la magnitud de su cuota social y otros aspectos relevantes de su inserción en la asociación.


AUTORIDADES


La constitución, conducción estratégica, gobierno, administración y control de las asociaciones civiles está distribuida en los siguientes órganos:


          La ASAMBLEA DE ASOCIADOS: es el órgano máximo. Los estatutos son aprobados por la asamblea constitutiva y solo pueden ser reformados por futuras asambleas de asociados. Además la asamblea designa las autoridades (comisión directiva y revisores de cuentas) y decide sobre los aspectos estratégicos de la entidad.


          La COMISION DIRECTIVA ejerce el gobierno y la administración de la asociación civil de acuerdo a sus estatutos, la legislación específica y las decisiones de la asamblea de asociados.


          El  ORGANO DE FISCALIZACION  es el encargado del control de la entidad en representación de los asociados.  Puede denominarse también: comisión fiscalizadora o revisores de cuentas.



ASAMBLEAS DE ASOCIADOS


Es el órgano máximo de la Asociación.  Su función es estratégica y tiene carácteristicas deliberativas, legislativas y electivas.   Sus atribuciones principales están delineadas en la Resolución 7/2005:


          Elegir a los miembros de la Comisión Directiva (órgano de gobierno) y Comisión Fiscalizadora o Revisor de Cuentas (órgano de control). Esta función electiva en muchas asociaciones está normada por un Reglamento Electoral.


          Fijar la cuota social y las pautas de actualización.


          Considerar los Estados Contables y demás informes de la Comisión Directiva y el Organo de Fiscalización respecto del ejercicio.


          Considerar  proyectos de reformas de estatutos y reglamentos de la asociación.


          Considerar operaciones inmobiliarias y otros negocios y contratos de relevancia según lo dispongan los estatutos sociales.


          Considerar sanciones y cuestiones disciplinarias de la entidad teniendo siempre en cuenta los estatutos, sus reglamentos y el derecho de defensa de los asociados.


          Considerar y aprobar, rechazar o modificar proyectos de fusión, transformación, presentación concursal o disolución de la entidad.


QUIENES PUEDEN CONVOCAR A ASAMBLEA Y PARA QUE


La COMISION DIRECTIVA tiene el deber de convocar a Asamblea Ordinaria Anual dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio a fin de considerar los estados contables y demás información tal como Memoria, Inventarios e Informes del Organo de Fiscalización.  Asimismo, en general, en esta reunión anual se procede a la elección de miembros de la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas.


Asimismo la COMISION DIRECTIVA puede convocar en cualquier momento a  Asamblea Extraordinaria de Asociados para tratar cualesquiera de los asuntos que hemos detallado en el título anterior (reformas de estatutos, operaciones inmobiliarias, contratos relevantes, etc).


Un GRUPO DE ASOCIADOS puede pedir la Convocatoria a Asamblea Extraordinaria.  El Estatuto Tipo requiere un mínimo del 5% de los asociados con derecho a voto para hacer valer este derecho. En este caso la Comisión Directiva deberá realizar la Convocatoria para que la Asamblea se realice en un plazo no mayor a 30 días.


El ORGANO DE FISCALIZACION puede convocar a Asamblea Ordinaria cuando haya omisión de la Comisión Directiva o se haya producido acefalía en la misma.  También puede convocar a Asamblea Extraordinaria si un grupo de asociados lo ha solicitado según los procedimientos dispuestos  por el Estatuto y la Comisión Directiva niega infundadamente dicha convocatoria.


La  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA  está habilitada por Ley 22315, artículo 10, para convocar a Asamblea en los siguientes casos:


a)         Cuando un grupo de asociados lo haya solicitado debidamente a las autoridades de la Asociación y no hayan recibido respuesta positiva.


b)         De oficio, es decir sin necesidad de pedido alguno, cuando la gravedad o urgencia de los hechos estime imprescindible la medida “en resguardo del interés público”.


PROCESOS FORMALES A CUMPLIMENTAR


Como en casi todos los aspectos formales relacionados con las Asociaciones Civiles, sugerimos en primer lugar leer atentamente el Estatuto de la entidad para determinar los requisitos y procedimientos a seguir.


En general siguiendo las normas de la IGJ y las disposiciones estatutarias mas comunes el proceso cronológico relativo a la asamblea es el siguiente:


ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS



Debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de ejercicio. El Art. 33 del decreto 1493/82 dispone que “La IGJ podrá requerir al Ministerio de Justicia el retiro de la autorización para funcionar de la entidad que no haya celebrado asamblea ordinaria por dos (2) o más períodos consecutivos”.  




Asimismo se tendrá especial cuidado con las fechas y tiempos requeridos para cada uno de los hechos relacionados que se verifican antes, durante y posteriormente  a la asamblea según el siguiente detalle:


ANTES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA


          Reunión de Comisión Directiva: aprueba documentación del ejercicio, la  convocatoria y el orden del día de la asamblea. Esta reunión se hará una vez confeccionado los Estados Contables y con la antelación suficiente a la fecha de asamblea que permita hacer en tiempo y forma las comunicaciones y presentaciones previas pertinentes.


          Comunicación de la convocatoria a los asociados (según estatuto de la entidad):  en general: circular por correo simple o certificado,  simplemente publicando la convocatoria en sede social o con avisos en diarios o publicaciones en boletín oficial.  Cada entidad tiene su propio procedimiento según sus estatutos.


          Si la entidad tiene un Reglamento Electoral:  deberá seguirse el procedimiento reglamentario respecto de elecciones que generalmente delega este proceso en la Junta Electoral que publicará padrones, oficiará listas y comunicará el proceso a los asociados.


          Presentación a la Inspección General de Justicia previa a la asamblea:  acta de convocatoria, orden del día, memoria, estados contables, informe del órgano fiscalizador y de ser estatutariamente obligatorio publicaciones en diarios o boletín oficial. Antelación: 15 días administrativos (hábiles) antes de la fecha de asamblea (estimativamente tres semanas antes).







DURANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA


          Asamblea Ordinaria:  en la fecha, hora y lugar de la convocatoria se realizará la asamblea de asociados donde en general se produce lo siguiente: a) acreditación de los presentes de acuerdo a las exigencias estatutarias (antigüedad del socio, categoría, cuota al día, etc);  b) apertura del acto y lectura del orden del día (esto en general está a cargo del presidente de la entidad o secretario;  c) consideración y votación de cada uno de los puntos del orden del día;  e) propuesta y designación de dos asociados presentes para firmar el acta de la asamblea;  f) palabras finales del presidente dando por finalizada la asamblea.

          Documentación mínima:  listado detalle de los asociados asistentes a la asamblea (que se transcribirá conjuntamente con el acta o en el libro de asistencia a asambleas si la entidad lo lleva rubricado) y borrador del acta que luego se transformará en acta definitiva a ser transcripta en libro rubricado y firmada por los dos asociados designados.


DESPUES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA


          Comunicaciones  a los asociados de los resultados electorales y demás resoluciones votadas en asamblea, o publicaciones en  sede social, circulares por correo, publicaciones en diarios o boletín oficial  (no todos los estatutos requieren estas publicaciones posteriores a la asamblea).


          Presentación posterior a la Inspección General de Justicia:  acta de asamblea,  nuevas autoridades elegidas (si hubo elección) y estados contables (solamente en el caso de que la asamblea haya modificado los estados contables presentados para su aprobación (esto es muy infrecuente).


ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS


Los pasos a seguir son similares pero con las siguientes particularidades:


No existen fechas ni momentos prefijados para esta reunión de asociados que al ser “extraordinaria” se verificará en cada caso puntual que sea necesario.


En general trata temas como:  reformas de estatutos,  consideración de operaciones inmobiliarias o contrataciones y/o eventos relevantes,   consideración de acefalías de autoridades y elección de las mismas,  consideración de afiliación o desafiliación a confederaciones, consideración de la fusión, absorción, presentación en concurso o disolución de la entidad.


Deben realizarse los procesos de comunicación a asociados y presentaciones de documentación en IGJ anteriores y posteriores a la asamblea.

En el acto únicamente pueden ser considerados los puntos que figuren en el orden del día para el cual fue convocada la asamblea . Durante el acto de la asamblea solamente se podrán agregar puntos al orden del día cuando estén presentes todos los asociados con derecho a voto y el agregado del tema sea aprobado por unanimidad.


Se deberá tener especial cuidado con el cumplimiento de los quórums necesarios y los regímenes de mayoría de votos según estatutos para aprobar las resoluciones que decidan los asociados.  También será importante el seguimiento final en la IGJ en cuanto a la aprobación e inscripción de las reformas de estatutos dispuestas por la asamblea. Si los estatutos no tienen disposiciones sobre estas cuestiones:  la asamblea se celebrará con la cantidad de asistentes que se hayan presentado y las votaciones se resolverán por mayoría simple.


La asamblea de asociados no puede tomar decisiones contrarias a los estatutos ni delegar en la  Comisión Directiva  atribuciones que el estatuto expresamente le confiere.


ASAMBLEAS: PRESENTACIONES A LA IGJ



ASAMBLEAS ORDINARIAS:


Presentación previa.


La siguiente documentación deberá presentarse con antelación de por lo menos 15 días habiles a la fecha de asamblea:


         Formulario IGJ N° 2. Incluye la nómina, cargos y datos personales de los integrantes de Comisión Directiva y Organo de Fiscalización vigentes.

         Copia del acta de reunión de Comisión Directiva en la que se aprobaron los estados contables, la memoria y convocatoria a asamblea.

         Ejemplar de los estados contables, firmado en original por el representante legal de la entidad, los revisores de cuentas. La firma del auditor deberá ser legalizada en el Consejo Profesional respectivo.

         Copia de la Memoria firmada por el representante legal.

         Copia del Informe del Organo de Fiscalización firmada por sus integrantes.

         Acreditación del medio de publicidad de la Convocatoria previsto por los estatutos.


Presentación posterior.


Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de asamblea se deberá presentar:


         Formulario IGJ N° 2. Incluye la nómina, cargos y datos personales de los integrantes de Comisión Directiva y Organo de Fiscalización vigentes.

         Copia del Acta de Asamblea.

         Constancia que acredite la asistencia de los asociados con derecho a voto.

         Solamente si la asamblea hubiera modificado los Estados Contables: copia de los estados modificados.




ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS:


Presentación previa.


La siguiente documentación deberá presentarse con antelación de por lo menos 15 días habiles a la fecha de asamblea:


         Formulario IGJ N° 2. Incluye la nómina, cargos y datos personales de los integrantes de Comisión Directiva y Organo de Fiscalización vigentes.

         Copia de la parte pertinente del acta de la reuniòn Comisiòn Directiva en la que se decidiò convocar a la asamblea extraordinaria y en la que se aprobò el asunto a considerar.  En las convocatorias a asambleas destinadas a reformas de estatutos o reglamentos, el texto de la convocatoria incluirà los artìculos que se propone reformar.

         Circular que contiene la convocatoria enviada a los asociados.

         Acreditación del medio de publicidad de la Convocatoria previsto por los estatutos.


Presentación posterior.


Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la celebración de la asamblea se presentará:

         Formulario IGJ N° 2. Incluye la nómina, cargos y datos personales de los integrantes de Comisión Directiva y Organo de Fiscalización vigentes.

         Copia del Acta de Asamblea.

         Constancia que acredite la asistencia de los asociados con derecho a voto.


En los casos en que la asamblea haya resuelto una reforma del estatuto o de alguno de sus reglamentos, su fusión, escisión o disolución, la copia del acta se remitirá por duplicado  a la IGJ  dentro de los 60 días administrativos de cerrado el acto. Se adjuntará también el texto completo de los artículos modificados del estatuto o reglamento, o el texto completo de lo resuelto en los otros supuestos.


Las reformas introducidas en los estatutos y las reglamentaciones internas para el cumplimiento del objeto solo entraràn en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por la I.G.J.



COMISION DIRECTIVA


Es el órgano de gobierno y administración de la entidad.

Tiene el poder que le otorga la asamblea de asociados que elige a sus integrantes según el procedimiento eleccionario dispuesto en estatutos y reglamentos.

La Comisión Directiva es elegida por la Asamblea o por Acto Eleccionario según el procedimiento que disponga el Estatuto y los Reglamentos.  Debe estar integrada por asociados que para poder ser elegidos deben cumplir determinadas condiciones básicas: cuota al día, cierta antigüedad y otros requisitos que estarán expresados en el estatuto.


El Estatuto Tipo requiere cinco miembros titulares y dos suplentes.

TITULARES: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2.

SUPLENTES:  Vocal 3 y Vocal 4.

(De todas formas recordamos nuevamente que el Estatuto Tipo de Asociaciones Civiles no es obligatorio y la entidad al constituirse puede modificar este modelo).


REEMPLAZOS Y ACEFALIAS: Si los titulares, renuncian,  salen de licencia, son removidos o fallecen, son reemplazados por los suplentes. Si la vacancia supera el 50% de los cargos: hay que llamar a asamblea o elecciones. Si existe vacancia total: asumirá provisoriamente el Organo de Fiscalización.  Si esto tampoco es posible:  cualquier asociado puede solicitar a la IGJ que intervenga en la situación.


REUNIONES DE LA COMISION DIRECTIVA:  el estatuto dispondrá el régimen de reuniones. El  Estatuto Tipo determina una reunión obligatoria mensual. También el estatuto definirá los quorums necesarios y las formas de tomar decisiones (en general se toman por mayoría simple).



FUNCIONES DE LA COMISION DIRECTIVA:  las responsabilidades principales son:

          Gobernar la entidad de acuerdo a su ideario, objetivos y requisitos estatutarios y legales.

          Administrar la organización (Gerenciamiento de la asociación).

          Planificar y ejecutar una política de obtención de ingresos económicos que posibiliten el cumplimiento de los objetivos sociales.

          Custodiar el patrimonio de la asociación.

          Hacer cumplir los estatutos y las disposiciones de la asamblea.

          Hacer cumplir los Reglamentos Internos y mantener la disciplina de los asociados.


SUBCOMISIONES:  los estatutos y los reglamentos internos frecuentemente contemplan la existencia de subcomisiones, integradas también por asociados, que en general son elegidas y supervisadas por la Comisión Directiva.

El grado de manejo, descentralización y posibilidades de las subcomisiones también, en general, son especificados en el estatuto o por reglamento interno.

Estas subcomisiones pueden ser muy útiles para que la Comisión Directiva pueda delegar tareas o áreas puntuales, especialmente en entidades de envergadura donde es materialmente imposible que un grupo reducido de  personas controle todas las actividades.

En cualquier forma siempre el poder y la esfera de acción de las subcomisiones estará limitados a la palabra final de la Comisión Directiva.




ORGANO DE FISCALIZACION


Es el órgano interno de control de la asociación civil. Sus integrantes son elegidos por la Asamblea de Asociados.

Habitualmente se denomina “Revisor de Cuentas”,  “Comisión Revisora de Cuentas” o “Comisión de Fiscalización”.



El Código Civil dispone:


ARTÍCULO 172.- Fiscalización. El estatuto puede prever que la designación de los

integrantes del órgano de fiscalización recaiga en personas no asociadas. En el acto

constitutivo se debe consignar a los integrantes del primer órgano de fiscalización.

La fiscalización privada de la asociación está a cargo de uno o más revisores de

cuentas. La comisión revisora de cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de

CIEN (100) asociados.

ARTÍCULO 173.- Integrantes del órgano de fiscalización. Los integrantes del órgano

de fiscalización deben contar con título profesional que habilite para esas funciones.

No pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión, ni certificantes de los

estados contables de la asociación. Estas incompatibilidades se extienden a los

cónyuges, convivientes, parientes, aun por afinidad, en línea recta en todos los grados,

y colaterales dentro del cuarto grado.

En las asociaciones civiles que establezcan la necesidad de una profesión u

oficio específico para adquirir la calidad de socio, los integrantes del órgano de

fiscalización no deberán contar con título habilitante. En tales supuestos la comisión

fiscalizadora deberá contratar profesionales independientes para su asesoramiento.








En el Estatuto Tipo de AC se detallan las siguientes funciones del Organo de Fiscalización:

Determina en el Art. 10 que el órgano de fiscalización se integrará co tres “revisores de cuentas”  y en el Art. 16 señala los derechos y deberes del revisor:


          Verificación del cumplimiento de leyes, estatutos y reglamentos.

          Verificación del respeto de los derechos de los asociados.

          Asistir cuando lo crea conveniente a las reuniones de Comisión Directiva (con voz pero sin voto).

          Emisión de un Informe Anual sobre la Memoria, Inventario y Estados Contables presentados por la Comisión Directiva.

          Convocar a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda, ante la omisión de la Comisión Directiva o cuando las circunstancias o irregularidades lo justifiquen, notificando de la situación a la IGJ.

          Vigilar el proceso de fusión, disolución o liquidación de la entidad.


Técnicamente es un “auditor interno” de la asociación, que controla a la Comisión Directiva, defiende los derechos de los socios y actúa en caso de acefalía o graves irregularidades.


Será conveniente  que el Revisor de Cuentas se apoye en el asesoramiento y los informes del Abogado de la entidad y del Auditor Externo.  De esa forma su desempeño tendrá una fuerte base técnica y legal para controlar los aspectos jurídicos y contables de la asociación.


Frecuentemente se confunde la función del Revisor de Cuentas como una autoridad ejecutiva más. En muchas entidades los asociados no distinguen el Organo Directivo (Comisión Directiva) y el Organo de Control (Revisor de Cuentas).  También, frecuentemente hay un gran desconocimiento del rol de cada uno de ellos.


Asimismo en muchas entidades se observa una permanente rotación  entre un grupo de autoridades.  En un periodo integran el órgano directivo y luego forman parte del órgano fiscalizador,  pasado un tiempo regresan a tareas directivas y así sucesivamente. A esta situación  no conveniente contribuye que en muchas entidades existe un bajo nivel  de participación de los asociados en la dirección y el control de la entidad.


El Revisor de Cuentas tiene la muy importante responsabilidad de controlar desde dentro de la entidad la gestión de la Comisión Directiva y el cumplimiento de las normas legales y estatutarias.  Esta función  esencial contribuirá a proteger el derecho de los asociados y la posibilidad de que la asociación cumpla con los fines para la cual fue creada por lo cual beneficia a toda la comunidad.




REMUNERACION DE LAS AUTORIDADES ELECTIVAS


En principio no encontramos en el Cödigo Civil prohibiciones expresa para remunerar a las autoridades electivas para las Asociaciones Civiles. No obstante,   limitaciones  de orden  Estatutarias, Reglamentarias e Impositiva establecen una imposibilidad práctica casi total de remunerar a las autoridades de las Asociaciones Civiles.


En el mismo sentido la Inspección General de Justicia es remisa a otorgar la autorización para funcionar cuando la entidad autoriza en sus estatutos la remuneración de sus autoridades.




LIMITACIONES ESTATUTARIAS:


Los estatutos de las asociaciones civiles frecuentemente prohiben la remuneración de las autoridades de la entidad.  En este caso sería imposible asignar remuneraciones a la Comisión Directiva y Organo de Fiscalización  excepto algún caso puntual donde la autoridad además cumpla funciones gerenciales, profesionales o técnicas dentro de la Organización.  Deben estar muy claras las pruebas de que efectivamente esa persona presta un servicio por el cual percibe una retribución. Siempre serán casos puntuales que deben ser aprobados adecuadamente y constar en las actas de la entidad..  Si el estatuto prohibe remunerar a las autoridades, su actuación deberá ser “ad-honorem”.


LIMITACIONES REGLAMENTARIAS:


La RG 7/2005 de IGJ  en su Art. 425 dispone que será causal para denegar la autorización para funcionar como persona jurídica que “el objeto social  sea, directa o indirectamente, de carácter lucrativo o tienda a reportar ventajas económicas para los miembros de la entidad.”


En este caso, aún si el estatuto de la entidad no prohibe remunerar a las autoridades, habrá que tener especial cuidado  por cuanto si los montos son relevantes respecto del giro de la entidad, el grado de dedicación u otras circunstancias no justifiquen la razonabilidad de las remuneraciones,  podrían ser consideradas como “distribución de utilidades” o “ventajas económicas” y ello puede desencadenar impugnaciones internas (asociados, revisor de cuentas)  o externas a la entidad (Inspección General de Justicia y AFIP) que además de cuestionar el pago pueden llegar a afectar el funcionamiento jurídico mismo de la asociación.


Sin embargo el Art. 425 de la RG 7/2005 autoriza remunerar a los directivos siempre y cuando ello no esté expresamente prohibido en los estatutos y se verifique la previa conformidad de la IGJ.  Es decir si el estatuto no lo prohibe, la asamblea de asociados autoriza la remuneración y luego debe solicitarse la conformidad expresa de la Inspección General de Justicia.



LIMITACIONES IMPOSITIVAS:


Las entidades sin fines de lucro en principio tienen fuertes exenciones impositivas (Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado, etc) pero esa exención general está sujeta a varias condiciones que las entidades deben respetar.  Una de ellas se refiere precisamente a las remuneraciones de las autoridades. Concretamente el Art. 20 de la ley 20628 de Impuesto a las Ganancias en su inciso f) concede la exención total a las ganancias obtenidas por las Asociacio.nes Civiles (sin fines de lucro) siempre y cuando tales ganancias y el patrimonio “se destinen a los fines de su creación” y “en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios”. Hasta aquí la exención general, pero luego en el último párrafo de dicho Art. 20 se expresa que LA EXENCION PREVISTA NO SERA DE APLICACIÓN CUANDO LA ASOCIACION ABONE EN PERIODO FISCAL A CUALQUIER PERSONA QUE INTEGRE LOS ELENCOS DIRECTIVOS Y DE FISCALIZACION UN IMPORTE POR TODO CONCEPTO (INCLUIDO GASTOS DE REPRESENTACION) SUPERIOR EN UN 50% AL PROMEDIO DE LAS TRES MEJORES REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.  Asimismo, el mismo párrafo a continuación dispone que TAMBIEN PERDERA LA EXENCION LA ENTIDAD QUE ABONE CUALQUIER REMUNERACION A LAS AUTORIDADES CUANDO ELLO ESTA EXPRESAMENTE PROHIBIDO EN SU ESTATUTO (en este caso no existe un limite máximo en los importes, cualquier remuneración pagada a autoridades determinaría la pérdida de la exención impositiva para la entidad).




RESPONSABILIDAD JURIDICA DE LAS AUTORIDADES


Las autoridades de las Entidades No Lucrativas (Organos de Gobierno y de Fiscalización) tienen responsabilidades jurídicas por su gestión, claramente expresadas en el Código Civil,  Código Penal, y  Ley de Concursos y Quiebras y Ley Penal Tributaria y en algunos casos en las leyes especiales según  el tipo jurídico asociativo particular.


Las sanciones establecidas en dichas normas pueden ser muy severas y los integrantes del gobierno y control de la entidad deberán ser muy cuidadosos en el respeto de las Normas Estatutarias y las pertinentes  Resoluciones de la Inspección General de Justicia.


Asimismo será conveniente para reforzar la posición de los directivos ,  que la entidad tengan una moderna organización, con eficiente división de tareas y suficientes controles internos y externos.


La implementación de normas de gestión y calidad internacionales como por ejemplo las NORMAS ISO,   los manuales de funciones, reglamentos y rutinas de trabajo y autorizaciones, son conceptos  que también contribuyen a afianzar la transparencia en la gestión. 


Otro factor que  respalda la gestión del elenco directivo es contar con asesores externos técnicos y legales que avalen sus decisiones de envergadura.


En ese sentido será conveniente conservar informes escritos, si es posible autenticados y con fecha cierta,  de abogados, contadores, ingenieros y otros profesionales que se refieran a los asuntos manejados por las autoridades.


Un aspecto decisivo a la hora de analizar la gestión será el sometimiento o no de determinadas decisiones a los órganos que corresponda según lo estipulado en leyes, reglamentos y estatutos.

Ante un hecho controvertido no tendrá el mismo efecto sobre la responsabilidad de un directivo si la decisión fue compartida y aprobada en Comisión Directiva o que, por el contrario, si el directivo tomó decisiones en soledad y sin comunicarlo previa o posteriormente  a dicho órgano directivo.


Si las autoridades se ajustan a las normas legales y estatutarias y a su vez la entidad tiene un grado elevado de organización, asesoramiento y control, será mucho menor el riesgo para los elencos directivos en la gestión del gobierno de la entidad.


Una adecuada y transparente administración de los bienes, operaciones y funcionamiento de la entidad, con suficiente comunicación dentro de la Comisión Directiva y hacia los asociados, será un requisito importante para evitar verse envueltos en irregularidades  graves, situaciones de quiebra, evasión o elusión impositiva y otros aspectos  similares que vulneran las normas legales.



CONTROL  DE  LAS  ASOCIACIONES CIVILES


El concepto general del control,  es conveniente recordarlo, se refiere a todas las acciones y procesos dirigidos a verificar y asegurar en forma permanente:


          Que la entidad cumple con la ley.

          Que la entidad cumple con los objetivos establecidos en sus estatutos.

          Que el patrimonio está adecuadamente protegido y los bienes se utilizan para el cumplimiento de los fines establecidos.


El control de una asociación civil puede ser:


          Interno ( el control  ejercido desde dentro de la propia entidad)

          Externo (el control ejercido por el Estado y otros terceros a la entidad)



CONTROLES INTERNOS:


Dentro de la asociación civil actúan mínimamente los siguientes procesos de control:


          CONTROL ORGANIZACIONAL:  es la sumatoria de los procesos de división de tareas,  controles informáticos, un sistema adecuado de contabilidad general,  auditoría contable interna,  establecimiento de normas reconocidas de organización (Iram, Iso, etc),  existencia de personal y equipamientos  de vigilancia (accesos con control magnético, videos de seguridad, etc), comunicaciones internas sistematizadas y suficientes para que se efectivice la transparencia organizativa, y todos las demás acciones de verificación y conducción ejecutiva que protagonizan las autoridades ejecutivas y el personal de la entidad.  Una adecuada planificación estratégica y táctica de las operaciones seguida de un control presupuestario permanente y sistemático y la utilización de cashflow y tablero de control son atributos necesarios para que podamos esperar que una entidad funcione con un suficiente grado de control.



          EL ORGANO DE FISCALIZACION: Como ya se ha explicado este órgano representa en forma permanente a los asociados y su principal misión es el control de la Comisión Directiva. Las funciones y responsabilidades de los revisores de cuentas ya fueron detalladas anteriormente en este mismo capítulo. 





CONTROLES EXTERNOS


LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: es el principal controlador externo establecido por las normas legales: Ley 22315 y Decreto 1493/82.

Tiene a su cargo la fiscalización permanente de las asociaciones civiles respecto de su cumplimiento jurídico y estatutario y es el garante estratégico de los asociados. Ejerce un control rutinario-formal respecto de la constitución, otorgamiento de autorización para funcionar, presentación de documentaciones de asambleas y reformas de estatutos y otras cuestiones similares.


Las principales funciones de fiscalización desarrolladas por la IGJ son las siguientes:


          Otorgamiento (o rechazo) de la autorización para funcionar, personería jurídica.

          Verificación del cumplimiento del propósito de los estatutos.

          Solicitar a la justicia la designación de autoridades interinas para administrar la entidad, en caso de acefalía o irregularidades graves.

          Solicitar la suspensión o remoción de autoridades en caso de irregularidades u ocurrencia de situaciones  contrarias a la ley o  a los estatutos.

          Retirar la autorización para funcionar en el caso de que en dos o más años no se celebren las asambleas anuales ordinarias.

          Puede aplicar multas a la entidad o a sus autoridades en determinados casos como por ejemplo negación a contestar determinados pedidos de información o falta de presentación de las documentaciones obligatorias.

          Otorga la rubricación de los libros contables y societarios de la entidad.

          Recibe y controla los estados contables de ejercicio, el inventario, la memoria y restante documentación ordinaria

          Recibe y controla las documentaciones referidas a reformas de estatutos.

          Supervisa la fusión, disolución y liquidación de la entidad.



ORGANISMOS TRIBUTARIOS:


Los organismos oficiales que fiscalizan en forma permanente a las asociaciones civiles son:


AFIP: otorga la exención impositiva referente a los tributos de carácter nacional y controla a la entidad que deberá, aún estando exenta, presentar declaraciones juradas donde comunica sus estados contables y demás información de interés para el fisco.  Asimismo las asociaciones igual que todas las demás entidades con o sin fin de lucro están obligadas a actuar como agente de retención en el impuesto a las ganancias y pueden ser también sujetos del impuesto al valor agregado.  Todas estas cuestiones se verán detalladamente el el capítulo “Aspectos Impositivos”.


DIRECCIONES DE RENTA PROVINCIALES:  la asociación también es controlada por los distritos provinciales principalmente respecto de sus ingresos.   Deberá solicitar la exención del impuesto a los ingresos brutos y luego renovarla periódicamente.


ORGANISMOS LABORALES Y PREVISIONALES:  si la entidad tiene personal en relación de dependencia,  deberá rubricar libros laborales, liquidar mensualmente cargas sociales y tendrá todas las demás obligaciones formales respectivas.



LA AUDITORIA EXTERNA: la auditoría contable independiente, según la envergadura de la entidad,  podrá implicar solamente un control  mínimo obligatorio de los estados contables de ejercicio o una actividad permanente  de verificación de la contabilidad, el movimiento de fondos y todos los demás aspectos económicos de la asociación.  El contador público debe realizar una serie de procesos sistemáticos de control de todos y cada uno de los rubros de los estados contables antes de emitir su “informe de auditoría” o “dictamen”.  Esta función que delega el Estado en los profesionales en ciencias económicas,  implica una garantía adicional y decisiva sobre los balances y restante información contable que las entidades presentan a sus asociados, organismos de control, bancos y demás terceros interesados en su gestión.



LIBROS RUBRICADOS OBLIGATORIOS Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA


2La RG 7/05 establece los siguientes libros obligatorios que deberán ser rubricados y asimismo la conservación de la correspondiente documentación respaldatoria:

          Actas

          Registro de Asociados

          Inventario y Balances

          Diario

          Libros contables complementarios e integrados a un  “sistema de contabilidad acorde a la importancia y naturaleza” de las actividades y envergadura de la asociación.

          Documentación  respaldatoria de los registros asentados en los libros rubricados.


Asimismo y en cada asociación en particular habrá que ver si existen libros de obligatoriedad estatutaria.  Ejemplos:


          Libro de Asistencia a Asambleas

          Libros contables especiales para determinados sectores o unidades operativas.


Eventualmente también existirán las siguientes obligatoriedades:


          Libro de Sueldos y otros de naturaleza laboral (cuando la entidad tenga personal en relación de dependencia),

          Libros Ventas y Compras  (si la entidad es IVA responsable inscripto).


IMPORTANTE:  todos los hechos registrados en los libros rubricados deben estar suficientemente respaldados  con comprobantes autorizados por los organismos tributarios los cuales deben ser archivados y conservados por los años no prescriptos.



 

(Apéndice Legal)




Resolución 7/2005  Inspección General de Justicia (parte pertinente).

ANEXO XIV

ESTATUTO TIPO DE ASOCIACION CIVIL

TITULO I: DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL.

Artículo 1º: Con la denominación de "Asociación Civil " se constituye el día una entidadsin fines de lucro, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2º: Son suspropósitos:..............................................................................................

Para el cumplimiento del objeto social, la entidad podrá:.......................................................

TITULO II: CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURSOS SOCIALES.

Artículo 3º: La Asociación está capacitada para adquirir derechos y contraer obligaciones.Podrá adquirir bienes muebles e inmuebles, enajenarlos, gravarlos, permutarlos, etcétera;como así también realizar cuanto acto jurídico sea necesario o conveniente para el mejorcumplimiento de su objeto social. Podrá firmar contratos de todo tipo y operar coninstituciones bancarias públicas y privadas.

Artículo 4º: El patrimonio se compone de los bienes que posee en la actualidad y de los quea dquiera en lo sucesivo por cualquier título y de los recursos que obtenga por: a) Las cuotasordinarias y extraordinarias que abonan los asociados. b) Las rentas de sus bienes. c) Lasdonaciones, herencias, legados y subvenciones. d) El producto de entradas, beneficios,sorteos, festivales, eventos y de toda otra entrada que pueda obtener lícitamente deconformidad al carácter no lucrativo de la institución.

TITULO III: ASOCIADOS, CONDICIONES DE ADMISION, REGIMEN

DISCIPLINARIO.

Artículo 5º: Se establecen las siguientes categorías de asociados: a) Activos: las personas físicas mayores de 21 años que revistan carácter de..................................................y sean

aceptadas por la Comisión Directiva. b) Adherentes: las personas físicas que no reúnan las condiciones para ser socios activos. Los asociados adherentes pagarán cuota social, no tendrán derecho a voz ni a voto, y no podrán ser elegidos para integrar los órganos sociales.Artículo 6º: Los asociados activos tienen los siguientes deberes y derechos: 1) Abonar las contribuciones ordinarias y extraordinarias que establezca la Asamblea; 2) Cumplir las demás obligaciones que impongan este estatuto, reglamento y las resoluciones de Asamblea y Comisión Directiva; 3) Participar con voz y voto en las Asambleas y ser elegidos para integrar los órganos sociales, cuando tengan una antigüedad de dos años; 4) Gozar de losbeneficios que otorga la entidad;

Artículo 7º: Perderá su carácter de asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas por este estatuto para serlo. El asociado que se atrase en el pago de tres cuotas, o de cualquier otra contribución establecida, será notificado fehacientemente de su obligación de ponerse al día con la Tesorería social. Pasado un mes de la notificación sin que hubiere regularizado su situación, la Comisión Directiva podrá declarar la cesantía del socio moroso. Se perderá también el carácter de asociado por fallecimiento, renuncia o expulsión. Artículo 8º: La Comisión Directiva podrá aplicar a los asociados las siguientes sanciones: a) Amonestación; b) Suspensión, cuyo plazo máximo no podrá exceder de un año; c)Expulsión. Las sanciones se graduarán de acuerdo a la gravedad de la falta y a las circunstancias del caso, por las siguientes causas: 1) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el estatuto, reglamento o resoluciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva; 2) Inconducta notoria; 3) Hacer voluntariamente daño a la Asociación, provocar desórdenes graves en su seno u observar una conducta que sea notoriamente perjudicial a los intereses sociales.

Artículo 9º: Las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior serán resueltas por la Comisión Directiva, previa defensa del inculpado. En todos los casos, el afectado podrá interponer, dentro del término de treinta días de notificado de la sanción, el recurso de apelación por ante la primera Asamblea que se celebre. La interposición del recurso tendrá efecto suspensivo.

TITULO IV: COMISION DIRECTIVA Y ORGANO DE FISCALIZACION.

Artículo 10: La Asociación será dirigida y administrada por una Comisión Directiva

compuesta de................ miembros, que desempeñarán los siguientes cargos: Presidente,

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero y.............Vocales Titulares.

Habrá también..............Vocales suplentes. El mandato de los mismos durará dos ejercicios.

Habrá un Organo de Fiscalización compuesto de tres miembros titulares, con el cargo de

Revisores de Cuentas, y un miembro suplente. Sus mandatos durarán un año.

En todos los casos, los mandatos son únicamente revocables por la Asamblea. Los

miembros de los órganos sociales podrán ser reelegidos por un período consecutivo.

Artículo 11: Para integrar los órganos sociales, se requiere ser socio activo, con una

antigüedad de dos años y encontrarse al día con tesorería.

Artículo 12: En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que

ocasione la vacancia transitoria o permanente de un cargo titular, entrará a desempeñarlo quien corresponda por orden de lista. El primer vocal desempeñará la Presidencia, en caso de vacancia de los cargos de Presidente y Vicepresidente. Este reemplazo se hará por el tiempo de dicha ausencia transitoria, o por lo que resta del mandato del reemplazado si fuera definitivo.

Artículo 13: Cuando por cualquier circunstancia la Comisión Directiva quedare en la

imposibilidad de formar quórum, una vez incorporados los suplentes los restantes

miembros deberán convocar a Asamblea dentro de los quince días, para celebrarse dentro de los treinta días siguientes, a los efectos de su integración. En caso de vacancia total del cuerpo, el Organo de Fiscalización cumplirá dicha convocatoria, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que incumban a los miembros directivos renunciantes. En ambos casos, el órgano que efectúa la convocatoria tendrá todas las facultades inherentes a la celebración de la Asamblea o de los comicios.

Artículo 14: La Comisión Directiva se reunirá una vez por mes, el día y hora que determine su primera reunión anual, y además, toda vez que sea citada por el Presidente o a pedido del Organo de Fiscalización o por tres de sus miembros, debiendo en estos últimos casos celebrarse la reunión dentro de los siete días de formulado el pedido. La citación se hará por circulares, a los domicilios denunciados ante la entidad y con cinco días de anticipación. Las reuniones se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, requiriéndose para las resoluciones el voto de igual mayoría de los presentes, salvo para las reconsideraciones, que requerirán el voto de las dos terceras partes, en sesión de igual o mayor número de asistentes de aquella en que se resolvió el tema a reconsiderar.

Artículo 15: Son atribuciones y deberes de la Comisión Directiva:

a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir este estatuto y los reglamentos, interpretándolos en caso de duda, con cargo de dar cuenta a la  Asamblea máspróxima que se celebre;

b) Ejercer la administración de la Asociación;

c) Convocar a Asambleas;

d) Resolver la admisión de los que solicitan ingresar como socios;

e) Cesantear o sancionar a los asociados;

f) Nombrar el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social, fijarle sueldo,

determinarle las obligaciones, sancionarlo y despedirlo;

g) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la Memoria, Balance General, Inventario,

Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del Organo de Fiscalización. Todos estos

documentos deberán ser puestos en conocimiento de los socios con la anticipación

requerida por el artículo 23 para la convocatoria a Asamblea Ordinaria;

h) Realizar los actos que especifican los artículos 1881 y concordantes del Código Civil,

con cargo de dar cuenta a la primera Asamblea que se celebre, salvo los casos de adquisición y enajenación de inmuebles, y constitución de gravámenes sobre éstos, en que será necesaria la autorización previa de la Asamblea;

i) Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las que deberán ser aprobadas por la Asamblea y presentadas a la Inspección General de Justicia, a los efectos determinados en el artículo 10, inc. k) de la ley 22.315 y demás normativa pertinente de dicho organismo de control, sin lo cual los mismos no podrán entrar en vigencia. Exceptúense aquellas reglamentaciones que sean de simple organización interna.

Artículo 16: El Organo de Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Controlar permanentemente los libros y documentación contable, respaldatoria de los asientos volcados, fiscalizando la administración, comprobando el estado de la caja y la existencia de los fondos, títulos y valores;

b) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva cuando lo estime conveniente, con voz y sin voto, no computándose su asistencia a los efectos del quórum;

c) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos, en especial en lo referente a los derechos de los socios y las condiciones en que se otorgan los beneficios sociales;

d) Anualmente, dictaminará sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos, presentados por la Comisión Directiva a la Asamblea Ordinaria al cierre del ejercicio;

e) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión Directiva, previa intimación fehaciente a la misma por el término de quince días;

f) Solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento de la Inspección General de Justicia, cuando se negare a acceder a ello la Comisión Directiva;

g) Convocar, dando cuenta al organismo de control, a Asamblea Extraordinaria, cuando ésta fuera solicitada infructuosamente a la Comisión Directiva por los asociados, de conformidad con los términos del artículo 22;

h) Vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación.

El Organo de Fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social.

TITULO V: DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.

Artículo 17: Corresponde al Presidente o, en su caso, al Vicepresidente o a quien lo reemplace estatutariamente:

a) Ejercer la representación de la Asociación;

b) Citar a las Asambleas y convocar a las sesiones de Comisión Directiva y presidirlas;

c) Tendrá derecho a voto en las sesiones de Comisión Directiva, al igual que los demás miembros del cuerpo y, en caso de empate, votará nuevamente para desempatar;

d) Firmar con el Secretario las actas de las Asambleas y de Comisión Directiva, la correspondencia y todo documento de la Asociación;

e) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás

documentos de la Tesorería, de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Directiva. No  permitirá que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo prescripto por este estatuto;

f) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la Comisión Directiva y Asambleas cuando se altere el orden y falte el respeto debido;

g) Velar por la buena marcha y administración de la Asociación, observando y haciendo observar el estatuto, reglamentos, las resoluciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva;

h) Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar las resoluciones en los casos imprevistos. En ambos supuestos, será ad referéndum de la primera reunión de Comisión Directiva.

TITULO VI: DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO.

Artículo 18: Corresponde al Secretario o, en su caso, al Prosecretario, o a quien lo reemplace estatutariamente:

a) Asistir a las Asambleas y sesiones de Comisión Directiva, redactando las actas respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el Presidente;

b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la Asociación;

c) Citar a las sesiones de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 14;

d) Llevar el libro de actas y, conjuntamente con el Tesorero, el Registro de Asociados.

TITULO VII: DEL TESORERO Y PROTESORERO.

Artículo 19: Corresponde al Tesorero o, en su caso, al Protesorero, o a quien lo reemplace estatutariamente:

a) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas;

b) Llevar conjuntamente con el Secretario el Registro de Asociados. Será responsable de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales;

c) Llevar los libros de contabilidad;

d) Presentar a la Comisión Directiva balances mensuales y preparar anualmente el Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario correspondientes al ejercicio vencido que, previa aprobación de la Comisión Directiva, serán sometidos a la Asamblea Ordinaria;

e) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería, efectuando los pagos resueltos por la

Comisión Directiva;

f) Depositar en una institución bancaria, a nombre de la Asociación y a la orden conjunta de Presidente y Tesorero, los fondos ingresados a la caja social, pudiendo retener en la misma hasta la suma que la Comisión Directiva determine;

g) Dar cuenta del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva y al Organo de Fiscalización toda vez que se le exija.

TITULO VIII: DE LOS VOCALES, TITULARES Y SUPLENTES.

Artículo 20: Corresponde a los Vocales Titulares:

a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva con voz y voto;

b) Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva le confíe;

Corresponde a los Vocales suplentes:

a) Entrar a formar parte de la Comisión Directiva en las condiciones previstas en este estatuto;

b) Podrán concurrir a las sesiones de la Comisión Directiva, con derecho a voz pero no a voto. No será computable su asistencia a los efectos del quórum.

TITULO IX: ASAMBLEAS.

Artículo 21: Habrá dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y Extraordinarias.

Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio, cuya fecha de clausura será el día.......de...............de cada año, y en ellas se deberá:

a) Considerar, aprobar o modificar, la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del Organo de Fiscalización;

b) Elegir, en su caso, los miembros de los órganos sociales, titulares y suplentes;

c) Fijar la cuota social y determinar las pautas para su modificación, las que serán instrumentadas por la Comisión Directiva;

d) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día;

e) Tratar los asuntos propuestos por un mínimo del cinco por ciento de los socios y presentados a la Comisión Directiva dentro de los treinta días de cerrado el ejercicio anual.

Artículo 22: Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario, o cuando lo solicite el Organo de Fiscalización o el veinte

por ciento de los socios con derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro del término de diez días, y celebrarse la Asamblea dentro del plazo de treinta días, y si no se tomase en consideración la solicitud, o se negare infundadamente, podrá requerirse en los mismos términos y procedimiento al Organo de Fiscalización, quien la convocará, o se procederá de conformidad con lo que determina el artículo 10, inciso i) de la ley 22.315 o norma que en el futuro la reemplace.

Artículo 23: Las Asambleas se convocarán por circulares remitidas al domicilio de los socios, con veinte días de anticipación. Con la misma antelación deberá ponerse a consideración de los socios la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización. Cuando se sometan a consideración de la Asamblea reformas al estatuto o reglamentos, el proyecto de las mismas deberá ponerse a disposición de los asociados con idéntico plazo. En las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos expresamente en el orden del día, salvo que se encontrare presente la totalidad de los socios con derecho a voto y se votare por unanimidad la incorporación del tema.

Artículo 24: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aun en los casos de reforma de

estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mayoríaabsoluta de los socios con derecho a voto.

Serán presididas por el Presidente de la entidad o, en su defecto, por quien la Asamblea designe, por mayoría simple de votos emitidos.

Artículo 25: Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos emitidos, salvo cuando este estatuto se refiera expresamente a otras mayorías. Ningún socio podrá tener más de un voto, y los miembros de la Comisión Directiva y Organo de Fiscalización no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión. Los socios que se incorporen una vez iniciado el acto sólo tendrán voto en los puntos aún no resueltos.

Artículo 26: Con la anticipación prevista por el artículo 23, se pondrá a exhibición de los asociados el padrón de los que están en condiciones de intervenir. Se podrá efectuar reclamos hasta cinco días antes del acto, los que deberán resolverse dentro de los dos días siguientes. No se excluirá del padrón a quienes, pese a no estar al día con Tesorería, no hubieren sido efectivamente cesanteados. Ello sin perjuicio de privárselos de su participación en la Asamblea si no abonan la deuda pendiente hasta el momento de inicio de la misma. Para la elección de autoridades se adopta el sistema de voto secreto y directo, por la lista completa de candidatos, no siendo admisible el voto por poder. Las listas de candidatos a autoridades deberán ser presentadas con no menos de diez días de antelación, debiendo la comisión directiva pronunciarse dentro de las 48 horas siguientes sobre la procedencia de su oficialización. En caso de objeciones, los apoderados podrán subsanarla hasta 24 horas de notificado.

TITULO X: DISOLUCION Y LIQUIDACION.

Artículo 27: La Asamblea no podrá decretar la disolución de la Asociación mientras haya una cantidad de asociados dispuestos a sostenerla en número tal que posibilite el regular funcionamiento de los órganos sociales.

De hacerse efectiva la disolución, se designarán los liquidadores que podrán ser la misma Comisión Directiva o cualquier otra comisión de asociados que la Asamblea designe. El Organo de Fiscalización deberá vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. Una vez pagadas las deudas, el remanente de bienes se destinará a una institución de bien común con personería jurídica, domicilio en el país y reconocida como exenta de todo gravamen por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.-D.G.I.) u organismo que en el futuro la sustituya. La destinataria del remanente de bienes será

designada por la Asamblea de disolución.

TITULO XI: DISPOSICION TRANSITORIA.

Artículo 28: No se exigirá la antigüedad requerida por los artículos 6º, inc. 3) y 11 durante los primeros dos años desde la constitución de la entidad.


RESOLUCION 7/05.  INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

ASOCIACIONES CIVILES 

(Parte pertinente)


LIBRO VIII - Asociaciones civiles y fundaciones




CAPITULO I - Autorización para funcionar

Requisitos comunes a las asociaciones civiles y fundaciones

Art. 344 (1) – La solicitud de otorgamiento de autorización para funcionar como personas jurídicas por parte de las asociaciones civiles –comprendidas las asociaciones civiles propiamente dichas, las federaciones, confederaciones y cámaras empresarias– y las fundaciones requiere la presentación de la documentación siguiente:

1. Formulario de actuación conforme al art. 2 y Anexo I allí indicado.

2. Dictamen de precalificación suscripto conforme al Anexo II.

3. Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original firmado por todos los constituyentes e integrantes de los órganos sociales que se designen, presentado con sendas copias de margen normal y protocolar (“margen ancho”). El mismo debe contener transcripción del acta constitutiva o fundacional, la cual incluirá:

a) Lugar y fecha cierta de la constitución.

b) Datos personales de los asociados.

c) Aprobación de los estatutos. El texto de los mismos puede formar parte del acta o suscribirse por separado.

d) Elección de autoridades, precisando cargos, datos personales y término de sus mandatos, aceptación de dichos nombramientos y declaración jurada de no hallarse afectados por inhabilidades e incompatibilidades legales o reglamentarias para ocupar los cargos.

e) Decisión de solicitar la autorización para funcionar como persona jurídica, autorizando a una o más personas para gestionarla, presentar y retirar documentación, realizar depósitos bancarios y extraerlos y facultándolas para aceptar las observaciones que formule la Inspección General de Justicia y proceder con arreglo a ellas, salvo que por su significación sea necesaria la decisión de los constituyentes.

f) Fijación de la sede social, con la identificación precisa –mención de calle, número, piso, oficina en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, pudiendo efectuarse en los estatutos sólo la indicación del domicilio limitada al ámbito jurisdiccional.

4. Demostración del patrimonio social inicial de, como mínimo, la suma de pesos doscientos ($ 200) en el caso de las asociaciones civiles y la de pesos doce mil ($ 12.000) en el caso de las fundaciones, o las sumas que oportunamente se determinen con alcance general.

Dicha demostración puede efectuarse conjunta o alternativamente por los medios siguientes, de acuerdo a la clase de bienes de que se componga el patrimonio:

a) Bienes que no sean sumas de dinero: mediante estado contable o inventario de bienes certificado por contador público e informe de dicho profesional indicando el contenido de cada uno de los rubros que lo integran y el criterio de valuación utilizado, fundamentando su procedencia.

b) Sumas de dinero:

i) mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina a nombre de la entidad en formación, para su retiro oportuno por su presidente o persona autorizada una vez otorgada la autorización para funcionar como persona jurídica: o bien,

ii) mediante la manifestación expresa en la escritura pública de constitución, del escribano público autorizante, de que por ante él los constituyentes obligados a la integración del patrimonio inicial, en cumplimiento de dicha obligación, hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese acto y que éstos los reciben de conformidad; podrá igualmente constar que dicha entrega se hace al mismo escribano público autorizante, con cargo a él de entregar los fondos a la administración de la entidad una vez autorizada ésta a funcionar. Si la entidad se constituye por instrumento privado, la manifestación se efectuará por acta notarial por separado, salvo que, en el caso de las asociaciones civiles, la cifra del patrimonial inicial sea la mínima prevista de pesos doscientos ($ 200), en cuyo caso bastará la constancia de su recepción por la comisión directiva nombrada en el acta constitutiva.

5. Nómina de los miembros de los órganos directivo y de fiscalización. Debe presentarse con especificación de cargo, término de duración en el mismo, número de documento nacional de identidad, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio real y constituido de cada uno de los integrantes.

Estatuto tipo

Art. 345 – Las asociaciones civiles propiamente dichas y las fundaciones podrán constituirse adoptando el “estatuto tipo” que en las presentes Normas se aprueba como Anexo XIV y Anexo XV, respectivamente.

Federaciones y confederaciones

Art. 346 (1) – El otorgamiento de autorización para funcionar como personas jurídicas a las asociaciones civiles que se constituyan como federaciones y confederaciones, requiere, además del cumplimiento de los requisitos del art. 344, el de los siguientes:

1. Si las entidades integrantes de la federación o confederación han sido autorizadas a funcionar por la Inspección General de Justicia, debe citarse el número y fecha de la respectiva resolución. Si son entidades de jurisdicción provincial, se debe acompañar certificado de vigencia expedido por la respectiva autoridad administrativa y certificado del registro o repartición que corresponda que acredite que la entidad no tiene quiebra declarada.

2. Deben agregarse los poderes o autorizaciones a los representantes de las entidades federadas o confederadas presentes en el acto constitutivo, otorgados por los órganos de administración de las mismas; si la constitución se formalizare por escritura pública, será suficiente que en la misma se haga referencia a dichos poderes, dejando el escribano público constancia de haberlos tenido a la vista y examinado.

3. El acta del órgano de administración de las entidades que constituyan la federación o confederación debe contener la decisión expresa de participar de la misma, indicar los fondos o bienes que se aportan a su patrimonio y las personas y poderes conferidos para representar a la entidad participante, como así también la facultad para conformar los órganos sociales. Deberán tenerse también en consideración las normas estatutarias sobre disposición de fondos o bienes sociales, sea que las atribuciones para llevarla a cabo sean del órgano de administración o exclusivas de la asamblea.

Cámaras empresarias

Art. 347 (1) – Para el otorgamiento de autorización para funcionar como personas jurídicas a las cámaras empresarias, deben cumplirse, además de los requisitos del art. 344, los siguientes:

1. Personas jurídicas. Cuando las componentes sean personas jurídicas deben observarse los recaudos siguientes:

a) Si son sociedades comerciales inscriptas en el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia, deben citarse los datos de inscripción y fecha de la misma.

b) Si son sociedades comerciales inscriptas en jurisdicción provincial deben indicarse los datos y fecha de inscripción y acreditar que la misma se encuentra vigente, adjuntando al efecto constancia expedida por el respectivo Registro Público de Comercio.

Para ambos supuestos, deben presentarse los poderes o autorizaciones conferidos a los representantes de las sociedades comerciales presentes en el acto constitutivo, adjuntar acta de la reunión del órgano de administración que contenga la designación específica de los representantes, la decisión expresa de participar de la cámara y certificado del registro o repartición que corresponda que acredite que la entidad no tiene quiebra declarada.

2. Personas físicas. La integración de la cámara por personas de existencia visible, sólo se admitirá si se trata de empresarios o comerciantes de la actividad o ramo relacionados con el objeto de la cámara, se hallen o no matriculados en el Registro Público de Comercio, acreditando su condición de tales con la constancia de hallarse inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Fundaciones

Art. 348 (1) – Además del cumplimiento de los requisitos del art. 344, el otorgamiento de autorización para funcionar a las fundaciones, requiere que se acompañe:

1. Planes que proyecte ejecutar la entidad, en el primer trienio, con indicación precisa de la naturaleza, características y desarrollo de cada una de las actividades necesarias para su cumplimiento en forma detallada año por año.

2. Bases presupuestarias para la realización del proyecto descripto en el plan trienal donde se consigne el patrimonio inicial y se detalle en forma pormenorizada los ingresos y egresos previstos para cada una de las actividades programadas para los primeros tres años.

3. Las bases presupuestarias y el plan trienal de actividades deberán ser firmados por el o los fundadores o apoderados expresamente autorizados para ello.

4. En caso de existir donaciones de empresas acompañar acta de directorio donde se aprueba efectuar la donación, autenticada notarialmente, y la correspondiente carta compromiso con la firma del donante certificada notarialmente.

5. En caso de existir donaciones de particulares, fundadores u otras personas físicas, acompañar carta compromiso de donación con la firma del donante certificada notarialmente.

6. Acompañar dictamen de precalificación de contador público independiente respecto de la viabilidad y razonabilidad de cumplimiento del plan trienal y sus bases presupuestarias en función de los ingresos y egresos proyectados.

Vinculación con entidades extranjeras. Participación; autorización previa (1)

Art. 349 (1) – Si del acta constitutiva o de la denominación u objeto de la entidad surge vinculación con entidad o entidades constituidas en el extranjero, que conforme a su acto constitutivo y/o a las condiciones de su existencia legal conforme con la ley de su lugar de constitución o su domicilio, reúnan a criterio de la Inspección General de Justicia, caracteres análogos a los de las asociaciones civiles, federaciones, confederaciones, cámaras empresarias o fundaciones reguladas por el derecho argentino, deberá acreditarse la existencia y vigencia de la entidad constituida en el extranjero, acompañando copia de sus instrumentos de constitución, reformas y constancias de autorización y/o registro, según corresponda; dicha documentación deberá cumplir con los recaudos formales requeridos por el art. 249 para la documentación proveniente del exterior correspondiente a sociedades constituidas en el extranjero, pudiendo también protocolizarse la misma (art. 250).

Las entidades del exterior contempladas en el párrafo anterior que pretendan participar en la constitución o incorporarse posteriormente a las entidades locales contempladas en los arts. 344, 346, 347 y 348, deberán acreditar su capacidad legal para hacerlo y obtener autorización de la Inspección General de Justicia, cumpliendo en lo pertinente con lo dispuesto por el art. 368.

Procedimiento. Visita de inspección previa

Art. 350 – Se aplican las normas de procedimiento y los plazos del art. 50.

Con carácter previo a resolver sobre la autorización para funcionar, se realizarán visitas de inspección dirigidas a determinar con precisión las condiciones en que las entidades se propongan funcionar para el cumplimiento de sus objetivos, exceptuados los casos de fundaciones respecto de las cuales se establezca por dictamen fundado que se hallan encuadradas en lo dispuesto por el art. 2, segunda parte, de la Ley 19.836.

Los plazos procedimentales aplicables se suspenderán, reanudándose una vez agregado a las actuaciones el informe correspondiente a las visitas.

Entidades afiliadas a federaciones, confederaciones y cámaras. Condiciones

Art. 351 – Las entidades afiliadas a las federaciones, confederaciones y cámaras deben gozar de personería jurídica conforme a autorización para funcionar que les haya sido acordada, salvo que acrediten su condición de sujetos de derecho con arreglo al art. 46 del Código Civil y en ese carácter se encuentran legitimadas para la afiliación.

Para integrar los órganos de administración y fiscalización se requiere contar con personería jurídica otorgada.

Estatutos. Cláusulas admisibles

Art. 352 – Los estatutos de las asociaciones civiles que se constituyan conforme a los artículos anteriores podrán incluir, con regulación clara, precisa y completa, cláusulas que establezcan:

1. La limitación de la cantidad de asociados, conforme a lo autorizado por el art. 38 del Código Civil, siempre que ese número no sea inferior al necesario para cubrir cargos en los órganos sociales.

2. El cómputo de voto plural a los asociados de las cámaras empresarias, federaciones y confederaciones, en las condiciones que expresamente se prevean.

3. El voto por correo para el acto eleccionario, cuando el asociado se encuentre fuera de la jurisdicción.

4. El voto por poder, excepto para actos de elección de autoridades.

5. La realización en forma no presencial de las reuniones del órgano de administración, siempre que el quórum de las mismas se configure con la presencia física en el lugar de celebración de los integrantes necesarios para ello y que la regulación estatutaria garantice la seguridad de las reuniones y la plena participación de todos los miembros de dicho órgano y del órgano de fiscalización, en su caso.

Cláusulas improcedentes

Art. 353 – No es admisible la inclusión en los estatutos de las asociaciones civiles de cláusulas que:

1. Impongan a los asociados la renuncia a recurrir a instancias administrativas o judiciales, cuando se consideren afectados sus derechos por cualquier decisión de los órganos sociales.

2. En las entidades constituidas por residentes extranjeros, impliquen una ingerencia o menoscabo a la soberanía de su país de origen.

3. En esas mismas entidades, impongan restricciones al ingreso o derechos de asociados argentinos, cualquiera fuere su ascendencia, o limiten los derechos de los asociados argentinos por no utilizar o no expresarse en idioma extranjero en el seno de la entidad.

4. Admitan discriminaciones, de cualquier índole, y además limiten los derechos a los beneficios que la entidad otorga por razones de sexo, nacionalidad, creencias religiosas y políticas, edad, raza, condición social y cualquier otra situación análoga.

5. Posibiliten las reuniones asamblearias no presenciales o por el sistema de teleconferencias.

6. Acuerden derechos políticos a los socios adherentes.

7. Regulen la creación futura de otras categorías de asociados en condiciones violatorias de derechos adquiridos de categorías anteriores.

8. Posibiliten modalidades del ejercicio del derecho de información de los asociados e integrantes de los órganos sociales que en los hechos puedan comportar su limitación o supresión.

9. Permitan la prórroga automática de jurisdicción, para llevar a cabo las asambleas y/o reuniones del órgano de administración y fiscalización.

La enumeración que antecede no es taxativa, por lo que podrán ser observadas otras cláusulas que se estime abusivas o contrarias a la moral y las buenas costumbres o violatorias de garantías constitucionales y principios de funcionamiento democrático de las asociaciones civiles.

Denominación. Normas aplicables

Art. 354 (1) – Se aplican en lo pertinente a las asociaciones civiles y fundaciones las disposiciones de arts. 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64.

Asimismo, la denominación deberá:

1. Contener en su núcleo la indicación precisa del principal o principales objetivos de la entidad.

2. Estar expresada en idioma nacional, cuanto menos en la parte a que se refiere el inciso anterior, sin perjuicio de la posibilidad de incluir agregados subordinados a ella en idioma extranjero, lenguajes regionales o dialectos.

Utilización de la denominación; siglas

Art. 355 – En su funcionamiento las asociaciones civiles y fundaciones deben utilizar la denominación que surge del estatuto social. Deberán abstenerse de incluir en su papelería, documentos, presentaciones y en general cualquier acto que realicen, siglas que no se encuentren expresamente incluidas en la denominación prevista en el estatuto.

Términos “Argentina”, “República Argentina”, “Mercosur” o expresiones que los incluyan. Academias; término “nacional” o derivados (1)

Art. 356 (1) – En los casos en los cuales no se configuren los extremos del art. 62 podrá sin embargo autorizarse el empleo de los términos “Argentina”, “República Argentina” u otras expresiones que los incluyan, si se acredita indubitablemente que la entidad cumplirá con sus finalidades en diversas jurisdicciones del territorio nacional.

Mercosur. En los casos en los cuales se utilice el término “Mercosur” u otras expresiones que lo incluyan, deberá acreditarse que la entidad cumplirá con sus finalidades en diversas jurisdicciones de los países miembros del Mercosur.

Academias. Las academias no podrán incorporar en su denominación el vocablo “Argentina”, cuando ello pueda dar lugar a que se confunda la entidad con una academia nacional prevista por el Dto.-Ley 4.362/55 y sus modificaciones. Las que hayan sido reconocidas como “nacionales” por el Poder Ejecutivo y se propongan adicionar tal término a su denominación, deberán acreditar dicho reconocimiento acompañando copia del decreto correspondiente.

Término “universidad” o derivados

Art. 357 – El término “universidad” o sus derivados no podrá ser utilizado por entidades que carezcan del reconocimiento de tales por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Personas de existencia visible. Conformidad. Nombres notorios

Art. 358 – La inclusión en la denominación del nombre de una persona de existencia visible, ya sea completo o parcial en alcances suficientes para determinar su identidad, requiere la conformidad de la misma acreditada por escrito con firma certificada notarialmente o ratificada en las actuaciones.

Persona fallecida. Notoriedad. Si se trata de persona fallecida, la autorización debe ser acordada con iguales recaudos por sus herederos, adjuntándose además copia de la declaratoria judicial o del auto aprobatorio del testamento u otra pieza judicial que los identifique.

Si la persona fallecida alcanzó notoriedad y reconocimiento público generalizados en vida, no se requerirá la autorización de sus herederos sin perjuicio del derecho de los mismos a oponerse a la inclusión del nombre en la denominación de la entidad si los objetivos de ésta no guardan relación suficiente con las actividades o circunstancias de las cuales aquella notoriedad o reconocimiento se derivan, o si importan de algún otro modo desvirtuación de tales cualidades.

Otros supuestos de autorización o consentimiento previos

Art. 359 – Si se pretende incorporar a la denominación referencias a cualquier organismo o dependencia pública o a otra entidad de bien común con la cual, de acuerdo con el objeto y finalidades previstos estatutariamente, habrán de mantenerse relaciones o vinculaciones razonablemente permanentes, será necesaria conformidad escrita con los recaudos del artículo anterior o copia de acto administrativo, si se requiriere.

Si dicha conformidad se condiciona a la previa autorización para funcionar, la incorporación a la denominación de las referencias correspondientes requerirá la modificación posterior de los estatutos sociales.

Denominación con referencias de índole delictiva o contrarias a la moral y las buenas costumbres

Art. 360 (1) – No se admitirá la inclusión en la denominación de alusiones o referencias a hechos delictivos ni en general ninguna otra contraria a la moral y las buenas costumbres.

Objeto social

Art. 361 – La mención del objeto social deberá efectuarse en forma precisa y determinada, mediante la descripción concreta y especifica de las actividades que la entidad se proponga realizar.

Deberá guardar razonable relación con el patrimonio inicial y los recursos que la entidad proyecte obtener durante su funcionamiento.

La suficiencia inicial del patrimonio de las fundaciones no se presumirá por que el mismo alcance el valor mínimo requerido por el art. 344, inc. 4.

Cooperadoras. Objeto

Art. 362 – Las asociaciones civiles cuyo objeto prevea su actuación como cooperadoras de establecimientos educativos, hospitalarios u otros que provean servicios a la comunidad, deberán contemplar en el estatuto que se garantizará concretamente, por parte de ellas, el efectivo acceso a las prestaciones de la entidad beneficiaria de la cooperación en condiciones de gratuidad o, en su caso, en las condiciones en que tales servicios sean prestados por el Estado nacional, provincial o municipal. Deberán necesariamente contar con la aprobación de la máxima autoridad de la entidad a la que asisten. Dicha autoridad integrará el órgano de administración como asesor consultivo y deberá ser previamente consultada respecto a las erogaciones que se realicen en beneficio del ente al que coadyuvan.

Autorización. Pautas genéricas de apreciación

Art. 363 – Para resolver sobre el otorgamiento de autorización para funcionar como personas jurídicas a las asociaciones civiles comprendidas en los artículos anteriores y a las fundaciones, la Inspección General de Justicia apreciará razones de oportunidad, mérito y conveniencia que se funden en el interés público de que las entidades satisfagan finalidades de bien común. Cuidará que sus estatutos se conformen a la ley y a las disposiciones de estas Normas, aseguren su organización y funcionamiento y no contraríen normas y principios de orden público.

Bien común

Art. 364 – En la ponderación de las finalidades de bien común de las entidades se considerarán aquellas que contribuyan al bien de la comunidad en general o a las mejores condiciones de la vida social, en contraposición al bien individual o al bien egoísta de un grupo determinado de personas, sin colisionar o contrariar las valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración deba ser efectuada. El bien común debe exteriorizarse y proyectarse hacia la comunidad en su conjunto y expresarse, a través del objeto de las entidades, en finalidades coincidentes con las que el Estado jerarquiza como propias. Las actividades a realizar deberán incidir en forma directa sobre el bien común.

Denegatoria de la autorización para funcionar. Causales

Art. 365 – Serán causales para denegar la autorización para funcionar, las siguientes:

1. La existencia, en la vida interna de la entidad, de irreconciliables núcleos antagónicos que imposibiliten el cumplimiento de las finalidades de la entidad.

2. La existencia en los órganos de administración y de fiscalización, de miembros titulares o suplentes, afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir dichas calidades, o que se hallen sometidos a procesos judiciales que por su índole y estado impidan física o moralmente la permanencia de los afectados en los cargos en que fueron designados o arrojen objetivamente dudas fundadas sobre su idoneidad para desempeñarlos.

3. Que el objeto social enunciado no satisfaga el bien común o que la entidad persiga directa o indirectamente finalidades lucrativas o tienda a reportar ventajas económicas para el fundado, los asociados o los integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización.

4. Que la entidad se proponga subsistir exclusivamente de recursos económicos constituidos por aranceles que ingresen a ella por prestaciones de servicios que efectúe o por subsidios o donaciones del Estado.

Situaciones especiales preexistentes

Art. 366 – I. Ordenes religiosas. Existencia preconstitucional. Obligaciones; libros. Las órdenes religiosas de existencia preconstitucional que han sido reconocidas en el carácter de personas jurídicas por expresa autorización estatal, están obligadas a cumplir, en lo pertinente, con las disposiciones legales y/o reglamentarias que rigen en el caso de las demás entidades civiles y, por ende, con las disposiciones pertinentes sobre rúbrica de libros.

II. Institutos de vida consagrada. Registro. Secretaría de Culto. Las asociaciones civiles, que conforman los institutos de vida consagrada, podrán solicitar la cesación del control y cancelación de la autorización para funcionar, mediante asamblea que resuelva su disolución sin liquidación por haber sido registradas en el Registro de Vida Consagrada dependiente de la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los efectos previstos en la Ley 24.483 y Decreto reglamentario 491/95.

Otras formas de participación civil organizadas

Art. 367 – I. Asociaciones vecinales. Las asociaciones vecinales, si bien no tienen reconocimiento de la autoridad provincial como personas jurídicas, su existencia es reconocida por ordenanzas municipales, siendo esa autoridad quien fiscaliza su funcionamiento. Con los recaudos del art. 46 del Código Civil, son sujetos de derecho y legitimadas para la afiliación a entidades de segundo y tercer grado.

II. Agrupaciones políticas de los clubes. Las agrupaciones políticas de los clubes constituyen una asociación de personas con actividades regladas estatutariamente y que influyen directamente con su actividad en la vida de la institución a la que pertenecen. Son sujetos de derecho, conforme el art. 46 del Código Civil.

Entidades de bien común del extranjero. Apertura de representación o establecimiento permanente

Requisitos

Art. 368 (1) – Para obtener la autorización de apertura y funcionamiento de representaciones o establecimientos permanentes en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las asociaciones civiles, fundaciones u otras entidades de bien común constituidas en el extranjero deben presentar:

1. Formulario de actuación y dictamen de precalificación conforme se prevé en art. 2 y los Anexos I y II, respectivamente.

2. La documentación de su acto constitutivo, estatutos y reformas.

3. Comprobante extendido por la autoridad competente de que se hallan debidamente autorizadas o inscriptas según las leyes de su país de origen, como entidades de bien público sin fines de lucro.

4. Instrumento que contenga la resolución motivada del órgano competente que dispuso la apertura de la representación o establecimiento permanente y el pedido de autorización correspondiente a la Inspección General de Justicia, designó al representante y le otorgó las facultades necesarias y fijó sede social en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o autorizó a dicho representante a hacerlo.

5. Nota del representante designado indicando sus datos personales, prestando declaración jurada de no hallarse afectado por inhabilidades e incompatibilidades legales o reglamentarias para desempeñar la función encomendada y constituyendo domicilio especial a todos los efectos que pudieran corresponder.

La documentación proveniente del extranjero (incs. 2, 3 y 4) debe cumplir con los recaudos formales requeridos por el art. 249, pudiendo también protocolizarse como se prevé en el art. 250. Debe presentarse con copias de tamaño normal y protocolar (“margen ancho”).

Facultades del representante; atribuciones de la Inspección General de Justicia. Las facultades que se confieran al representante deberán ser suficientes para el cumplimiento en la República Argentina de la finalidad de bien común de la entidad. Si se asignaren bienes o fondos a la representación o establecimiento, deberán serlo por valores no inferiores a pesos doscientos ($ 200) en el caso de asociaciones civiles o entidades que, conforme a su acto constitutivo, reúnan a criterio de la Inspección General de Justicia, caracteres análogos a los de las asociaciones civiles constituidas y autorizadas por el organismo en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o, si se tratare de fundaciones o de entidades afines conforme a ese criterio, a pesos doce mil ($ 12.000), cifras ambas que podrán ser oportunamente modificadas con carácter general. La acreditación de dicha asignación deberá cumplirse con aplicación de lo dispuesto en el inc. 4, subincs. a) o b), del art. 344, según corresponda. La Inspección General de Justicia podrá observar la suficiencia del valor asignado si no guarda relación razonable con el objeto de bien común que habrá de ser desarrollado por la entidad a través de la actuación de la representación o establecimiento.

Normas aplicables

Art. 369 – Se aplican en lo pertinente los arts. 363, 364, 365, incs. 2 –respecto del representante– y 3.

CAPITULO II - Funcionamiento

Fiscalización. Control de legalidad

Art. 370 – La Inspección General de Justicia fiscalizará en forma permanente el funcionamiento de las entidades y ejercerá el control de legalidad de sus actos sometidos a aprobación o autorización previa, con los criterios resultantes de los arts. 363 y 364. Podrá exigir modificaciones a los estatutos, cuando ello resulte necesario por disposiciones legales y reglamentarias en vigencia o para hacer posible su mejor funcionamiento, el mayor respeto de los derechos de los integrantes de la entidad y la mejor consecución de los objetivos de ésta.

Podrá también solicitar periódicamente, con carácter general o cuando la profusión y características de las modificaciones introducidas lo hagan aconsejable, la presentación de textos ordenados de los estatutos de las entidades.

Simples asociaciones

Art. 371 (1) – Las simples asociaciones, cuya existencia y elección de autoridades se instrumente en los términos previstos por el art. 46 del Código Civil, podrán inscribirse en el Registro Voluntario de Simples Asociaciones (RVSA) que la Inspección General de Justicia llevará al efecto, a cuyo fin se adjuntarán los documentos que lo acrediten, con expresa indicación de la capacidad de los otorgantes, el objeto a cumplir y el domicilio.

SECCION PRIMERA - Libros

Rúbrica de libros; transcripciones

Art. 372 – Una vez autorizadas a funcionar, las asociaciones civiles y fundaciones deben solicitar la individualización y rúbrica de sus libros de conformidad con las disposiciones del Libro VII de estas Normas.

Libros obligatorios. Recaudos

Art. 373 – Sin perjuicio de los libros contables y documentación correspondientes a una adecuada integración de un sistema de contabilidad acorde a la importancia y naturaleza de sus actividades y su adecuada administración y control, las asociaciones civiles deberán llevar los siguientes libros:

1. De Actas, en el que se insertarán las correspondientes a las sesiones del órgano de administración y asambleas generales, debiendo consignarse en las mismas el lugar, fecha y hora de celebración de la reunión, carácter de ésta, nombre y apellido de los asistentes, orden del día, los asuntos tratados, deliberaciones producidas y resoluciones sancionadas. De contar la asociación con libro de registro de asistencia a asambleas, podrá obviarse el nombre de los asistentes, referenciándose los datos de dicho registro.

En este libro deben también transcribirse, en primer término, el acta constitutiva y el estatuto social, los cuales también deberán ser firmados allí por todos los constituyentes.

2. De Asociados, en el que se anotará la nómina de éstos, categoría a que pertenecen, según la clasificación determinada en el estatuto, fecha de ingreso, cuotas pagadas, sanciones aplicadas y fecha de cesación como asociado, con indicación de la causa.

3. De Inventarios y Balances, en el que se incluirán detalle y valuación de los bienes que la entidad posea al tiempo de ser autorizada a funcionar como persona jurídica y la transcripción de los estados contables correspondientes a los ejercicios anuales sucesivos o los balances extraordinarios firmados por la Comisión Directiva que se sometan a consideración de la asamblea de asociados, debiendo incluirse la Memoria de lo actuado por la Comisión Directiva, la descripción exacta y completa del activo y pasivo de la entidad y sus valores, el Patrimonio Neto resultante, la cuenta de gastos y recursos, los Anexos y los informes de contador y Comisión Fiscalizadora.

4. Diario, en el que se registrarán todos los ingresos y egresos de fondos que se efectúen, indicando en cada caso el concepto de entrada y salida, detallando el comprobante o documento respaldatorio que origina cada asiento y los asientos mensuales de carácter global de libros auxiliares.

Los libros y la documentación social deberán hallarse en la sede de la entidad, donde los asociados e integrantes de los órganos sociales tendrán libre acceso a los mismos.

Fundaciones; libros obligatorios

Art. 374 – Los libros indicados en los incs. 1, 3 y 4 del artículo anterior son también obligatorios para las fundaciones.

Representaciones de entidades del exterior

Art. 375 – Las representaciones de las asociaciones civiles, fundaciones u otras entidades de bien común constituidas en el extranjero, una vez autorizadas conforme al art. 368, deben rubricar los libros que sean necesarios para llevar contabilidad separada, incluidos a tal fin los libros Inventarios y Balances y Diario.

Registros por ordenadores, medios mecánicos, magnéticos u otros (art. 61, Ley 19.550)

Art. 376 – Podrá solicitarse la autorización para el empleo de ordenadores, medios mecánicos, magnéticos u otros prevista por el art. 61 de la Ley 19.550, cuyos requisitos, procedimientos se regirán por los arts. 282 y 283, debiendo cumplirse también con lo dispuesto por el art. 284.

Registración contable. Otras normas aplicables

Art. 377 – Son también también aplicables en lo pertinente, las restantes disposiciones del Tít. II del Libro IV “y, en su caso, en forma analógica, los arts. 275 y 276 del Tít. I de dicho libro” (*).

Sanciones

Art. 378 – El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, como así también el llevado irregular de los libros y registraciones y el impedimento u obstrucción al acceso a los mismos y a la documentación social por parte de los asociados y en su caso a integrantes de los órganos de administración y fiscalización, harán pasibles a los responsables de la sanción de multa prevista en el art. 14, inc. c), de la Ley 22.315.

SECCION SEGUNDA - Estados contables

Normas técnicas aplicables

Art. 379 – Las asociaciones civiles y fundaciones Justicia deben confeccionar sus estados contables con arreglo a las normas particulares de exposición contable aprobadas por la Res. Técnica 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas –modificada por Res. Técnica 19 de la misma Federación– y las relativas a las normas de valuación contable aprobadas por la Res. Técnica 17 y toda otra norma complementaria o modificatoria que sea aplicable a entes sin fines de lucro, en cuanto no sean contrarias a disposiciones de la Inspección General de Justicia.

Denominaciones de cuentas; carácter ejemplificativo

Art. 380 – Las denominaciones de cuentas contenidas o aludidas por las resoluciones técnicas citadas en el artículo anterior se considerarán de carácter ejemplificativo, por lo que la recepción sin observaciones de los estados contables no importará la convalidación de su uso ni la aceptación de actividades contrarias a la naturaleza y objeto de las entidades.

Estado de origen y aplicación de fondos; información comparativa. Obligatoriedad

Art. 381 – El estado de origen y aplicación de fondos y la presentación en forma comparativa de la información contable sólo serán obligatorias para las asociaciones civiles cuyo activo total a la fecha de cierre del ejercicio o sus recursos en el mismo hayan superado la suma de pesos un millón ($ 1.000.000). Para las fundaciones la cifra por cualquiera de dichos rubros deberá ser superior a pesos quinientos mil ($ 500.000).

Inventario

Art. 382 – En oportunidad de presentar las asociaciones civiles la documentación previa a sus asambleas ordinarias contemplada en el art. 402 y las fundaciones su memoria y estados contables aprobados por el Consejo de Administración, debe acompañarse también inventario anual certificado por contador público y suscrito por el representante legal de la comisión directiva o consejo de administración y del órgano de fiscalización, en su caso.

Fundaciones; comparación de recursos y gastos; anexo

Art. 383 – A los fines del cumplimiento del art. 26 de la Ley 19.836, las fundaciones deben presentar también un anexo especial denominado “Comparación de los recursos y gastos del ejercicio con el presupuesto económico aprobado”, consignando la fecha de aprobación de éste último.

Discontinuación de la reexpresión en moneda homogénea

Art. 384 – Es aplicable lo dispuesto por el art. 268.

Informes de auditoría; opinión

Art. 385 – Los informes de auditoría relativos a estados contables sobre los que deban pronunciarse la asamblea de asociados de las asociaciones civiles o el Consejo de Administración de las fundaciones, deberán contener opinión sobre los mismos.

Normativa supletoria

Art. 386 – Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Tít. I del Libro IV que sean pertinentes.

SECCION TERCERA - Cambio de sede. Traslado del domicilio social

Centro de actividades; funcionamiento de los órganos sociales

Art. 387 – Las asociaciones civiles y fundaciones deberán desarrollar las principales actividades comprendidas en su objeto en la jurisdicción de su domicilio donde han sido autorizadas. En ella deberán también funcionar sus órganos sociales y encontrarse los libros y la documentación social, sin perjuicio del supuesto contemplado para las asociaciones civiles, a título de excepción, por el art. 408.

El incumplimiento de lo dispuesto dará lugar a la declaración de irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de los actos realizados y hará pasibles a las entidades y a los integrantes de sus órganos de administración y fiscalización de la multa prevista en el art. 14, inc. c), de la Ley 22.315.

Cambio de sede social sin reforma del estatuto

Art. 388 – La comunicación del cambio de sede social prescripta por el art. 12 del Dto. 1.493/82, que no importe reforma de estatutos, requiere la presentación de:

1. Formulario de actuación y dictamen de precalificación conforme al art. 2 y a los Anexos I y II.

2. Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original firmado por el presidente y el secretario de la entidad –con copias de tamaño normal y protocolar (“margen ancho”)–, conteniendo la trascripción del acta de la reunión de la comisión directiva o del consejo de administración en la que se aprobó el cambio de la sede social. Deberán indicarse los folios y datos de rúbrica del libro de actas pertinente.

La presentación prevista en este artículo puede efectuarse mediante el procedimiento de “trámite urgente” regulado en el art. 51.

Traslado del domicilio a jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Art. 389 – En el caso que una asociación civil o una fundación domiciliada en jurisdicción provincial resolviera trasladar su domicilio a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá presentar ante la Inspección General de Justicia los siguientes documentos:

1. Formulario de actuación y dictamen de precalificación conforme al art. 2 y a los Anexos I y II.

2. Copias certificadas –notarialmente o por el organismo de control competente– del acta constitutiva y del texto ordenado del estatuto social de la entidad.

3. Constancia de la autorización para funcionar emitida por la autoridad provincial competente.

4. Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original firmado por el presidente y el secretario de la entidad –con copias de tamaño normal y protocolar (“margen ancho”)–, conteniendo la trascripción del acta de la asamblea de la asociación civil o de la reunión del consejo de administración de la fundación, en que se resolvió el cambio de domicilio. Deberán indicarse los folios y datos de rúbrica del libro de actas de donde hubiere sido extraída la trascripción.

5. Copia certificada de la resolución administrativa de la autoridad de la jurisdicción de origen que aprobó la reforma o actuación de dicha autoridad de la que resulte deferida a la autoridad de control de la nueva jurisdicción la aprobación.

6. Nómina de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, con sus datos personales, su domicilio real y la fecha de vencimiento del plazo de duración en sus cargos, firmada por el presidente y el secretario de la entidad. Los integrantes de dichos órganos deberán constituir domicilio real y/o especial en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7. Los últimos estados contables de la entidad, aprobados y firmados por las autoridades sociales y con informe de contador público matriculado, en el que constarán el libro –con sus datos de rúbrica– y los folios en que se encontraren trascriptos.

8. Certificado del organismo de control competente de la jurisdicción de origen relativo a la vigencia de la entidad. Dicho certificado deberá tener un plazo de validez determinado y deberá contener la información sobre la existencia o inexistencia de pedidos de declaración de quiebra contra la entidad, la presentación en concurso preventivo, si se hubiese producido, o la solicitud de declaración de la propia quiebra; las medidas cautelares que la afectaren; la identificación de los libros rubricados y/o medios mecánicos autorizados a la entidad y la situación de ella en orden al cumplimiento de obligaciones de presentación de estados contables y –si el ordenamiento del domicilio de origen las estableciere – las obligaciones tributarias por tasas sociales u otras cuya percepción esté a cargo del organismo de control. El certificado se presentará en documento único o no, según que las constancias que debe contener corresponda sean extendidas por uno o más organismos administrativos o judiciales de la jurisdicción de origen.

Dentro de los sesenta días de notificada de la aprobación de su traslado, la entidad debe acreditar la cancelación de su anterior autorización, adjuntando copia certificada de la decisión correspondiente.

Traslado a jurisdicción provincial

Art. 390 – En el caso que una asociación o una fundación radicada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya resuelto trasladar su domicilio a jurisdicción provincial, deberá presentar ante la Inspección General de Justicia la siguiente documentación:

1. Formulario de actuación y dictamen de precalificación conforme al art. 2 y a los Anexos I y II.

2. Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original firmado por el presidente y el secretario de la entidad, conteniendo la trascripción del acta de la asamblea de la asociación civil o de la reunión del consejo de administración de la fundación en que fue resuelto el traslado del domicilio a jurisdicción provincial. Deberán indicarse los folios y datos de rúbrica del libro de actas en que obrare el texto trascripto.

Aprobada por la Inspección General de Justicia la reforma estatutaria, se expedirá copia autenticada de la pertinente resolución, a efectos del trámite de autorización para funcionar en jurisdicción provincial. Acordada ésta, la entidad deberá acreditar dicha circunstancia ante la Inspección General de Justicia dentro del plazo de sesenta días a efectos de la cancelación de su autorización para funcionar como asociación civil o fundación en esta jurisdicción. Hasta que ello ocurra, seguirá sujeta al control de la Inspección General de Justicia.

Documentación anterior

Art. 391 – Concluidos los trámites de cambio de jurisdicción, se solicitará a la autoridad de control de la jurisdicción de origen o se remitirá a la nueva autoridad, según el caso, la documentación relacionada con la entidad que obre en poder del respectivo organismo de cuya jurisdicción la misma se haya trasladado.

Apertura de establecimiento o representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de entidad domiciliada en jurisdicción provincial

Art. 392 – La aprobación de la apertura de establecimiento o representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de una asociación civil o fundación domiciliada en jurisdicción provincial, requiere la presentación de:

1. Formulario de actuación y dictamen de precalificación conforme al art. 2 y a los Anexos I y II.

2. Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original –con copias de tamaño normal y protocolar (“margen ancho”)–, firmado por el presidente y el secretario de la entidad, conteniendo la trascripción del acta de la asamblea de la asociación civil o de la reunión del consejo de administración de la fundación en que fue resuelta la apertura de la representación o establecimiento –con indicación de su ubicación precisa– y se designó a quien estará a cargo de la misma, confiriéndosele las facultades necesarias al efecto. Deberán indicarse los folios y datos de rúbrica del libro de actas en que obrare el texto trascripto.

Los datos personales del representante deberán surgir del acta o ser denunciados por él mediante escrito con su firma certificada notarialmente.

3. Constancia auténtica de la vigencia de la asociación civil o fundación en la jurisdicción de su domicilio.

4. Si hubiere asignación de bienes, se acreditará la misma en debida forma, aplicándose en lo pertinente el art. 344, inc. 4, según la naturaleza de los bienes.

SECCION CUARTA - Modificaciones estatutarias

Requisitos generales

Art. 393 – Para la aprobación de modificaciones a los estatutos sociales o al reglamento de asociaciones civiles y fundaciones, debe presentarse:

1. Formulario de actuación y dictamen de precalificación conforme al art. 2 y a los Anexos I y II.

2. Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original firmado por el presidente y el secretario de la entidad –con copias de tamaño normal y protocolar (“margen ancho”)–, conteniendo la trascripción del acta de la asamblea de la asociación civil o de la reunión del consejo de administración de la fundación en que fue resuelta la modificación estatutaria o del reglamento. Deberán indicarse los folios y datos de rúbrica del libro de actas en que obrare el texto transcripto.

3. Transcripción por separado del texto completo de los artículos modificados, en instrumento privado original –con copias como se indica en el inciso anterior– con la firma del Presidente y el Secretario del órgano de administración de la entidad.

Difusión previa

Art. 394 – La convocatoria a asamblea extraordinaria o reunión del consejo de administración que tenga por objeto el tratamiento de modificaciones a los estatutos o reglamentos de las entidades, deberá incluir comparativamente los textos vigentes y los proyectos de modificación que se pondrán a consideración.

Las notificaciones de las convocatorias que de acuerdo con las disposiciones estatutarias sean efectuadas por circular o por medio fehaciente deberán anexar copia de los textos mencionados o hacer constar expresamente que dichas copias se hallan a disposición para ser retiradas de la sede social.

Oportunidad de la presentación a la Inspección General de Justicia

Art. 395 – Las modificaciones de estatutos o reglamentos deben ser sometidas a la aprobación de la Inspección General de Justicia dentro de los sesenta días hábiles de aprobadas, siendo aplicables las sanciones de la Ley 22.315 en caso de demora y sin perjuicio de exigirse la ratificación prevista en el art. 15 del Dto. 1.493/82 si se excedió el plazo allí contemplado.

Efectos de las modificaciones

Art. 396 – Las modificaciones no serán oponibles a terceros ni a los asociados e integrantes de los órganos sociales ni entre ellos, mientras no se sean aprobadas por la Inspección General de Justicia.

Cambio de denominación

Art. 397 – La aprobación del cambio de denominación de las entidades requiere la observancia de las disposiciones pertinentes del capítulo anterior en cuanto a la procedencia de la nueva denominación, la acreditación de la necesidad del cambio y que el texto estatutario establezca en forma clara y precisa el nexo de continuidad jurídica entre la denominación originaria y la que la sustituya.

Cooperadoras; adecuación de objeto

Art. 398 – Las asociaciones civiles que tengan el objeto contemplado en el art. 362 deberán adecuar su formulación ajustándola a lo dispuesto en dicho artículo.

SECCION QUINTA - Asociaciones civiles. Asociados

Prohibiciones

Art. 399 – El funcionamiento de los órganos de las asociaciones civiles no podrá violar derechos adquiridos de los asociados ni producir efectos de discriminación de los mismos por sexo, nacionalidad, creencias religiosas y políticas, edad, raza, condición social o cualquier otra situación de desigualdad injustificada.

Cuotas sociales

Art. 400 – Los estatutos de las asociaciones civiles deberán prever el pago obligatorio de cuotas sociales ordinarias y/o extraordinarias cuyo monto deberá ser aprobado por la asamblea de asociados. Podrá excluirse dicha previsión si la entidad demuestra acabadamente su capacidad para desenvolverse y cumplir sus objetivos con otros recursos económicos que no importen que la entidad quede incursa en los supuestos del art. 365, 4.
SECCION SEXTA - Asociaciones civiles. Organos sociales
Asamblea ordinaria. Comunicación previa
Art. 401 – Las asociaciones civiles deben comunicar a la Inspección General de Justicia la celebración de sus asambleas ordinarias con quince días hábiles de anticipación, presentando la documentación necesaria para formar el legajo correspondiente.
Documentación de presentación anterior a la asamblea
Art. 402 – Juntamente con la comunicación requerida por el artículo anterior, se debe acompañar:
1. Copia de la parte pertinente del acta de la reunión de la comisión directiva en la que se decidió convocar a la asamblea y en la que se aprobó la documentación o asunto a considerarse en ésta y el orden del día correspondiente.
2. Un ejemplar de los estados contables firmados por el representante legal, con informes de auditoría y del órgano de fiscalización y el inventario anual requerido por el art. 382.
3. Circular y, en su caso, avisos de publicación de convocatoria de la asamblea.
4. De corresponder, la información documentada requerida por el art. 444.
Documentación posterior
Art. 403 (1) – Dentro de los quince días hábiles posteriores a la celebración de la asamblea ordinaria, se deberá presentar:
1. Copia del Acta de la asamblea ordinaria, con indicación de la nómina de asociados asistentes discriminando su número total y el número de los que poseían derecho a voto al día de la asamblea; debiendo constar también si la asamblea fue realizada en primera o en segunda convocatoria.
2. Nuevo ejemplar de los estados contables, si fueron modificados por la asamblea.
3. Si la asamblea trató la renovación de las autoridades sociales, se deberá acompañar la nómina de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y del órgano de fiscalización, indicando su nombre y apellido, documento de identidad, C.U.I.T. o C.U.I.L., domicilio real, cargo y duración del mismo, sin perjuicio de la presentación ante este organismo del trámite previsto en el art. 427 en forma independiente.
Asambleas bianuales
Art. 404 – Las asociaciones civiles que conforme a lo autorizado por sus estatutos celebren cada dos años su asamblea ordinaria, deben presentar a la Inspección General de Justicia resumen de su inventario dentro de los sesenta días de cerrado el ejercicio del año en el cual no celebren dicha asamblea. El incumplimiento será causal de aplicación de sanción (arts. 12 y 14, Ley 22.315).
Asambleas fuera de término
Art. 405 – Si la asamblea se realizó fuera del término fijado en el estatuto, las razones de ello deberán ser tratadas como un punto especial del orden del día.
Asamblea extraordinaria. Convocatoria. Comunicación previa. Plazo. Documentación a presentar
Art. 406 – Las asociaciones civiles comunicarán a la Inspección General de Justicia, la realización de sus asambleas extraordinarias en el plazo y con los recaudos establecidos en los arts. 401 y 402 en cuanto de ellos resulte aplicable.
Asamblea extraordinaria. Documentación a presentar posteriormente al legajo asambleario. Plazo. Modificaciones estatutarias y otros actos
Art. 407 – Dentro de los quince días hábiles de celebrada la asamblea extraordinaria, se remitirá a la Inspección General de Justicia, copia del acta de la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 403, inc. 1.
Si la asamblea aprobó modificaciones al estatuto o reglamento o la transformación, fusión, escisión o disolución de la entidad, deberá presentarse la documentación correspondiente con los recaudos y en el plazo de los arts. 393 y 395.
Celebración de asambleas en jurisdicción provincial. Autorización
Art. 408 – Las asambleas no podrán llevarse a cabo fuera de la jurisdicción de su sede social sin contar con la previa autorización de la Inspección General de Justicia, la que deberá ser requerida con expresión suficiente de motivos y anticipación no inferior a quince días y se considerará con criterio restrictivo. Las asambleas celebradas en infracción podrán ser declaradas irregulares e ineficaces a los efectos administrativos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el art. 14 de la Ley 22.315 a los integrantes de los órganos de administración y fiscalización.
Asociados. Representación en asambleas
Art. 409 – Los asociados, salvo disposición contraria del estatuto, podrán hacerse representar en las asambleas por otro asociado de idéntica categoría mediante carta poder especial otorgada a ese efecto, excepto para actos de elección de autoridades.
Condiciones para participar en las asambleas
Art. 410 – Para participar en la asamblea, los asociados deberán estar al día en el pago de las cuotas sociales y en condiciones de exhibir los comprobantes correspondientes. El estatuto debe prever con precisión el mes que debe estar pago a tal efecto, no pudiendo exigirse que se trate del mismo mes dentro del cual se celebra la asamblea. En defecto de previsión estatutaria debe considerarse suficiente que se encuentre abonada la cuota del mes inmediato anterior.
Cuarto intermedio
Art. 411 – La asamblea podrá aprobar que se pase a cuarto intermedio por una sola vez y por un término no mayor de treinta días corridos, debiendo comunicarse a la Inspección General de Justicia dicha decisión y la fecha de reanudación del acto dentro de los tres días hábiles de adoptada.
Por vía de excepción y mediante providencia fundada podrá autorizarse un plazo mayor para la reanudación.
Suspensión de asambleas
Art. 417 – La Inspección General podrá resolver la suspensión de una Asamblea convocada ante circunstancias extraordinarias y cuando los antecedentes que rodean al acto permitan prever razonablemente la posibilidad de que su realización cause grave daño institucional o social por violación de los recaudos estatutarios, garantías constitucionales, abuso de derecho o injusticia notoria.
Facultades disciplinarias de la asamblea de asociados
Art. 418 – La asamblea de asociados de las asociaciones civiles es competente para:
1. Aplicar sanciones disciplinarias a los asociados, respetando en todos los casos su derecho de defensa.
2. Resolver en instancia de apelación los recursos internos contra sanciones aplicadas por otro órgano facultado estatutariamente para ello.
Resoluciones inválidas
Art. 419 – La asamblea no podrá adoptar resoluciones que importen:
1. Delegar en la comisión directiva, facultades o funciones que le son propias por expresas disposiciones estatutarias.
2. Aplicar sanciones disciplinarias a los asociados en violación de las respectivas disposiciones estatutarias y del derecho de defensa.
3. Elegir o excluir a miembros de la comisión directiva, sin que figuren tales asuntos en el orden del día, salvo incorporación de tales puntos por unanimidad de los asociados.
4. Fijar o exigir a los asociados obligaciones o contribuciones pecuniarias, cuando el estatuto no le confiera atribuciones para ello.
5. Delegar en la comisión directiva la fijación del valor económico de las cuotas ordinarias y extraordinarias que deberán abonar los asociados, sin aprobarlo expresamente en forma previa y mediante resolución fundada que fije con precisión y claridad los límites de la delegación.
Ineficacia e irregularidad de asambleas y resoluciones asamblearias
Art. 420 – La convocatoria, celebración y resoluciones de las asambleas de las asociaciones civiles podrán ser declaradas ineficaces o irregulares a los efectos administrativos por la Inspección General de Justicia: en los siguientes supuestos:
1. Si las asambleas fueron celebradas en violación de requisitos establecidos por la ley, el estatuto o los reglamentos para su convocatoria y realización.
2. Si en relación con actos electorales la violación de estipulaciones estatutarias impidió a los interesados presentar, en tiempo y forma, la lista de candidatos para su oficialización.
3. Si su realización se originó en la indebida interpretación y aplicación de disposiciones estatutarias fijadas por parte de la comisión directiva.
4. Si se aprobaron resoluciones en violación de normas sobre quórum y mayorías.
5. Si las decisiones adoptadas fueron contrarias a la ley, el estatuto o los reglamentos.
6. Si por su objeto las decisiones adoptadas fueron lesivas del orden público.
Efectos
Art. 421 – La declaración de irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos priva a las decisiones asamblearias de efecto respecto a la Inspección General de Justicia y son inoponibles a y entre los asociados y miembros de los órganos de administración y fiscalización, no pudiendo tampoco ser opuestas a terceros.
Asambleas confirmatorias
Art. 422 – En las asambleas confirmatorias que se celebren en los términos de los arts. 1061 a 1065 del Código Civil, deben volver a ponerse en debate cada uno de los puntos del orden del día que fueron materia de decisión en la asamblea confirmada, resultando insuficiente que la asamblea sea convocada para una ratificación genérica y sin más del acto anterior, sin debate y resolución específicos sobre cada uno de los temas que configuraron el orden del día del acto asambleario viciado.
Impugnación de asambleas y decisiones asamblearias
Art. 423 – La Inspección General de Justicia no considerará procedente la aplicación analógica del art. 251 de la Ley 19.550 para la impugnación de asambleas de asociaciones civiles y resoluciones en ellas adoptadas, entendiendo que ello debe sujetarse, en lo pertinente, a las disposiciones del contenidas en el Tít. VI de la Sección II del Libro II del Código Civil (arts. 1037 a 1058 bis), rigiéndose la prescripción de la acción de impugnación por el art. 4030 del Código Civil. Igual temperamento se considerará procedente para la impugnación de reuniones o resoluciones de los órganos directivos, en su caso.
Comisión directiva; prohibiciones
Art. 424 – La comisión directiva no puede:
1. Dilatar el pedido de convocatoria de asamblea extraordinaria formulado por asociados cuando se han satisfecho los requisitos y plazos previstos en los estatutos.
2. Exigir la ratificación de firmas en los pedidos de convocatoria a asamblea extraordinaria, si el estatuto no requiere ese recaudo.
3. Desconocer el derecho admitido por el estatuto a los asociados para solicitar la inclusión de puntos en el orden del día de las asambleas ordinarias.
4. Reglamentar cualquier disposición estatutaria, si el estatuto no le delega expresamente esa facultad.
5. Designar a cualquier representante estatal, sin contar con la respectiva autorización de la autoridad administrativa correspondiente.
6. Aceptar la incorporación de un miembro suplente para cubrir un cargo vacante si el mismo no pertenece a la fracción o agrupación del titular que cesó en sus funciones.
7. Aumentar el monto económico de las cuotas ordinarias y extraordinarias, sin que se cumplan las condiciones previstas en el art. 419, inc. 5.
8. Reformar los estatutos sociales desconociendo la competencia de la asamblea.
Asociados sin derechos políticos. La comisión directiva no podrá estar conformada por asociados adherentes, honorarios u otra categoría que carezca de derechos políticos.
Remuneración de directivos. Requisitos; conformidad administrativa previa (1)
Art. 425 (1) – Los miembros del órgano de administración pueden percibir remuneración si ello no está prohibido por los estatutos sociales, previa conformidad de la Inspección General de Justicia.
La remuneración debe ser fijada prudencialmente por la asamblea de asociados atendiendo al objeto y dimensión de la entidad así como también a la naturaleza, extensión y dedicación requerida por las tareas de los directivos en cuanto dicha dedicación impida o limite significativamente la conservación del desempeño de otras actividades privadas por parte del directivo.
La asamblea puede delegar la fijación de la remuneración en el propio órgano de administración, siempre que establezca con precisión las modalidades y límites a que ello se sujetará.
Elecciones; reglamentación; ampliación del orden del día
Art. 426 – En relación con los actos de elección de autoridades, la comisión directiva no podrá:
1. Reglamentar los mismos. Podrá hacerlo la asamblea extraordinaria a propuesta de la comisión directiva, si está previsto en los estatutos y previa aprobación de la reglamentación por la Inspección General de Justicia.
2. Ampliar el orden del día de una asamblea para completar la elección de miembros suplentes, cuando el estatuto no autoriza esa posibilidad.
Comisión Directiva. Recaudos (1)
Art. 427 (1) – Las asociaciones civiles, en los casos que se modificare la composición del órgano de administración, deberán presentar, dentro de los quince días de producida la modificación:
1. Formulario de actuación y dictamen de precalificación indicando la causa de dicha modificación y, si correspondiere, la disposición estatutaria que la autoriza.
2. Primer testimonio de escritura pública o instrumento privado original firmado por el presidente y el secretario de la entidad, cuyas firmas deberán estar certificadas notarialmente y deberá contener la trascripción del Acta de asamblea que designa las nuevas autoridades, indicándose los folios y datos de rúbrica del libro de actas pertinente. Adjunto se acompañarán copias de tamaño normal y protocolar.
3. Nómina de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y del órgano de fiscalización, indicando su nombre y apellido, documento de identidad, C.U.I.T. o C.U.I.L., domicilio real, cargo y duración del mismo y declaración jurada de cada uno mediante la cual constituyen domicilio especial y manifiestan que no se encuentran comprendidos en inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir dichas calidades.
La presentación requerida por este artículo puede ser efectuada mediante trámite urgente, aplicándose el procedimiento regulado en el art. 51, y su incumplimiento en el plazo establecido habilita la aplicación de sanciones previstas en los arts. 12 y 14 de la Ley 22.315.
Régimen electoral. Regulación estatutaria. Normativa supletoria
Art. 428 – Los estatutos de las asociaciones civiles deben reglamentar en forma clara, precisa y detallada la elección de sus autoridades, siendo aplicables, en cuanto a lo no contemplado, las previsiones del estatuto tipo que se identifica como Anexo XIV de estas Normas y también –siguiendo cuando corresponda criterios de razonable analogía– las disposiciones del Código Electoral que sean pertinentes, en ese orden.
Las estipulaciones estatutarias deberán garantizar la plena y democrática participación de los asociados, para lo cual deberá estatuirse el sistema electoral elegido, el órgano a cargo de la ejecución de actos pre y postelectorales, la confección de padrones y los plazos para su rectificación, la oficialización de listas, impugnación de candidatos y subsanaciones, el escrutinio y la proclamación de los electos.
La Inspección General de Justicia solicitará a las asociaciones civiles la adecuación de sus normas estatutarias en la materia, cuando advierta imprecisiones, omisiones o criterios dudosos que puedan conspirar contra la claridad de los procesos eleccionarios.
Concurrencia de inspector de Justicia a las reuniones de comisión directiva. Actuación. Normas aplicables
Art. 429 – Se aplican en lo pertinente los arts. 412 a 416 a la concurrencia de inspector de justicia a las reuniones de la comisión directiva y a su actuación durante las mismas y con posterioridad.
SECCION SEPTIMA - Asociaciones civiles. Reorganizaciones
Transformación
Art. 430 – Es admisible la transformación de las asociaciones civiles reglamentadas en este Libro, adoptando la forma societaria prevista por el art. 3 de la Ley 19.550.
Fusión y escisión
Art. 431 – Las asociaciones civiles pueden fusionarse o escindirse.
Autorización previa
Art. 432 – Los actos indicados en los dos artículos anteriores requieren la autorización de la Inspección General de Justicia para producir efectos. Se aplican analógicamente las disposiciones pertinentes de la Ley 19.550 y las del Tít. II del Libro III de estas Normas.
La documentación respectiva debe presentarse dentro del plazo previsto en el art. 395.
Establecimientos educacionales
Art. 433 – Los establecimientos civiles educacionales están excluidos del procedimiento de transferencia de la Ley 11.867, reglamentado en el Libro V, Tít. III.
SECCION OCTAVA - Fundaciones. Consejo de Administración
Reuniones. Presentaciones. Normas aplicables
Art. 434 (1) – Las fundaciones sólo deben efectuar las presentaciones correspondientes a las reuniones de su consejo de administración aprobatorias de estados contables, modificatorias de sus estatutos o modificatorias de la composición de dicho órgano, en forma posterior a la celebración de las reuniones respectivas.
Les son aplicables en lo pertinente los arts. 403, 407, 408, 412, 420, 421, 422 y 427 y las restantes disposiciones previstas en las secciones anteriores para las asociaciones civiles, en cuanto resulten necesarias para la adecuada fiscalización de su funcionamiento y el control de legalidad sobre sus actos y no contravengan o sean incompatibles con la naturaleza de las entidades y las normas de la Ley 19.836.
Impugnación de reuniones: se considerará procedente, en su caso, la impugnación de las reuniones de su consejo de administración y resoluciones en ellas adoptadas conforme al art. 423.
Plan operativo. Desarrollo. Certificación
Art. 435 – Las fundaciones que se encuentren dentro del período de cumplimiento del plan operativo, según el compromiso asumido en oportunidad de concederse la personería jurídica, deberán presentar juntamente con sus estados contables, dentro de la certificación correspondiente:
1. Un detallado análisis del desarrollo del plan trienal durante el ejercicio considerado.
2. Constancias suficientes sobre el cumplimiento de los programas de ingresos y erogaciones previstos.
3. Si se verificaron fallas o insuficiencias de importancia, deberán informarse las razones concretas de las mismas e indicarse las medidas correctivas que el consejo de administración implementará.
…………………………………….

Importante: se ha suprimido la transcripción de artículos 436 a 451 (final), por no ser de utilidad para los objetivos del curso.





ASOCIACIONES CIVILES -  TITULOS PRINCIPALES

QUE ES UNA ASOCIACION CIVIL

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

TIPOS-ACTIVIDADES-CAMARAS-EXTRANJERAS-SIMPLES ASOCIAONES

MARCO NORMATIVO

CONSTITUCION-ESTATUTOS

OBJETO ESTATUTARIO-RAZON SOCIAL-DOMICILIO-FUNCIONAMIENTO-DISOLUCION Y LIQUIDACION

PATRIMONIO E INGRESOS

ASOCIADOS:  CATEGORIAS – DERECHOS – OBLIGACIONES

ASAMBLEAS

COMISION DIRECTIVA

REVISORES DE CUENTAS

IMPUESTOS Y EXENCIONES

CONTABILIDAD

UIF:  PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS

ESTATUTO TIPO

DOCUMENTACIONES A PRESENTAR A IGJ